El trasvase del Tajo al Segura pone a prueba la unidad del PP en el agua

El Gobierno del PP aprobó ayer su primer desembalse para el trasvase Tajo-Segura. Se trata del envío para seis meses, algo que el anterior Ejecutivo dejó para que se estrenara Miguel Arias Cañete. La comisión de explotación acordó que se podrán trasvasar hasta 228 hectómetros cúbicos, de los cuales 168,9 serán para regadío y el resto para abastecimiento en Murcia, Alicante y Almería. Eso supone el 86% de lo que reclamaba Murcia.

El trasvase pone a prueba la unidad del partido en el agua. En diciembre, Castilla-La Mancha recurrió a los tribunales el último desembalse del Gobierno socialista, 270 hectómetros cúbicos aprobados seis meses antes. En julio, los pantanos de los que parte el trasvase estaban al 51% de su capacidad, y ahora están en el 41% tras un comienzo de año hidrológico muy seco y que amenaza sequía. Mientras, los pantanos del Segura están al 56,3%.

El Ejecutivo castellano-manchego, que afirmó que estaría "vigilante" ante este nuevo desembalse, tiene que decidir ahora si recurre el envío como hizo hace un mes. Si recurre pondrá el primer escollo en el anuncio de Arias Cañete de alcanzar un pacto del agua, algo que ahora se ve factible ya que el PP gobierna en los puestos clave para conseguirlo.

Amenaza de sequía

Si por el contrario Cospedal acepta el envío de agua en un año que amenaza sequía, recibirá la dura crítica de los socialistas, ecologistas y de otros colectivos de la región que, al menos en el pasado, han sido muy críticos con el trasvase. El PSOE exigió ayer a Cospedal que recurra a los tribunales la decisión.

Tras la decisión del ministerio se celebró en Madrid el primer acto público del secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos. Fue en un foro organizado por la consultora Ernst & Young. Ramos, al que Juan Costa presentó como el "ministro de Medio Ambiente", anunció una "revisión legislativa" para simplificar la normativa ambiental sin que eso suponga rebajar la protección. "Una misma hectárea puede tener hasta siete sistemas de protección", señaló como ejemplo de la dispersión normativa: "No es bueno para nadie ni para el medio ambiente". Ramos también aludió al anunciado cambio de la Ley de Costas y ha afirmado que será una "reforma sosegada". Esto contrasta con las palabras de Arias Cañete cuando adelantó que llevaría a cabo una reforma legal "muy profunda".