Un juez impone multas de 500 euros cada 10 días a la dueña de Can Batlló

Carme Escrivá de Romaní, representante de la promotora Inmogaudir, propietaria de la colonia industrial Can Batlló, recibe a título personal desde el pasado noviembre multas coercitivas de 500 euros cada 10 días. La curiosa medida se ha tomado dentro de un proceso de ejecución de sentencia tras el impago de la indemnización a uno de los afectados por el plan urbanístico de la colonia textil fundada por su abuelo, Julio Muñoz Ramonet.

Hay otras 22 sentencias que ordenan a la junta de compensación -de la que Inmogaudir representa el 92%- el pago de diferentes cantidades por el cese forzoso de actividades en la colonia, en la que todavía hay una veintena de afectados, la mayoría pequeños talleres y personas que viven en el Camí de la Cadena. El coste de las indemnizaciones pendientes de liquidar por la inmobiliaria asciende a unos 15 millones de euros, según el plan económico. Algunos abogados de los afectados están pidiendo la ejecución de la sentencia y, cansados de esperar, no descartan recurrir a la vía penal para ver si es más efectiva o plantear el embargo de bienes para saldar cuentas.

Los afectados denuncian presiones para abandonar Can Batlló

Esas indemnizaciones pendientes, junto con los costes de urbanización de Can Batlló, es lo que Inmogaudir quiere que pague el Ayuntamiento de Barcelona, alegando que no tiene liquidez para acometer un proyecto aprobado hace casi seis años. El Consistorio pagaría 35 millones, y lo haría de dos maneras. Una, cambiando el sistema urbanístico, de compensación a cooperación, para que el Consistorio dirija el proceso, y aportando 10 millones.

A cambio, recibiría unos 5.000 metros cuadrados para edificar vivienda de protección. Con esta parte de la operación están de acuerdo los grupos políticos del Consistorio. La segunda forma es por medio de la expropiación de una finca de la misma inmobiliaria en el Guinardò por 22,5 millones de euros (más IVA), cifra que ha sido acordada de mutuo acuerdo. Lo plasmaron en un convenio la promotora y el edil de Hábitat Urbano, Antoni Vives, pero tuvo que ser retirado porque CiU no tuvo los suficientes apoyos.

La oposición ve exagerado y lesivo para el interés de la ciudad pagar 22,5 millones por una zona verde. Consideran, además, que supone un trato de favor a la inmobilaria que sentaría un precedente peligroso para el Ayuntamiento para encarar otros procesos expropiatorios, sobre todo porque es un mutuo acuerdo. Ponen como ejemplos fincas similares que se han expropiado por cantidades mucho menores.

El gobierno de CiU da por seguro que en dos o tres semanas logrará el apoyo de algún partido, preferentemente del PP. Sin embargo, Eduardo Bolaños, el edil que lleva los asuntos de urbanismo, insiste en que el PP no está de acuerdo en que se pague a 1.300 euros el metro cuadrado de zona verde. Además, no ve justificada la operación si no se puede sacar partido a la finca, una parcela que hace frente con la avenida de la Mare de Déu de Montserrat y en la que a mediados del siglo todavía funcionaban algunas nave textiles del industrial Muñoz Ramonet. Hoy ya no existen. Lo que hay son cuatro o cinco pequeños talleres y pequeños almacenes. Los inquilinos han tenido noticias de la inmobiliaria: en otoño les comunicó que no les renovaría el contrato anual, excepto uno que dice que su contrato es indefinido.

Que la promotora llevaba tiempo negociando con el Ayuntamiento es un hecho, como demuestran las fechas: la inmobiliaria instó la expropiación el 13 de enero pasado, tres días más tarde la gerencia ya había realizado el informe de valoración de la finca y el mismo día se hizo la propuesta de convenio entre el edil Antoni Vives y Carmen Escrivá de Romaní Muñoz. Una velocidad de la Administración inusitada.

Los industriales de Can Batlló afectados están hastiados de la actitud de la inmobiliaria. Sobre todo los que tuvieron que salir de la colonia y arrancar un negocio nuevo sin cobrar la indemnización: "Cerramos el bar de la colonia y hemos abierto como hemos podido otro en la Zona Franca: seguimos sin ver ni un euro", lamenta Zayra, portavoz de la asociación de afectados de Can Batlló. Mientras, el estado de la colonia se deteriora y algunos de los pequeños industriales sostienen que son presionados para que abandonen y se vayan. En Can Batlló está previsto construir un millar de viviendas de mercado libre, unas 450 de protección y varios equipamientos de barrio.