El dinero público, a un precio desconocido
Una de las cuestiones más relevantes de la reforma financiera es a qué precio recibirán las entidades la ayuda pública en forma de bonos convertibles contingentes (conocidos como CoCos en la jerga financiera). "Habrá que negociarlo con Bruselas. La referencia de lo que se paga por las anteriores ayudas, las participaciones preferentes (el 7,75% anual), es de hace dos años...", admitieron ayer fuentes del Ministerio de Economía, dando a entender que los nuevos activos serán sensiblemente más caros. Sobre la posibilidad de que las entidades canjeen las actuales participaciones preferentes (que no tienen vencimiento) por los CoCos que computan como capital, responden: "No parece negativo si se comercializan bien".
También comentaron estas fuentes que todas las entidades que adquieran otra nacionalizada podrán pedir ayudas a través del Esquema de Protección de Activos, un seguro que se hace cargo de un porcentaje de la morosidad que surge. No obstante, será el Fondo de Garantía de Depósitos (FDG) de la banca el que pagará estas ayudas. "No habrá préstamos del FROB al Fondo de Garantía porque podría considerarse ayudas de Estado y computarían como déficit. El FGD puede endeudarse si necesita más dinero", aclaran. Esto supone que la factura para el sector puede multiplicarse.
Otro asunto relevante aparece al analizar la afirmación de Economía de que para cumplir con las exigencias de las provisiones antiladrillo, las entidades "podrán utilizar las provisiones genéricas y el exceso de capital que tengan sobre el mínimo establecido". Según informes de analistas, este atenuante podría rebajar la factura del sector en unos 20.000 millones. Así, en lugar de 50.000 millones serían unos 30.000.
En cuanto a los fondos de pensiones de los directivos de las entidades con ayudas -Bankia, Banca Cívica y BMN-, Economía admitió que podrán cobrarlos, en contra de lo que se había dicho anteriormente. También tendrán retribución variable, pero al cabo de tres años, según unos objetivos que marcará una orden ministerial pendiente y una circular del Banco de España.
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