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El 'caso de los trajes'

La causa de la financiación ilegal del PP irrumpe en el juicio de los trajes

Cuatro imputados por adjudicar a dedo a la trama Gürtel declaran como testigos

El llamado juicio de los trajes es una causa derivada del grueso del caso Gürtel, al igual que lo son la investigación por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano y por la adjudicación irregular de cerca de ocho millones de euros del Gobierno de Francisco Camps a la red corrupta. Sin embargo, ambas se tramitan separadas por orden judicial, atendiendo a la reclamación de la defensa del expresidente de la Generalitat, y en contra del criterio de las acusaciones. Pese a ello, ayer irrumpieron en el juicio tanto el delito electoral (financiación ilegal) como las decenas de contratos adjudicados a dedo a la trama, por el que están imputados más de una decena de cargos del Gobierno autónomo por malversación, cohecho y prevaricación.

La defensa podría haberlo evitado, ya que la acusación popular, que representa a los socialistas valencianos, había renunciado prácticamente a la decena de testigos relacionados con la Agencia Valenciana de Turismo (que fue, a través de la feria Fitur, el departamento que más dinero inyectó en el grupo de Francisco Correa). Los interrogatorios acabaron dando a conocer al jurado que la relación entre la Administración, el PP y la trama corrupta no se limita a los trajes. La fiscalía no había pedido su comparecencia, pero la defensa de Camps quiso mantenerlos.

Entre los testigos se encontraban cuatro imputados en la causa de financiación ilegal, que trata de aclarar si el PP endosó a varias constructoras facturas por servicios prestados en actos electorales por empresas de la trama Gürtel. Además, también se investiga el procedimiento por el que la red logró que se le adjudicara, por casi seis millones de euros, el montaje del pabellón de la Generalitat en la feria de turismo Fitur, entre 2005 y 2009. Pero el jurado oyó además que hubo otras contrataciones, como las de la Guía de la Comunicación de 2005, la presentación del Congreso de Nuevo Periodismo en 2006 y la fiesta para la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante. Y con la comparecencia de otros testigos pueden llegar a salir los hasta 70 contratos que la Administración valenciana firmó con nueve empresas de la trama.

La defensa de Camps pretendía que todos ellos dijeran que en ningún momento recibieron instrucciones para adjudicar los contratos de Fitur a Orange Market, pero el presidente del tribunal del jurado, Juan Climent, no dejó que le contestaran en ninguna ocasión. El magistrado rechazó las preguntas al considerarlas improcedentes para este juicio que es por cohecho impropio, es decir, por recibir dádivas en su condición de autoridad, y no por cohecho propio, que sería la acusación si hubieran recibido los regalos en contraprestación por alguna adjudicación o contrato.

Limitadas, las defensas preguntaron si los cargos, que ocupaban puestos de libre designación, oyeron a Álvaro Pérez, El Bigotes, hacer ostentación de su relación especial con Camps y, en el caso de Ricardo Costa, si su departamento dependía del diputado. Todos contestaron que no.

La única imputada que se acogió a su derecho a no declarar, por si sus palabras le perjudicaban, fue la exconsejera de Turismo y expresidenta de las Cortes valencianas Milagrosa Martínez, que hubo de escuchar las preguntas que la acusación, la fiscalía y la defensa de Camps le querían hacer. Una de ellas hizo referencia al reloj de oro, valorado en 2.400 euros, que supuestamente le regaló la trama. Un detalle que llamó la atención del jurado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de diciembre de 2011