Empleo reconoce que las Diputaciones deberán asumir los pagos de este mes
El diputado general vizcaíno censura el "desastre organizativo" de Lanbide
El Gobierno insistió ayer en que el proceso de traspaso de las ayudas sociales -la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el complemento de vivienda- a Lanbide se se está realziando con normalidad y en función de lo previsto. En una rueda de prensa en Bilbao, convocada anteayer con carácter de urgencia, los responsables de la gestión de las ayudas y el empleo -el viceconsejero de Empleo Javier Ruiz; el director de Lanbide, Javier Ramos, y el director de Formación y Garantía de Ingresos de este mismo organismo, Pedro Sánchez- garantizaron que nadie se quedará sin recibir las ayudas durante el proceso. La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, artífice de la reforma, no acudió, ya que se encontraba en el Parlamento participando en el pleno de aprobación de los Presupuestos.
El colectivo Argilan tilda de "chapuza" el traspaso de las competencias
El Ejecutivo achaca el colapso de una oficina de Vitoria a un error municipal
Las ayudas están en manos de Lanbide desde el 13 de diciembre, lo que deja a los Ayuntamientos -que tramitaban las solicitudes- y a las Diputaciones -que pagaban cada mes la RGI con las cuantías asignadas por el Ejecutivo- sin la competencia que tenían hasta ahora.
A pesar de reconocerse de sobra preparados para garantizar el servicio y de negar que el hecho de que la ley entrara en vigor antes de enero suponga un contratiempo, el viceconsejero de Empleo, Javier Ruiz, reconoció que serán las Diputaciones las que tengan que pagar la nómina de diciembre a los 56.000 perceptores de estas ayudas de toda Euskadi.
El diputado general vizcaíno, José Luis Bilbao, señaló ayer en Onda Vasca que su institución abonará las ayudas este mes, al igual que ya han anunciado Álava y Gipuzkoa, aunque recalcó que no es su competencia. "Es el Gobierno el que tiene que hacerse cargo", explicó, al tiempo que censuraba, en la línea de todos los partidos de la oposición parlamentaria, el "desastre organizativo" que el Ejecutivo niega.
Los responsables del Gobierno sostuvieron que todo estaba "perfectamente previsto y planificado", aunque asumieron que "Lanbide no sabe cuándo va a entrar en vigor la ley" -dos semanas después, como máximo, de que se publique en el boletín del Parlamento-. Matizaron que cuando la consejera Zabaleta y todos los responsables de su consejería se refirieron en las últimás fechas a llevar las ayudas en enero a Lanbide, se referían a los pagos.
Si la transición de los Ayuntamientos será de 15 días, la de las Diputaciones se hará, como establece la reforma legal, en dos meses, por lo que podría no finalizar hasta mediados de febrero. Y es que hay 60.000 expedientes que deben pasar a manos de Lanbide, según sus cálculos.
El resultado es que en enero, cuando sí pagará ya el Servicio Vasco de Empleo, este organismo "no va a disponer de los expedientes completos", reconoció Ruiz. Por eso, se emplearán los datos forales de diciembre para realizar los pagos. En enero está prevista por primera vez una rebaja de la cuantía mensual de las ayudas del 7%, un recorte incluido en los Presupuestos aprobados ayer en el Parlamento con los votos de PSE y PP.
Preguntado sobre qué ocurrirá si una persona fallece en enero o ya no cumple con los requisitos, Sánchez insistió en que se garantizará la ayuda a todos los perceptores. "No se introducirán datos nuevos", señaló.
Ramos insistió en que el personal de Lanbide -207 orientadores y 300 administrativos- está preparado para afrontar esta nueva tarea. A pesar de este despliegue, las más de 3.900 citas que se han dado son para enero, todas ellas antes del día 20, según el director. Ahora Lanbide da citas previas y recoge documentos, pero no realiza las tramitaciones como tales. Las solicitudes nuevas esperan a que en enero los trabajadores empiecen a atender las citas previas.
Los tres dirigentes resaltaron la colaboración de los Ayuntamientos y las Diputaciones en este proceso de transición. Si estas últimas están afrontando los pagos de diciembre, los Ayuntamientos siguen gestionando algunos expedientes, los de solicitudes de antes del 13 de diciembre que están sin cerrar. En este sentido, achacaron el colapso de una oficina de Vitoria el lunes a que el Ayuntamiento comprendió "de una manera un poco diferente al resto" las instrucciones.
Renovaciones interrumpidas
Argilan, la plataforma puesta en marcha por el sindicato ESK contra la exclusión social, criticó ayer que "numerosas familias" que se encontraban en pleno proceso para renovar sus ayudas sociales en Bizkaia vieron ayer que no se les ha ingresado el importe correspondiente al mes de diciembre. El cobro de las partidas exige una renovación cada dos años, explicaron fuentes del colectivo, pero este proceso se ha visto interrumpido con el traspaso de las ayudas a Lanbide.
"Hasta que Lanbide tenga operativo su sistema [informático] nadie va a realizar la renovación de su prestación", censuró esta organización a través de un comunicado. El Servicio Vasco de Empleo "solo puede gestionar citas para el próximo mes de enero, pero no introducir datos ni manejar expedientes o dictar resoluciones", añade el texto.
Estas familias se han encontrado con que "yo no hago [la Diputación], tú tampoco [Lanbide, que tiene la competencia desde el pasado 13 de diciembre], y el que no cobra es el ciudadano que necesita la ayuda", explicaron dichas fuentes.
Este testimonio contrasta con las palabras del director de Lanbide, Javier Ramos, que en una carta a este periódico señalaba que "los ciudadanos no se encuentran en ninguna tierra de nadie".
Argilan calificó como "chapuza" el traspaso de las competencias y criticó que ejemplos como los denunciados son una "vulneración clara y flagrante del derecho a la defensa de las familias". En este sentido, recordó: "En las pasadas navidades ya vivimos un proceso de suspensión ilegal de las prestaciones de más de 6.000 familias".
Entonces el Gobierno vasco ordenó a las Diputaciones que congelaran las ayudas a 6.200 familias en diciembre, porque sus miembros no cumplían con una obligación de la ayuda, pero no tuvo en cuenta los procedimientos legales para ello.
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