Cortar las alas al pájaro

El anuncio de Twitter provoca el disgusto general. Todos los analistas coinciden en enmarcarlo en la voluntad de expansión internacional de la compañía hacia países autoritarios. Pero no solo eso. José Luis Orihuela, profesor de la Universidad de Navarra y autor de Mundo Twitter, considera que también podría suponer la eventual eliminación de enlaces "hacia contenidos protegidos por derechos de autor cuya persecución pretenden iniciativas como ACTA, SOPA y la llamada ley Sinde". "Aunque Twitter sea una empresa privada con fines de lucro que busca nuevos mercados, sus usuarios le demandan una ética global, no acomodaticia, y una defensa igualmente global de la libertad de expresión". Para Orihuela, una plataforma que ha jugado un papel tan importante en las protestas sociales, "no debería cambiar ahora sus valores

['los tuits deben fluir', sostuvieron en enero de 2011] para congraciarse con los represores de turno".

Francesc Grau, consultor de comunicación digital en Conzentra, subraya que tendemos a pensar que Twitter es un servicio público. "Tiene sus normas y, sobre todo, un objetivo de negocio. Quieren llegar al mayor número de personas. Con estas medidas se abren las puertas para entrar en China, por ejemplo. Allí hay un duro competidor, Weibo, donde Radiohead y el Barça ya han estrenado perfil".

Francisco Polo, director de la plataforma Change.org en España, explica el cambio con una metáfora a costa del icono de la red social: "Twitter corta las alas a su pájaro". Esta medida, sostiene, va contra la esencia de Internet. "Los derechos humanos son universales, como debe serlo la libertad de expresión. Considero que no es la empresa la que debe tomar estas decisiones, sino los jueces. Twitter pone en peligro su papel como espacio neutral de comunicación".

La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) ha pedido que Twitter rectifique su decisión. Su presidenta en España, Malén Aznárez, recuerda que esta connivencia con los censores no es exclusiva de Twitter. Así lo demuestra, comenta, la lista que publicó RSF en 2011 de empresas occidentales que colaboran con regímenes opresores tanto en la censura como en el espionaje. De hecho, Alexander Macgillivray, que ha protagonizado el anuncio de Twitter, trabajó anteriormente en Google. Aznárez insiste en que el derecho a la libertad de información es único para todos, no modulable. No está claro, añade, si aplicarán también la censura previa. El abogado Javier de la Cueva lo encuentra "lógico". "No es algo nuevo. Ya lo hace Facebook. Pertenece a los términos de uso y servicio. Hace tiempo que se aconseja no hacer activismo en ninguna de esas plataformas porque están sometidos a la jurisdicción norteamericana". Y señala que los mensajes en Twitter de la diputada islandesa Brigitta Jonsdottir sobre la difusión de documentos muy concretos de Wikileaks fueron entregados a la justicia norteamericana.

"Ya advertí a los diputados españoles sobre su fervor en las redes sociales. Algo similar pasa con Gmail. No es recomendable, salvo que se sea idiota o dueño de Google, albergar información sensible en sus servidores", añade.