Montoro tendrá poder de veto sobre fusiones que requieran ayudas públicas

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha decidido atar cabos sueltos en la reforma del sector financiero. Con el esquema en vigor, las cajas que pasasen a ser fundaciones quedaban bajo el paraguas de las comunidades autónomas, con el riesgo de marcha atrás en el proceso de despolitización. Por ello, el Gobierno ha aprovechado el decreto ley de saneamiento del sector financiero para hacerse con el control de esas fundaciones.

El Ejecutivo ha modificado la regulación sobre la transformación de cajas de ahorros en fundaciones de carácter especial. La principal modificación que fue anunciada por el Ejecutivo fue la de que si una caja o grupo de cajas reduce su participación por debajo del 25% de los derechos de voto del banco a través del que ejerce su actividad financiera de forma indirecta, deberá renunciar a que la propia caja sea entidad de crédito y pasar a convertirse en fundación de carácter especial.

Economía creará un registro especial para las futuras fundaciones

Hasta diciembre pasado, ese límite era el 50%, pero el Gobierno decidió flexibilizarlo para que no se convirtiese en un obstáculo a la recapitalización de las entidades. Cajas como las de Bankia o Banca Cívica, que controlan poco más del 50%, debían convertirse en fundaciones si ampliaban capital diluyendo su porcentaje, a través, por ejemplo, del canje de partcipaciones preferentes en acciones. Tras rebajarse el límite, ambas planean operaciones de ese tipo para reforzar su capital principal.

Como fundaciones, las cajas pueden seguir teniendo peso en los bancos en que participen incluso si controlan menos del 25%. Por ello, había preocupación por si al quedar bajo el control directo de las comunidades, esas fundaciones quedaran politizadas y se diera un paso atrás en la profesionalización.

Ahora, el Gobierno ha introducido un nuevo apartado en el artículo 6 del decreto ley de julio del año pasado que establece el régimen jurídico de las cajas de ahorros. En ese apartado se establece que "corresponde al Estado la supervisión y control de las fundaciones de carácter especial (...) cuyo ámbito de actuación principal exceda el de una comunidad autónoma, a través del protectorado que será ejercido por el Ministerio de Economía y Competitividad", considerando ámbito de actuación el de la entidad bancaria en que haya segregado su negocio financiero. Es decir, prácticamente todas las fundaciones quedarán bajo ese paraguas estatal.

El Ministerio de Economía y Competitividad creará un Registro especial para que se inscriban las fundaciones especiales de ámbito estatal en que se transformen las cajas. El Gobierno podrá dictar las normas reglamentarias necesarias para el desarrollo de la nueva disposición, de modo que pueda concretarse más el "control" y la "supervisión" sobre esas fundaciones que ahora corresponde a Economía. La reforma financiera y la revisión de las fusiones es competencia del Ministerio de Luis de Guindos.

Pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, también tendrá lo suyo que decir. Según la nueva redacción de la normativa sobre fusiones con ayudas públicas, será el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el que tendrá derecho de veto para oponerse a los proyectos de fusión en el plazo de cinco días hábiles. Hasta ahora, la norma remitía a "la ministra de Economía y Hacienda". Con la división del departamento en dos, la competencia para vetar una fusión respaldada con dinero del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ha ido a parar a Hacienda, dado que conlleva la utilización de recursos públicos. Tanto De Guindos como Montoro recibirán informes acerca del impacto financiero sobre los fondos aportados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pero solo Montoro podrá ejercer el veto por esta razón.

En realidad, Economía controlará antes los procesos de integración. Será el departamento de Luis de Guindos el que, con informes del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), evalúe si la entidad resultante de la fusión es viable, si las mejoras del gobierno corporativo son suficientes, si el plan de remuneraciones de la nueva entidad es adecuado, o si hay un plan apropiado a tres años de desinversión de activos inmobiliarios o de incremento del crédito a pymes y familias, entre otros requisitos.

También queda a criterio de Economía autorizar fusiones cuando no generen una entidad superior en al menos el 20% al balance total de los negocios en España de la mayor de las entidades participantes. Luis de Guindos podrá autorizar si quiere fusiones que supongan un aumento de tamaño de solo el 10%.