Guerrero planta batalla a la Junta tras su suspensión

La suspensión del reingreso como funcionario del ex director general Javier Guerrero ordenada por la Junta puede ser una decisión que se vuelva en contra del Ejecutivo por los precedentes judiciales. El Tribunal Superior de Justicia (TSJA) emitió una sentencia que confirmó un fallo en primera instancia sobre un caso similar, y revocó la decisión de suspender al secretario del Ayuntamiento de Ogíjares (Granada), que había resultado imputado en 2002. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Granada vio claro que se vulneraron los derechos del funcionario al suspenderle provisionalmente de sus funciones, y el alto tribunal confirmó el fallo.

En el caso de Guerrero, una auténtica patata caliente tras la declaración de su exchófer, que aseguró a la policía haberse gastado la mayor parte de los 900.000 euros que recibió como subvenciones en "cocaína, fiestas y copas", las espadas están en alto. Como funcionario del Servicio Andaluz de Empleo, a Guerrero le correspondía incorporarse a finales de este mes, pero la Junta ha suspendido su reingreso ante la gravedad de los indicios en su contra y la trascendencia mediática que podía ocasionar su vuelta a la Administración. Pero la medida choca con la inviolable presunción de inocencia, ya que restan meses si no años para que se dicte sentencia en el caso de los ERE.

El reingreso era una patata caliente tras contar su conductor que compró cocaína

"No está determinada la situación de procesamiento para poder acordar la suspensión provisional en las funciones propias del funcionario en cuestión", subraya la sentencia del TSJA. La imputación de Guerrero es aún incipiente y ni siquiera ha sido llamado a declarar ante la juez del caso, por lo que los mimbres judiciales que sujetan la suspensión de la Junta son muy débiles. Además, el artículo 98 del Estatuto Básico del Empleado Público deja pocas dudas al respecto: "La suspensión provisional podrá acordarse también durante la tramitación de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo". Fuentes del caso destacan cómo la Junta ha optado por la opción más tajante, ya que podía haber pedido pedido a la juez Mercedes Alaya que impusiera al imputado Guerrero la suspensión provisional de su reincorporación a la Administración como medida cautelar, pero ha evitado esta opción.

Mientras, la Junta argumenta: "Esta situación administrativa resulta una medida cautelar proporcionada a la naturaleza de los delitos que se le imputan y las circunstancias en que presuntamente se han cometido (...) Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial".

Ayer el abogado de Guerrero cargó contra el Gobierno andaluz y censuró la medida a su cliente: "Secuestra la función judicial" al negarle el reingreso como funcionario. "Es un atentado diametral contra la presunción de inocencia" que el Ejecutivo no llevó a cabo con otros imputados como la exconcejal de Marbella Isabel García Marcos, que reingresó como inspectora médica pese a estar pendiente de juicio. De Pablos se preguntó si la Junta hará lo mismo con otros imputados del caso que ejercen cargos de designación directa en la Administración. Además de recurrir la suspensión, el letrado dijo que presentará una querella por prevaricación contra el funcionario que haya tomado la medida.