El PP vota contra el Gobierno sobre una cuestión que apoya en Álava

El PP sorprendió ayer al salirse en el Parlamento del guión y de la sintonía en la colaboración institucional con el Gobierno que mantienen la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria, ambos gobernados por ese partido, en relación con la exploración del gas hallado en Álava.

Tanto el socio del Gobierno como el PNV, partido bajo cuyo su mandato en 2008, con Ana Aguirre al frente de Industria, empezó la tramitación administrativa tras el hallazgo, transaccionaron con los grupos minoritarios un texto que resultó aprobado por una amplísima mayoría y la sola oposición del PSE.

El texto insta al Ejecutivo a algo que este entiende que sería, como poco, alegal, ya que se insta al Ejecutivo a hacer algo que no le corresponde a él, sino a los ministerios de Industria y de Medio Ambiente. En concreto, la Cámara le pidió que "inicie de oficio la evaluación ambiental sobre el plan o programa para la exploración de hidrocarburos" y sobre "los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente".

Los grupos exigen una evaluación que no compete al Ejecutivo vasco

El PSE reprocha a PP y PNV su unión con quienes buscan "la paralización"

El debate fue propiciado por una iniciativa del parlamentario de Ezker Anitza, Mikel Arana, feliz del respaldo concitado, tanto como sorprendido se mostraba el Gobierno de la actuación de los dos grandes partidos con responsabilidades de gobierno en otras instituciones. El gas hallado puede dar cobertura a las necesidades energéticas vascas durante 60 años.

En el caso del PP, tanto la Diputación de Álava, a cuyo frente está Javier de Andrés, como el Ayuntamiento de Vitoria, dirigido por Javier Maroto, se incorporaron el 25 de enero a la comisión interinstitucional formalizada por el Gobierno para el seguimiento del proyecto. En esa comisión las tres instituciones se comprometieron a actuar con responsabilidad, lealtad y respeto a las competencias de cada una y el Gobierno acordó mantenerlas puntualmente informadas del proceso. "Nuestro deseo es que se pueda llevar adelante", dijo De Andrés ese día, contraponiendo su posición a la que quienes "desearían que hubiera obstáculos para no poder extraerlo [el gas]". El Gobierno estima ahora que la implicación del PP en un mandato parlamentario que le encarga una tarea que no le compete contadice ese compromiso adoptado por instituciones gobernadas por él. En el PP parece haber fallado además la coordinación interna del grupo: cuando el Gobierno se interesó el miércoles por la cuestión dos de sus responsables dijeron desconocer la posición que ayer defendió su portavoz en la materia, María del Carmen López de Ocáriz. Esta sacó a colación en el debate la Ley de Suelo que, según fuentes del Gobierno, no guarda ninguna relación con el proceso administrativo para la explotación.

En el caso del PNV, el proceso comenzó en su último año al frente del Gobierno antes del relevo socialista y cuando también regía la Diputación alavesa. En las reuniones a las que asistieron responsables de esta no hubo objeciones, asegura el Gobierno, que teme un cambio de posición o la retirada del apoyo al proyecto.

La portavoz socialista en el debate, Natalia Rojo, rebatió la necesidad en este momento de la evaluación pedida por el resto de los grupos y destacó que los estudios de impacto exigibles en en esta fase sí existen y fueron remitidos por el ministerio a 25 entidades interesadas, entre ellas seis asociaciones ecologistas, que no realizaron alegaciones. Rojo emplazó especialmente a sus socios del PP y al PNV a no obstaculizar y dijo no entender su pacto con fuerzas que aspiran a la paralización.

La parlamentaria anunció que el consejero de industria, Bernabé Unda, irá al Parlamento y deseó que en esa comparecencia el resto de los grupos "terminen de entender" cuáles son las exigencias legales y que estas se están cumpliendo. Durante el debate, Ocáriz subrayó que el texto no pida la paralización.

El peneuvista Javier Carro, acusó al Gboierno de "mentir, permiso tras permiso", y coincidió con los grupos minoritarios y con la plataforma Fracking Ez, que quiere frenar el procedimiento y estuvo presente en la Cámara, en "el peligro real de contaminación del acuífero" por la técnica de fracturación hidráulica prevista para la explotación, una fase aún lejana y en la que sí sería obligatoria la declaración de impacto demandada ayer.