Santamaría intenta poner orden en los mensajes del equipo económico

No habían transcurrido ni cinco segundos de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ya había salido a apagar el fuego iniciado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al dudar en el Financial Times Deutschland de que España pueda realmente cumplir el objetivo de rebajar el déficit al 4,4% este año. Antes incluso de que nadie le preguntara, ella arrancó su resumen: "El Gobierno mantiene el objetivo del cumplimiento del déficit, la voluntad es cumplir, para después poder crear empleo".

Cada vez con más frecuencia, Santamaría tiene que dedicar una parte de la rueda de prensa semanal a corregir los desajustes de los ministros, en especial de Montoro. Pero nunca hasta ahora había arrancado con esa tarea de apagafuegos una rueda de prensa que, por otra parte, tenía poco contenido porque el Consejo de Ministros de ayer fue de nuevo deliberante -lo han sido los últimos tres- y ni siquiera analizó un informe sobre la reforma laboral, de la que de momento solo se conocen las líneas generales pero no los detalles.

La inhabilitación, no una pena de cárcel, sancionará los déficits "dolosos"

Defiende reducir "el número de contratos", no dejarlos en uno

"La voluntad es cumplir el objetivo de déficit, para luego crear empleo"

"Queremos reformas bien pensadas, no traer una que luego la rectifique otra"

El incendio, esta vez, era importante. En el Gobierno de Rajoy cada vez hay más gente, incluido el propio presidente, que admite que los recortes de hasta 40.000 millones van a hundir aún más la economía española. Algunos dudan en privado de que se pueda cumplir el objetivo. Pero Rajoy y los suyos se han conjurado para prometer hasta el último día que lo harán. Como mensaje a los mercados, siempre vigilantes, y a Angela Merkel.

El apoyo de la canciller alemana, a quien Rajoy visita el día 26 en Berlín, es clave para que el BCE ayude a España o incluso se puedan relajar los objetivos de déficit o enviar ayudas en modo de planes de estímulo. Pero para que ella acepte, Rajoy debe convencerla de que España a cambio cumplirá, o al menos hará todo lo posible. Por eso la frase de Montoro chirriaba tanto y Santamaría se esforzó varias veces, sin querer machacar al que es una de las personas de su confianza, en que el Gobierno tiene la "intención, voluntad y determinación" de cumplir el objetivo del déficit.

El proceso empieza a repetirse con cierta frecuencia, y eso que el nuevo Ejecutivo no ha cumplido aún un mes de vida. Durante la semana, los dos principales ministros económicos, Cristóbal Montoro (Hacienda) y Luis de Guindos (Economía), lanzan a través de medios internacionales o españoles sus ideas, en ocasiones muy rotundas, a veces contradictorias, y los viernes Santamaría le echa agua al vino. Es la consecuencia inmediata de la decisión de eliminar la vicepresidencia económica. Ayer lo hizo de nuevo. Esta vez con más insistencia. Y no solo por el asunto del déficit.

Sin llegar a desmentir del todo a Montoro, la vicepresidenta matizó y suavizó mucho su propuesta más polémica, la de establecer sanciones penales para los políticos que gestionen mal las cuentas y las lleven a déficit u oculten facturas. Después de varias preguntas, Santamaría detalló que este asunto se estudiará con calma en la elaboración de la ley de transparencia y buen gobierno -que no es de las primeras que se van a elaborar- y aclaró que en el régimen penal "no solo existe la pena de prisión. Están también las inhabilitaciones".

La vicepresidenta insistió varias veces en que ya hay una legislación muy extensa con sanciones -lo que de alguna manera desautorizaba el mensaje de Montoro, que insinuaba cambios radicales en la legislación- y remató: "Tenemos que fijar las obligaciones legales. Ahí veremos qué comportamientos pueden tener un reproche contable y cuáles un reproche penal, en especial la ocultación de datos".

Pero no solo le tocó a Montoro. También Guindos, siempre muy claro en sus posiciones, fue matizado. El ministro de Economía, que es el encargado de cuidar de la imagen internacional de la economía española, y es el interlocutor de los mercados, -Montoro mira más a la política española-, había apostado en el Wall Street Journal por un contrato único como eje de la reforma laboral. Es una idea que a Montoro y el equipo económico del PP nunca le gustó, y por eso no se puso en el programa electoral y Rajoy nunca la ha dado por buena. Pero ahora todo parece estar abierto de nuevo. Santamaría, otra vez, no definió con claridad cuál será la decisión, insistió en que la reforma llegará en breve -Rajoy podría querer llevarla aprobada al Consejo Europeo del día 30- pero sí evitó la rotundidad de Guindos. Dijo varias veces que "es necesaria una simplificación del número de contratos", que es la posición oficial, pero sin hablar de contrato único. Montoro, hace solo una semana, descartaba el contrato de crisis, con 20 días de despido, que pide la patronal y abogaba por fomentar el uso del contrato de 33 días que ya intentó promover -y está vigente- el Gobierno socialista. Esto es, una reforma más suave que la que plantea Guindos.

La vicepresidenta trató de despejar cualquier posible crítica por el hecho de que, desde el bombazo de la subida de impuestos y los recortes brutales del pasado 30 de diciembre, que ha molestado mucho especialmente a su electorado, como admitió Rajoy, ningún Consejo haya aprobado reformas. El propio expresidente José María Aznar, que evitó apoyar las primeras medidas de Rajoy, apremió el jueves al Gobierno a "asumir sin demora un programa de reformas" y a "asumir con firmeza y convicción la tarea reformista".

La vicepresidenta le contestó en la respuesta tal vez más tajante de toda la mañana: "Desde luego, nosotros trabajamos para no defraudar la confianza del conjunto de los españoles. Y la opinión de esos 46 millones de españoles nos merece la misma consideración que la de uno solo".

Sáenz de Santamaría también se defendió de quienes reclaman la reforma laboral urgentemente. Recordó que el Gobierno no lleva ni un mes, garantizó que estará lista en dos o tres semanas, antes de lo prometido en el debate de investidura, y explicó por qué aún no está encima de la mesa: "Este Gobierno quiere traer reformas cerradas y bien pensadas social y económicamente, y no aprobar una y después otra que la rectifique como el anterior Ejecutivo".