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COLUMNA

Dreyfus

En 1894, el capitán del Ejército francés Alfred Dreyfus, judío, fue acusado de espiar para Alemania, condenado por traición y encarcelado en la Guayana francesa. Dos años después, se identificó al auténtico traidor, el comandante Esterhazy, que fue juzgado, absuelto y aplaudido por las fuerzas conservadoras y antisemitas del momento. Ante el clamor de quienes, acaudillados por Émile Zola, no dejaron de defender la inocencia de Dreyfus, el Tribunal Supremo reabrió el caso en 1898, solo para volver a condenarle a trabajos forzados. Esta segunda sentencia fue pura chulería, un pulso del poder judicial contra quienes siguieron insistiendo en que Dreyfus no había sido condenado por traidor, sino por judío, hasta que su inocencia fue reconocida en 1906. El caso Dreyfus ha pasado a la historia por dos motivos. Paradigma de la persecución judicial a un reo inocente y condenado con saña por motivos ideológicos, no es menos paradigmático de la profunda grieta moral que una sentencia injusta puede llegar a abrir en la sociedad civil de un país. La condena a Dreyfus supuso el deshonor nacional de Francia y un desprestigio particularmente bochornoso de sus instituciones judiciales, que tardaron mucho tiempo en recobrar la confianza de los ciudadanos.

En España hay cinco millones de parados. En Valencia y en Mallorca, dos expresidentes autonómicos están siendo juzgados por lucrarse gracias a la trama de corrupción más importante de las últimas décadas, responsable en buena parte de las colas del Inem. En Madrid, los fiscales, la policía y los funcionarios de su juzgado insisten en la inocencia de Baltasar Garzón. El principal testigo de la acusación es el abogado defensor del capo de la trama... Y todavía faltan dos juicios más. Nuestro Tribunal Supremo puede estar satisfecho. No es fácil elevarse hasta la altura de los clásicos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 23 de enero de 2012