"No actuamos por capricho"

Un discreto piso en una discreta calle con nombre de marqués, en la zona más boyante de la villa de Madrid, alberga la sede española de Standard & Poor's (S&P). Un joven con acento extranjero y vestimenta informal fuma junto al portal. Dentro, en un panel se anuncia la ubicación de la entidad, una de las tres principales agencias de calificación de riesgo del planeta junto a Moody's y Fitch. En la estancia no hay grandes pantallas ni nadie se mueve de forma acelerada. Pero en estancias como esta se cuecen decisiones que mueven los destinos financieros internacionales y causan crisis que han hecho temblar y caer a varios Gobiernos. La apresurada reacción de los líderes europeos a su última decisión -rebajar la calificación de nueve países, entre ellos Francia, Italia y España-, es una buena muestra de su relevancia en esta crisis.

"No tenemos la culpa de la crisis", dice el directivo de otra agencia

Un grupo impar distribuido en distintos países vota las decisiones

El inglés es idioma oficial en esta sede poblada por analistas treintañeros

S&P, Fitch y Moody's copan el 95% de esta actividad en todo el mundo

Cuando las notas eran altas, en la bonanza, no recibían críticas

Las agencias erraron al poner la mejor nota a las hipotecas 'basura'

La rebaja generalizada que anunció S&P en la tarde del viernes tampoco sorprende. A principios de diciembre había puesto bajo vigilancia negativa a todos los países de la eurozona, tanto por la crisis del euro como por las perspectivas de crecimiento, que para algunos países como España apuntan a la recesión. El plazo para resolver esas vigilancias es de 90 días, por lo que todavía había tiempo. Ahora todo indica que pronto puede haber una decisión sobre bancos. Y no hay que descartar que también las otras agencias se pronuncien. Moody's ya anticipó, también en diciembre, que en el primer trimestre de este año podría revisar las calificaciones. Así que atención.

El joven, treintañero, resulta ser uno de los 25 analistas de S&P en España. Uno de esos hombres sin piedad que durante estos meses han puesto y siguen poniendo patas arriba los mercados del mundo entero con las continuas rebajas del rating de las deudas soberanas. Tras acabar el cigarrillo se mezcla con varios colegas de ambos sexos y edades similares. Apenas se comunican más de lo necesario, normalmente en inglés, mientras fijan su interés en alguna tarea. Son de varias nacionalidades y la profesión les obliga a ser refractarios a las críticas que les caen como chuzos de punta cada vez que se anuncia una recalificación a la baja. Aunque últimamente optan por ocultar a qué se dedican para que nos les miren mal.

Ese es el riesgo de esta gente que, precisamente, se dedica a calificar el riesgo (crediticio) del resto de la humanidad. Es una profesión de alto estrés, con decisiones que pueden tumbar cualquier economía. Y eso les convierte a menudo en el pimpampum de Gobiernos, entidades financieras, empresas y toda clase de sujeto activo de los mercados. Sin ir más lejos, el pasado jueves el presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, fue directo al corazón cuando, en un acto celebrado en Madrid, se le preguntó por la rebaja de Moody's a la Comunidad Valenciana: "No les doy mucho crédito, entre otras cosas porque estaban dando una máxima calificación a algunas entidades que 48 horas después estaban quebradas", enfatizó en referencia a Lehman Brothers. También los responsables de algunas entidades financieras les acusan de no haber pisado sus sedes en un año y que, pese a ello, les modifican la calificación.

Su código de conducta también les hace ser reacios a los medios de comunicación. No hablar, no hacer declaraciones, ser invisibles. Sin embargo, tantos ataques les han hecho reaccionar y abrir algo sus puertas. "No nos gusta que se opine sin saber", se defiende Myriam Fernández de Heredia, la única persona española en la cúpula de la agencia y responsable de ratings soberanos y sector público para Europa, Oriente Medio y África. "No somos culpables de la crisis", sentencia un directivo de otra agencia que prefiere guardar el anonimato. Luego, Heredia cuenta con detalle la estructura de S&P y su funcionamiento, que apenas difiere del de las otras agencias; pero no dice ni una palabra de la rebaja de calificación ni del barrido que va a hacer a toda la banca europea. Las normas y la confidencialidad mandan. Así que se aplica a explicar la sopa de letras con que certifican la mayor o menor solvencia de los emisores, como se llama a los clientes.

"Aplicamos una metodología escrita, no actuamos por capricho", añade Heredia. Y dispara: "Nosotros procuramos asignar ratings estables. El mercado, por el contrario, es más volátil. Hasta hace muy poco apenas diferenciaba los bonos alemanes de los griegos, mientras nosotros calificábamos de forma diferente la deuda de ambos países. De eso no se dice nada. Y eso nos obliga a explicarlo muy bien para que se comprenda cómo actuamos". Heredia y el directivo de la otra agencia recuerdan que, cuando las calificaciones eran más elevadas, muchos Gobiernos las utilizaban como propaganda de su salud financiera. Los mismos que ahora tratan de minusvalorar su papel. "El gran error se cometió en 1970 cuando se incluyeron las calificaciones en los modelos de regulación, lo que hizo que se convirtieran más en una opinión sobre el crédito de un país que un termómetro para decidir la inversión", asegura el analista consultado. "Las calificaciones deben utilizarse por los inversores como un instrumento más para su toma de decisiones", remacha Heredia.

