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Dejar el aeropuerto de Castellón le cuesta al Consell más de 80 millones

El Consell pagaría 19,7 millones si mantiene el convenio con la concesionaria

La ruptura unilateral del contrato de explotación del aeropuerto de Castellón con la empresa que resultó adjudicataria del servicio, Concesiones Aeroportuarias, puede costarle a la Generalitat valenciana más dinero que el cumplimiento de las condiciones pactadas en él. El Consell, si cumple al final su anuncio, tendrá que devolver los 83,88 millones que Concesiones ha invertido en la obra. En cambio, si decide respetar el acuerdo con la empresa pagará 19,73 millones durante los 8 primeros años de explotación en concepto de pérdidas, tal y como figura en el texto. La operación de "ahorro" anunciada por Alberto Fabra corre el riesgo de convertirse en un nuevo desastre financiero que exprima las ya enjutas arcas del Gobierno valenciano.

Fabra justificó la ruptura en que las condiciones eran inasumibles

La concesionaria denunció al Consell porque renunció a asumir las pérdidas

La Generalitat, a través de la promotora pública del aeropuerto de Castellón Aerocas, anunció el pasado 30 de diciembre la ruptura del contrato con la empresa Concesiones Aeroportuarias, que debía explotar la infraestructura y buscar aerolíneas que operasen en él para la fecha de apertura, prevista durante el próximo mes de abril. El Gobierno de Fabra rompió el acuerdo un día después de que la empresa presentase una demanda ante el juzgado número 1 de Castellón por incumplimiento contractual, debido a que la Administración valenciana no había aportado la carta de patrocinio; un aval por el que el Ejecutivo valenciano se comprometía a asumir las pérdidas durante los ocho primeros años de gestión.

Alberto Fabra aclaró la semana pasada las causas de su decisión. Dijo que las condiciones del contrato eran "inasumibles" para el erario público que no podía afrontar unos gastos planteados "en época de bonanza". Sin embargo, el contrato fue firmado el 23 de marzo de 2011, ya en lo más profundo de la crisis y los costes de la ruptura son mucho mayores, según las cifras que maneja la propia Generalitat.

La obra del aeropuerto de Castellón ha tenido un coste reconocido por el Gobierno valenciano de 123,88 millones de euros, a los que hay que sumar otros gastos en contratos, terrenos, arrendamientos y cánones que sitúan el precio final por encima de los 150 millones.

Los casi 124 millones en obra material se desglosan en 40 aportados por la administración valenciana a través de un préstamo participativo y los 83,88 abonados por la adjudicataria en construcciones y sobrecostes. Esos casi 84 millones de gasto en la construcción es el mínimo que reclama ahora la empresa concesionaria por verse apartada del proyecto, sin contar con los aproximadamente 7 millones de intereses del capital social depositado en su día, ni los posibles daños y perjuicios o el lucro cesante por la explotación del aeropuerto.

De haber cumplido el contrato, el Gobierno de Fabra tendría que haber pagado a Concesiones Aeroportuarias 19,73 millones en ocho años por las pérdidas previstas en cada ejercicio. Pero ni siquiera se ahorra esta cantidad con la ruptura contractual, ya que fue el propio Gobierno valenciano quien estableció que se producirían tales pérdidas y tendrá que asumirlas si, como ahora plantea, gestiona directamente y en solitario las instalaciones a través de la empresa pública Aerocas, que todavía preside Carlos Fabra.

La idea de construir un aeropuerto en Castellón surgió a finales de la década de los 90 del entonces presidente de la Diputación, Carlos Fabra. A pesar de su insistencia, no consiguió que le financiasen la obra ni José María Aznar, con quien compartía veraneos en Oropesa (Castellón), ni el entonces presidente valenciano, Eduardo Zaplana. Pero tras contar con el respaldo económico de un grupo de empresarios, logró que Aznar lo declarase de interés general y el primero de España de titularidad pública y gestión privada. Sin embargo, el proyecto tardaría unos años más en arrancar. Hasta que el carácter megalómano de Carlos Fabra encontró a Francisco Camps que sucedió a Zaplana en 2003. Fue a partir de ese año cuando se licita la construcción y la Generalitat entra de lleno en la financiación de la obra, con la aportación de préstamos y sucesivas ampliaciones de capital de la promotora pública aeroportuaria, hasta quedarse con el 99% de su accionariado. A pesar de ello, Carlos Fabra sigue presidiendo esta firma que ha desembolsado del dinero de los valencianos más de 30 millones en publicidad para un aeropuerto sin aviones, que cuesta sin funcionar más de 300.000 euros al mes y que aún carece de permisos de vuelo.

¿De qué se sorprende la Generalitat?

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha justificado en la crisis y en las condiciones "inasumibles" del contrato de explotación del aeropuerto de Castellón el anuncio de su ruptura. Sin embargo, Fabra no puede alegar sorpresa o desconocimiento de los supuestos planteados en el texto rubricado el 23 de marzo del año pasado porque uno de sus más firmes colaboradores ahora, el consejero de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, ha formado parte del consejo de administración de Aerocas desde 2004, prácticamente desde su fundación. Y el 11 de marzo del año pasado participó en la reunión en la que fueron acordadas las nuevas condiciones de gestión y explotación del complejo aeroportuario. Un acuerdo que Vela, entonces secretario autonómico de Economía, celebró con el presidente de Aerocas, Carlos Fabra, con un apretón de manos.

Como consejero, Vela también ha aprobado los más de 30 millones de euros en gastos de publicidad, o los sueldos de casi 400.000 euros del director general y otros seis trabajadores de Aerocas. Entre ellos un jefe de gabinete para un aeropuerto sin aviones.

De marcado perfil técnico, José Manuel Vela fue nombrado consejero de Hacienda en junio pasado por el entonces presidente, Francisco Camps, y fue entonces cuando dejó de formar parte del consejo de la promotora pública aeroportuaria. La pasada legislatura Vela fue durante meses el consejero de Economía en la sombra, supliendo en numerosas ocasiones a su entonces titular, Gerardo Camps, en sus reiteradas ausencias. Ha tenido un papel destacado en la elaboración de los presupuestos autonómicos en los últimos años y su concurso ha sido ahora muy relevante en la aprobación del decreto de recortes de 1.057 millones para 2012, que ha provocado las críticas de parte de la sociedad valenciana. Los sindicatos atribuyen a Vela la subida de impuestos y el tijeretazo de 271 millones a los funcionarios, lo que provocó numerosas protestas la semana pasada.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 16 de enero de 2012

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