Una moratoria dejará sin ayuda a 150.000 dependientes leves en 2012

Los recortes también llegan a la Ley de Dependencia. Las primeras víctimas son las personas dependientes en grado moderado. A ellas les afecta la moratoria acordada ayer por el segundo Consejo de Ministros del nuevo Gobierno: durante el año 2012 no podrán aspirar a recibir una prestación. La medida afecta a más de 150.000 de los 165.125 ciudadanos cuya dependencia leve está reconocida ya en los dictámenes oficiales, el paso previo para recibir la ayuda -solo han empezado a tener atención en País Vasco y Castilla y León-, según los cálculos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Forman parte de las 312.000 personas que están en lista de espera para recibir algún tipo de atención, explican en esa entidad, que cifra en 162.000 los grandes dependientes aún sin ayuda.

El parón supondrá "un recorte de 100 millones", según los expertos

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, limitó la moratoria a los dependientes leves -que deberían haber entrado en el sistema de ayudas este año, aunque en la mayoría de las comunidades no ha sido así-. La justificó en el deseo de "no reducir" las prestaciones ya existentes y seguir atendiendo así a los actuales beneficiarios de la Ley de Dependencia (741.713, casi todos requieren altos niveles de ayuda al no poder valerse por sí mismos). La referencia del Consejo de Ministros es menos concreta: informa del aplazamiento hasta el 1 de enero de 2013 "para nuevos beneficiarios", pero sin precisar el grado de discapacidad. Sí concreta que se mantendrá la cobertura a todos los actuales. La asociación de directoras teme que queden fuera los grandes dependientes que aún carecen de prestación.

"Con esta medida se legitima la paralización de la Ley de Dependencia", critica el director de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. Calcula que la moratoria solo permitirá un recorte "de unos 100 millones de euros" en una ley cuya aplicación supone unos 6.000 millones cada año. El dinero procede de la Administración central y los Gobiernos autonómicos -en principio a partes iguales- y de los usuarios, que deben afrontar en algunos casos parte del coste de los servicios -sobre todo, residencias-. Ramírez critica que se modifiquen de un plumazo los plazos para la atención a los moderados, fijados en la Ley de Dependencia. "Es algo gravísimo", afirma.

Los cambios irán más allá. El Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad anunció ayer que se acometerá "la necesaria reforma del modelo de financiación para hacer sostenible el Sistema de Atención a la Dependencia". Otro objetivo "prioritario" es "garantizar la igualdad" de los ciudadanos en el acceso a él.

La Ley de Dependencia, aprobada en 2007 para crear "el cuarto pilar del Estado de bienestar", establece servicios para las personas que no se valen por sí mismas, pero la prestación más frecuente es la ayuda a los cuidadores familiares -417.782-. Con un arranque difícil, desde hace meses su desarrollo está paralizado e incluso disminuyeron los beneficiarios en 13 comunidades.