La Xunta rectifica e integra al personal de los entes autónomos sin privilegios

Los trabajadores de chiringuitos que se integren en la Administración autónoma ordinaria perderán progresivamente sus privilegios en un máximo de seis años. El Gobierno rectifica así su intención inicial de que se consolidasen los salarios más elevados y los beneficios sociales de los que disfrutan algunos de esos trabajadores cuando pasen de la Administración paralela a la estructura básica de la Xunta. Lo que sí se mantiene es la equiparación, en este caso al alza y también "progresiva", en un máximo de cinco años, de los que cobraban menos que el resto de empleados autonómicos.

En el marco de su campaña de eliminación, reestructuración y fusión de los entes instrumentales de la Administración -los denominados chiringuitos-, el Gobierno les presentó a los sindicatos hace un par de meses un borrador del decreto que fijará la forma en que el personal laboral fijo de esos entes se convertirá en personal laboral fijo de la Administración. Ese documento detallaba -se mantiene ahora- que los trabajadores que cobran menos en los chiringuitos serán igualados al alza "en un plazo máximo de cinco años" cuando se integren en la Xunta por la desaparición o reformulación de los entes paralelos. Pero nada decía de los que cobran más y disfrutan de beneficios sociales de los que carecen los trabajadores laborales fijos de la Xunta.

El Gobierno adopta una solución similar a la de la Comunidad de Madrid

El propio Gobierno reconoció hace un mes ese vacío legal que, de mantenerse, permitiría que ese personal conservase sus privilegios. Los sindicatos recibieron mal esa posibilidad, ya que tienen dudas sobre la forma en que en su momento esos trabajadores fueron contratados, en muchos casos sin procesos selectivos públicos y abiertos. Pese a esas irregularidades en su acceso a un puesto público, esos trabajadores no solo se convertirían en personal laboral fijo de la Xunta al desaparecer o modificarse los chiringuitos, sino que cobrarían más que los que ya vienen trabajando en la Administración general tras haber aprobado oposiciones o pruebas públicas regladas de acceso.

Un mes después, la Xunta ha corregido aquel borrador y en su nueva versión, que acaba de remitir a los sindicatos, establece caducidad para esos privilegios: seis años. El nuevo texto incorpora una disposición transitoria, inexistente en la versión anterior, que indica que el personal que, como consecuencia de su paso de un chiringuito a la Administración, "experimentase una disminución en el cómputo anual de las retribuciones brutas fijas y periódicas, se le reconocerá un complemento personal de integración, de carácter transitorio, consistente en la diferencia de retribuciones".

Ese complemento, que no podrá ser revalorizado ni tendrá en cuenta la antigüedad, desaparecerá si el trabajador cambia de puesto o por el simple paso del tiempo. Esto es, ese complemento personal transitorio "experimentará una reducción anual del 20%, hasta su total extinción transcurridos como máximo seis años desde su reconocimiento", según el texto que suscriben las consellerías de Presidencia y Facenda. Igualmente, durante ese periodo transitorio el complemento personal será reducido proporcionalmente cada vez que el sueldo base del trabajador experimente cualquier tipo de subida. En todo caso, la integración en la estructura ordinaria de la Administración es voluntaria, de modo que el personal que no quiera acogerse a ella irá al paro y "tendrá derecho a la indemnización que corresponda" como si se tratase de un despido ordinario.

El Gobierno adopta así una solución similar a la de la Comunidad de Madrid, dirigida por la popular Esperanza Aguirre, que también creó un complemento personal transitorio para ir rebajando progresivamente las remuneraciones de los trabajadores que pasan de los chiringuitos a la Administración general. En Andalucía, con los socialistas al frente, un decreto similar -denominado Decretazo Griñán- provocó importantes protestas por entender los sindicatos y el PP que pretendía consolidar privilegios de personas que habrían sido contratadas de forma irregular.