El fracaso de la subasta de una factoría deja en el aire la deuda a 30 empleados
La subasta judicial de la conservera Carson de Cambados y un lote de bienes de los herederos del narcotraficante y expropietario de la empresa, Manuel Carballo, fallecido en prisión hace dos años, quedó ayer desierta, lo que abre un interrogante para el futuro de los trabajadores a los que la compañía les adeuda casi medio millón de euros. A pesar de la expectación que había generado esta puja, ya que el precio de salida a la venta pública del patrimonio era muy inferior a su valoración en el mercado, nadie se presentó.
Esta conservera ahogada por las deudas, una finca aledaña a la nave y la casa de piedra donde Carballo Jueguen vivió los últimos 20 años, fueron tasadas por los peritos judiciales en 2,5 millones de euros aunque su precio real era superior a los tres millones. Con este dinero se pretendía saldar las deudas a la plantilla de más de 30 empleados y a los acreedores de la firma, principalmente del sector mejillonero.
El interés por hacerse con Carson no solo se centró en empresarios de la conserva sino también en alguna asociación de mejilloneros de Arousa que intentaron negociar sin éxito ayudas de la Xunta a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). Los potenciales compradores de Carson tenían que asumir no solo las deudas sino una hipoteca que pesaba sobre el chalé de Carballo de 130.000 euros, "una operación inviable para los trabajadores", indicaron fuentes judiciales.
Mejilloneros
La principal acreedora de la empresa es la asociación de mejilloneros Virxe do Rosario de Vilaxoán (Vilagarcía), la entidad que inició el procedimiento de embargo judicial previo a la subasta que ordenó el juzgado número 2 de Cambados, el mismo que tendrá que convocar una segunda puja.
La falta de interesados en la subasta celebrada ayer ha frustrado los planes del juzgado que la convocó. Si se hubiesen presentado aspirantes a adquirir las propiedades en una segunda licitación, el juzgado estaba dispuesto a rebajar los precios y aceptar la venta en un 70% del valor de los bienes en venta. De esta forma, se pretendía adjudicar la fábrica y la finca rústica por 1,8 millones de euros, mientras que el chalé y el terreno que lo rodea se iba a vender por 770.000 euros.
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