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COLUMNA

Instinto de conservación

El funcionamiento de todo Estado políticamente descentralizado, independientemente de cómo se denomine (federal, autonómico o regional), exige inexcusablemente que no se produzca un debilitamiento del ente central (federación o Estado), como consecuencia del fortalecimiento de los entes subcentrales, (estados, länder, comunidades autónomas) o a la inversa, un debilitamiento de los entes subcentrales como consecuencia del fortalecimiento del ente central.

El Estado políticamente descentralizado únicamente puede operar de manera duradera si tanto el ente central como los entes subcentrales se fortalecen simultáneamente.

Ahora bien, evitar el debilitamiento de cualquiera de los niveles en los que se ejerce el poder y asegurar el fortalecimiento de ambos, no se puede garantizar a priori. No hay Constitución, por muy bien que haya sido elaborada, que pueda garantizar que tanto el ente central como los entes subcentrales van a ser más fuertes como consecuencia de la distribución territorial de poder. En este terreno, más que en ningún otro ámbito constitucional, es la aplicación en la practica de la Constitución lo decisivo.

España ha sido un buen ejemplo. Nuestra Constitución es muy deficiente en lo que a la distribución territorial del poder se refiere. El constituyente español no sabia muy bien qué forma de Estado quería constitucionalizar y fue, en consecuencia, muy ambiguo en la definición de las comunidades autónomas como unidades de descentralización política del Estado.

A pesar de ello hasta el año 2000 se construyó un Estado autonómico en el que las comunidades autónomas se constituyeron en unos centros de poder formidables, sin que el Estado se viera debilitado sino todo lo contrario. En las dos primeras décadas de aplicación de la Constitución el Estado autonómico ha sido el Estado más eficaz de toda nuestra historia.

En la segunda legislatura de Gobierno del PP empezó a producirse una deriva que todavía no hemos sido capaces de corregir. Se puso en práctica una política de debilitamiento de las comunidades autónomas con la finalidad de fortalecer al Estado, que no pudo imponerse hasta donde se quería imponer, pero que si agrietó el edificio.

La reacción a esa política mediante las reformas estatutarias, no hizo más que ensanchar las grietas. Y la llegada de la crisis económica con la intensidad de todos conocida ha afectado todavía mas la solidez del edificio.

Como este es el problema constitucional más importante con el que España ha tenido que enfrentarse desde finales del siglo XIX y lo sigue siendo, sería imprescindible que se le prestara la atención que merece y que se meditara mucho cualquier paso que se pretendiera dar. Lo que se ha andado muy trabajosamente a lo largo de estos últimos 30 años largos, se puede desandar en poco tiempo. Y lo que es peor sin que se sepa muy bien a donde se puede ir.

El Estado autonómico no está bien constituido, pero ha sido hasta la fecha el Estado que mejor ha expresado la constitución material territorial de España. Aunque pienso que sería bueno que se procediera a la reforma del mismo, no creo que se den las condiciones en este momento para hacerlo. La reacción que se ha producido ante las reformas estatutarias en general y la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña en particular habla por si sola.

Estamos en una encrucijada en el terreno económico, pero también en el terreno constitucional. Vamos a tener que echar mano de todo el instinto de conservación del que hicimos gala tras la muerte del general Franco. Me temo que lo vamos a necesitar.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de enero de 2012