Telefónica, Repsol y BBVA perderán en julio su protección frente a Chávez

Las empresas españolas se quedarán desde el 25 de julio sin la principal defensa para sus inversiones en Venezuela. En esa fecha dejará de tener efecto el convenio que protege a inversores extranjeros bajo el paraguas del Banco Mundial. Así lo ha comunicado al Gobierno español el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), según fuentes de dicho organismo, dependiente del Banco Mundial. El CIADI realiza arbitrajes en caso de disputas y establece las indemnizaciones a que tienen derecho las empresas en caso de que los Gobiernos se salten las normas internacionales o nacionalicen empresas, como ha hecho habitualmente el Gobierno de Hugo Chávez en los últimos años.

El Banco Mundial notifica al Gobierno que el pacto expira el 25 de julio

Chávez anunció la semana pasada la "denuncia irrevocable" del convenio por el que se somete al CIADI. Eso es un motivo de preocupación para los inversores extranjeros, que cuentan con una garantía menos de respeto de sus inversiones en Venezuela. Entre las empresas españolas, las que tienen mayores intereses en el país son Repsol, Telefónica, BBVA y Mapfre.

Los resultados de esas empresas en Venezuela se han visto afectados por la devaluación del bolívar y por la inflación fuera de control del país, que obliga a considerarlo como hiperinflacionario a efectos contables. Además, en reiteradas ocasiones, Chávez ha amenazado con nacionalizar la filial del BBVA, BBVA Provincial, uno de los principales bancos del país. Telefónica ha tenido problemas para lograr repatriar vía dividendos los beneficios de su filial, que es líder en telefonía móvil en Venezuela.

El CIADI ha comunicado al Gobierno español que recibió la denuncia venezolana del convenio el pasado 24 de enero y que, de acuerdo con el tratado, esa denuncia se hará efectiva en seis meses, con lo que dejará de proteger las inversiones extranjeras a partir del 25 de julio, según la notificación del CIADI.

Pero, en realidad, el Gobierno de Chávez no parece dispuesto a esperar siquiera esos seis meses. "Yo me considero ya libre, desenganchado, hace tiempo más bien que era una deuda con nosotros mismos", declaró el pasado viernes. Chávez indicó que "no hay ni podrá haber ni habrá ninguna instrucción de ningún centro económico, político, de cualquier tipo en este planeta que esté por encima o que pretenda estar por encima (...) de la Constitución bolivariana". "Son organismos para favorecer al capitalismo mundial. ¿Cómo vamos a estar nosotros, un país socialista, sujeto a eso, que además es inconstitucional? Cualquier decisión que tomen en el CIADI rebota contra esta Constitución soberana", señaló a los periodistas el presidente venezolano.

Venezuela "se adhirió a este convenio en 1993, por decisión de un Gobierno provisional débil y desprovisto de legitimidad popular, presionado por sectores económicos transnacionales que participaban del desmantelamiento de la soberanía nacional venezolana", justificó en una nota el Gobierno bolivariano de Hugo Chávez.

Venezuela tiene abiertos una veintena de litigios en su contra en ese organismo, entre los que destacan sendas denuncias de las compañías petroleras estadounidenses ExxonMobil y Conoco Phillips, que exigen una indemnización por las nacionalizaciones de sus activos en 2007. El caso de ExxonMobil fue dirimido por la Cámara de Comercio Internacional, que impuso a Venezuela una indemnización de 907 millones de dólares, menos de un 10% de lo que había solicitado el gigante estadounidense. Sobre Conoco Phillips, el ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, indicó que Venezuela aguardaría la decisión del CIADI, pese a su salida.

En todo caso, Venezuela tiene difícil escapar a los casos en marcha. Las resoluciones son vinculantes y las sanciones por incumplimiento son muy duras. Si el Gobierno de Chávez no paga, la parte perjudicada tiene el derecho de exigir la incautación de activos de Venezuela por el mismo valor en cualquier parte del mundo.