La Fiscalía estudia la información intervenida en 50 empresas de Núñez

El juzgado de Instrucción 33 de Barcelona, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ordenó ayer el registro de las oficinas y del domicilio de Josep Lluís Núñez y de otros dos ejecutivos de la empresa, así como de la sede de la inmobiliaria Ibusa, propiedad del ex dirigente de Alianza Popular Eduardo Bueno, en relación con la supuesta corrupción en la Delegación de Hacienda en Cataluña.

En esta causa están implicadas más de una veintena de personas, entre ellas dos ex altos cargos de la Delegación -José María Huguet y Ernesto Aguiar- y varios inspectores de Hacienda, abogados -como Juan José Folchi-, asesores fiscales, agentes de bolsa y "testaferros".

El primer objetivo de los registros, a partir de nuevos datos recopilados por la Fiscalía, era comprobar si hubo connivencia entre el grupo Núñez y los inspectores fiscales José Lucas Carrasco y Manuel Abella. Ambos inspectores están acusados de dar un trato de favor fiscal a las empresas Núñez-Seteinsa e Ibusa, además de facilitar a estos contribuyentes "información reservada de gran valor".

Fuentes judiciales han explicado que los agentes que registraron las oficinas de Núñez revisaron miles de documentos y se incautaron de tres cajas-archivadores con documentos

y disquetes de ordenador.

También se registró el domicilio particular de Núñez porque figura como sede social de varias de sus empresas, y por el mismo motivo los agentes entraron en las casas de dos ejecutivos de la compañía, uno de ellos el representante legal del grupo.

Núñez, "molesto"

Juan Piqué Vidal, abogado de Núñez, ha asegurado que el constructor está "molesto" por el registro, aunque lo ha aceptado con resignación. También se ha quejado de que Hacienda le debe 2.000 millones por devoluciones de IVA.

El auto judicial que autoriza el registro justifica que el grupo debía conservar la documentación contable buscada porque las empresas constructoras son responsables de las obras durante un decenio ante posibles defectos y ello les obliga a guardarla.

Según datos de la fiscalía anticorrupción, el Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria analizó 119 actuaciones sobre 49 empresas del grupo Núñez-Seteinsa, que dieron origen a 275 actas de inspección, de las que la gran mayoría, 265, fueron tramitadas por el propio Abella.

Al respecto, dice la querella de la fiscalía que Abella, que fiscalizó al grupo Núñez entre 1992 y 1998, "inspeccionó algunas de sus sociedades personalmente y en un margen de tiempo tan breve en el que difícilmente se consigue ni siquiera leer la abundante información requerida al contribuyente".

Por ello, Anticorrupción cree que Abella "con el conocimiento y la colaboración de José María Huguet y Roger Bergua -sus superiores jerárquicos- se concertó con los representantes del Grupo Núñez, a los que citó para inspección, a conveniencia de aquellos, sin que realizase ninguna actuación efectiva de comprobación fiscal".

Se da la circunstancia de que en 1994 Núñez y Navarro vendió al inspector fiscal un exclusivo dúplex en la zona alta de Barcelona a mitad de precio de mercado -86'3 millones-, según la Fiscalía.