Las fuertes descalificaciones recibidas por su actuación desde la crisis originada por las subprime, que las agencias no fueron capaces de prever; las presiones que los Gobiernos hicieron a medida que se les bajaban la nota a sus países y a sus instituciones financieras llevaron a las autoridades europeas a preparar un endurecimiento de la normativa regulatoria del sector, que tienen previsto aprobar este año. "La normativa que se ha elaborado, nos aboca a una muerte lenta", mantiene la fuente consultada. Ese temor se basa en que pretende que las escalas de calificación de las agencias sean homogéneas, aprobar sus metodologías, que se cambie de agencia cada cuatro años y prohibir que una agencia califique a compañías en las que participan accionistas de las propias agencias. "No tiene sentido, porque tenemos distintas formas de medir la perdida esperada y el grado de incumplimiento, porque nos impide calificar a largo plazo a un cliente y porque, en definitiva, nos hace perder credibilidad", añade el directivo.

Para llegar a analista se exige una gran formación en mercados y varios años de experiencia en análisis de crédito. Independientemente de su experiencia, para que un nuevo empleado pueda trabajar como analista tiene que aprobar dos exámenes que certifican sus conocimientos de metodología de análisis de todas las clases de activos y, en más profundidad, de la disciplina en la que el analista se va especializar. El inglés es el idioma de trabajo y es frecuente que los analistas hablen más de dos idiomas. Una vez en la agencia son habituales los traslados entre los distintos departamentos, y menos frecuentemente, fugas de una agencia a otra. El que entra en este sector es difícil que salga, aunque también es verdad que las edades mayoritarias están en el segmento de 35 a 55 años. Rige un estricto código de conducta: no pueden recibir regalos, ni discutir honorarios, ni tomar decisiones de manera unilateral, no saben lo que se factura, ni participan en un comité si hay conflicto de intereses.

Los analistas trabajan, claro, para entidades con ánimo de lucro. Las agencias de calificación son empresas privadas que cotizan en Bolsa (en el caso de S&P lo hace su matriz McGraw Hill) y, ante todo, buscan la rentabilidad. S&P y Moody's, que pugnan por el liderato, y Fitch, tercera en discordia, copan el 95% de la actividad del sector. Aunque en Moody's Warren Buffet posee el 10%, el capital de las agencias se reparte entre fondos de inversión, muchos de ellos comunes. Esta circunstancia y la situación de práctico oligopolio ha generado suspicacias sobre el poder de esos fondos en las agencias. Ellos lo niegan rotundamente, pero lo que parece evidente es que se marcan de cerca y que mueven sus piezas de forma concatenada.

Aunque las tres agencias tienen una sede central, en Nueva York; otra europea, en Londres, y varias subsidiarias (entre ellas, la de Madrid), funcionan con una estructura de vasos comunicantes. "Eso hace que los equipos estén mucho más integrados y cohesionados, no se trabaja en silos", dice Heredia. Bajo esa premisa, el trabajo se divide en cuatro departamentos: mercados soberanos y sector público, bancos y seguros, empresas privadas y financiación estructurada. En el crédito soberano, el análisis se basa en cinco factores de puntuación: político, económico, liquidez externa, fiscal y monetario. A cada uno de ellos se aplica una nota, que va de uno a seis, siendo uno la mejor. Y de esas puntuaciones sale el rating definitivo, que va desde la triple A a la de bono basura.

La calificación se hace a petición del cliente y se avalúa la capacidad para cumplir en tiempo y forma con el pago de su deuda. Es decir, en el caso de la deuda soberana, son los Gobiernos los que solicitan la calificación. Hay, sin embargo, algunas excepciones. Hay ratings no solicitados que las agencias hacen por iniciativa propia: las principales potencias, como la rebajada Francia, están entre ellos. Así dan servicio a los inversores que son, en definitiva, los principales usuarios y además requieren la calificación. Además, la metodología de análisis obliga a tener el rating de un país para analizar cualquier entidad de dicho país que sí lo haya solicitado.

La operativa es rutinaria. Dos analistas proponen una calificación a un comité del que forman parte junto a otros analistas seniors de distintas plazas, con los que se comunican por videoconferencia o por teléfono. Siempre es número impar, habitualmente cinco o siete personas, y no hay voto de calidad ni se hace pública su composición, aunque en la decisión del viernes es muy probable que haya participado Fernández de Heredia, por su cargo. La decisión del comité se comunica al cliente y, por imperativo regulatorio en Europa, es confidencial hasta que pasan 12 horas. El emisor puede apelar la decisión siempre que sea un rating inicial o un cambio de calificación. Una vez otorgada, se produce un seguimiento continuo y se hace, como mínimo una revisión al año. El número de revisiones se incrementa en periodos de inestabilidad, como el que estamos viviendo actualmente. Así ocurrió el viernes con la degradación de los nueve países, y aunque nadie piensa apelar, la reacción generalizada se resume en el "aberrante" con que calificó Bruselas la decisión. "El rating siempre está vivo", tercia Heredia.

Myriam Fernández de Heredia es la responsable de ratings soberanos y sector público para Europa. Por su cargo, es muy probable que participara en la rebaja de calificación anunciada este viernes, aunque la composición del comité que revisó las notas de la zona euro es confidencial. En la imagen, el pasado mes de mayo, en Madrid.