Ares reitera que la amnistía de presos es inviable e insta a evitar "frustraciones"

La izquierda abertzale se apresta a exhibir hoy de nuevo su músculo social. Los presos se han convertido en su icono político desde el rechazo de la violencia y la manifestación convocada hoy en defensa de sus derechos reunirá a miles de personas en Bilbao. Con ellas se pretende lanzar un mensaje al nuevo Gobierno del PP para que impulse cambios en la política penitenciaria. Sin descartar estos, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, sí que quiso poner ayer puertas al campo al recalcar que la amnistía es inviable y emplazar, a quienes la defienden, a evitar "frustraciones".

Ares considera que con la marcha de hoy se quieren reivindicar "excarcelaciones masivas que no tienen ninguna posibilidad de salir adelante, porque ni están previstas ni permitidas" en la actual legislación. "Los presos tendrán que cumplir su pena. En todo caso, y si lo solicitan de manera individual, podrán acogerse a beneficios penitenciarios y recorrer el camino de la reinserción", advirtió ayer, en declaraciones a Europa Press, tras argumentar que se trata de reclusos condenados por "asesinatos, terribles atentados o dar cobertura a ETA".

"Los reclusos tienen que cumplir sus penas", recalca el titular de Interior

Tras recalcar la voluntad del Gobierno vasco de colaborar con el nuevo Ejecutivo central del PP para afianzar la paz en Euskadi y la desaparición de ETA, el consejero quiso dejar claro el escenario de los presos para evitar su "instrumentalización". En este sentido, emplazó a la izquierda abertzale a impulsar reivindicaciones "viables" y una política realista, con medidas "razonables y ajustadas al ordenamiento jurídico", ya que "ellos mismos saben que las actuales no se pueden adoptar".

Ares quiso rebajar así la euforia ante una manifestación cuya organizadora, la plataforma denominada Egin Dezagun Bidea, la ha promocionado como "colosal" durante los últimos meses. Ya en la última gran marcha reivindicativa que organizó el entorno soberanista en Bilbao, a finales de octubre, se repartieron octavillas con la convocatoria para hoy. La fecha está marcada en rojo en el calendario, máxime tras el complejo horizonte que se perfila con un Gobierno de mayoría absoluta del PP en Madrid. La escasa o nula predisposición a las concesiones que ha mostrado hasta la fecha el nuevo presidente, Mariano Rajoy, obliga a buscar el respaldo social como única forma posible de presión política.

Pero el margen es estrecho, como bien acordó la Audiencia Nacional y ha trasladado Interior a los organizadores. El juez Fernando Grande-Marlaska rechazó el pasado día 30 la petición de la asociación Dignidad y Justicia de prohibir la manifestación de hoy y la permitió, si bien la condicionó a que no se exhiban fotografías de los presos o se realicen proclamas en su favor. La propia consejería ha avisado esta semana de que dispondrá un dispositivo especial de vigilancia durante el recorrido y procederá a la suspensión de la marcha si se incumple alguno de los requisitos.

La última advertencia será verbal y llegará antes del propio inicio de la marcha, prevista para las cinco y media de esta tarde, si bien los organizadores ya confirmaron anteayer, conscientes de la relevancia que tiene una cita que han calificado como "la mayor movilización de los últimos años", su disposición a acatar las condiciones impuestas. Garantizaron un "ejercicio de responsabilidad" para que la protesta discurrirá en silencio y sin imágenes de los presos. Como ocurrió en la manifestación del año pasado.