Ni palo ni zanahoria

Tras la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya sabemos cómo el Gobierno va a controlar el déficit autonómico. Ha decidido desarrollar la Ley de Estabilidad poniendo en marcha la vieja estrategia del palo y la zanahoria que tan bien hemos aprendido en Europa: ha ofrecido a los Gobiernos autónomos créditos y transferencias para afrontar los pagos inmediatos, a cambio de que acepten una mayor fiscalización de sus cuentas. Quien paga manda, así que los consejeros autonómicos han aceptado ampliar su liquidez a cambio de autonomía. Esta es la manera en la que el Gobierno concreta el principio de estabilidad presupuestaria recogido en la Constitución.

El Ejecutivo se está equivocando en la manera de plantear el control de los presupuestos autonómicos. Primero, porque la fiscalización por parte del Gobierno central del gasto de las regiones erosiona el control de los Gobiernos por los ciudadanos, al pretender sustituir las responsabilidades políticas por el establecimiento de multas y correctivos. Segundo, porque los créditos y transferencias garantizados a las CC AA pueden acabar promoviendo un comportamiento fiscal irresponsable en el futuro.

Supervisar la gestión autonómica de los presupuestos erosiona el control por los ciudadanos

Desde una lógica política, la decisión del Gobierno de supervisar la gestión autonómica de los presupuestos con sanciones e intervenciones supone suplantar el control de las urnas por el de los funcionarios del Ministerio de Hacienda. Con un funcionamiento normal de la democracia, los políticos rinden cuentas en las elecciones por sus decisiones sobre gastos e ingresos. Así ha funcionado en Europa, cuyos ciudadanos expulsaron del poder a todos los Gobiernos a los que les tocó gestionar la crisis y así debería ser el mecanismo por el cual los Gobiernos autónomos fueran hechos responsables de su mala gestión.

Es cierto que, hasta ahora, este mecanismo ha funcionado peor en los Gobiernos autónomos que en el central, debido a que las competencias de los primeros sobre el gasto han sido tradicionalmente muy superiores a su capacidad para generar ingresos propios. Por ello, el aumento de la cesión de impuestos que se aprobó en el nuevo sistema de financiación de 2009 tenía como objetivo equiparar las competencias sobre el gasto y los ingresos de las autonomías. Esta es la dirección que deben tomar las reformas: profundizar en la visibilidad y en el ejercicio de la responsabilidad política de los Gobiernos autónomos, otorgando más capacidad a los ciudadanos para que controlen a sus Gobiernos. Con los nuevos planes de fiscalización del Ministerio de Hacienda, el control de los políticos en las elecciones pasará a convertirse en el rendimiento de cuentas de los consejeros de Economía ante el ministro de turno.

La segunda cuestión es saber si estos acuerdos conseguirán imponer un comportamiento fiscal responsable en las autonomías. Rajoy ha garantizado que no dejará caer a ninguna comunidad autónoma. Sin embargo, la zanahoria en forma de créditos y transferencias ofrecida por el Gobierno enseguida ha generado dudas a sus propios impulsores. Por eso el ministro se ha apresurado a presentar estas ayudas como medidas excepcionales y a apoyarlas en criterios de fiscalización algo desmesurados para hacer creíble la promesa de que en el futuro no habrá salvación, sino duras sanciones. Lo exagerado de algunos planteamientos iniciales, como el de la persecución penal, es proporcional al miedo que tiene el Gobierno de que el rescate presupuestario de las autonomías empeore las cosas más adelante.

El temor de Montoro es el mismo que el de Merkel: que el rescate de hoy promueva los comportamientos irresponsables en el futuro. Y de la misma manera que la canciller alemana pospone sine die la emisión de eurobonos, el ministro ha dejado en suspensión la posibilidad de que el Gobierno avale la deuda autonómica (los llamados hispanobonos) por temor a que ello erosione la calificación de la deuda española.

La experiencia de otros países descentralizados muestra que los rescates pueden erosionar la capacidad de los Gobiernos centrales para hacer creíble su firmeza. Existe abundante evidencia empírica de que las ayudas presupuestarias del Gobierno federal pueden acabar reforzando el comportamiento fiscal irresponsable por parte de los Gobiernos regionales. Un repaso de las sucesivas crisis de la deuda y su resolución en Argentina o Brasil durante los años ochenta y noventa dan buena prueba de ello. Nada hace pensar que en España haya de ser distinto.

En definitiva, las primeras concreciones de la Ley de Estabilidad pactadas con las CC AA auguran malos resultados en lo político y en lo económico. Si las medidas de fiscalización anunciadas por Montoro se aplican a rajatabla, será a costa de que los ciudadanos pierdan poder para influir en las decisiones políticas. Los Gobiernos autónomos acabarán utilizando las palancas políticas y su capacidad de negociación con el Gobierno central para evitar los futuros castigos por parte del ministerio. Si la promesa del Gobierno central de no facilitar más ayudas no resulta creíble, las CC AA no tendrán incentivos para controlar el gasto y esperarán de nuevo a que la Administración central les ayude ante futuras crisis de liquidez. El palo y la zanahoria de estos acuerdos solo habrán servido para apartar a los ciudadanos del control de sus Gobiernos.

Sandra León Alfonso es profesora de la Universidad Complutense de Madrid y colaboradora de la Fundación Alternativas.