El Tribunal Supremo cuestiona la congelación de las tarifas eléctricas

El Tribunal Supremo, sin querer o queriendo (dura lex, sed lex), mete presión al nuevo Gobierno. Justo el día en el que el nuevo ministro de Industria, José Manuel Soria, se estrenaba en un asunto sensible como el del recibo de la luz para adelantar, en declaraciones a RNE, que no se plantea subirlo en enero, el alto tribunal cuestionó la decisión. Lo hizo en un auto, contra el que no cabe recurso, que da la razón a Endesa e Iberdrola y suspende la decisión que tomó en octubre el Ministerio de Industria de rebajar la parte regulada del recibo (los llamados peajes) para compensar el encarecimiento de la energía y, con ello, forzar una congelación de las tarifas. Industria aseguró ayer desconocer el auto recogido por Europa Press y declinó valorarlo hasta que no cuente con el análisis de la Abogacía del Estado.

El auto deberá tenerse en cuenta para futuras revisiones

Las empresas temen una quita de la deuda que tienen reconocida

Los peajes, que deben cubrir los costes de distribución, transporte y primas a las renovables, entre otros conceptos, suponen el 50% aproximadamente de la factura. La otra mitad la compone el precio de la energía que se fija en subastas trimestrales.

Teóricamente, el mecanismo de revisión de tarifas es aséptico: se cubren los costes en los que incurren las compañías por distribuir y transportar la electricidad y se aplica la subida (o la bajada) de los precios de la energía en el mercado. Pero en la práctica, el Gobierno compensa subidas y bajadas de peajes y precios energéticos para maniobrar con el recibo que pagan más de 20 millones de usuarios (los acogidos a la tarifa de último recurso, TUR).

En octubre pasado, con una fuerte subida de los precios del kilovatio (entre el 9% y el 13%, según tramos), el recibo hubiera debido subir en torno al 5,9%. No subió. Para congelar la factura, en lo más profundo de la crisis, Industria rebajó en torno al 12% la parte en la que puede actuar (los peajes). Resultado: el llamado déficit tarifario (diferencia entre ingresos y costes del sistema) superó el límite legal de 3.000 millones en los 10 primeros meses (3.258 millones) y disparó las reclamaciones del sector, concretadas en recursos de la asociación patronal Unesa y de las empresas.

En el caso de la revisión de tarifas para enero, el Gobierno saliente -tras hablarlo con el PP- decidió lo contrario: compensar la bajada de la energía del 10% con una subida de peajes del 11% para dejar las tarifas congeladas y, al tiempo, contener tímidamente el déficit tarifario.

Pero como ya sucedió en una ocasión anterior -julio de 2010- cuando el ya exministro de Industria, Miguel Sebastián, pactó con el PP (Cristóbal Montoro) la congelación del recibo de la luz, el Supremo ha dado la razón a las empresas para defender la aplicación de las normas en vigor. En concreto, el tribunal ha suspendido ahora varios preceptos de la orden ITC/2585/11 por el que se revisan los peajes a partir del 1 de octubre de 2011. En la práctica, la decisión supone la obligación de aplicar los peajes anteriores a la rebaja de octubre. Pero ni siquiera las empresas recurrentes lo tenían ayer claro. Teóricamente, aseguraban fuentes de las eléctricas, el problema debería abordarse en futuras revisiones. Como el auto del Supremo se ha conocido apenas una semana antes de que el nuevo Ejecutivo tome una decisión sobre las tarifas del próximo año, la conclusión evidente es que supone una presión importante para el nuevo ministro de Industria. Ayer, en RNE, Soria afirmó que no prevé aprobar un incremento tarifario para enero y que su voluntad es reunirse con el sector para arreglar el "grave problema" del déficit de tarifa, un desfase que supera ya los 22.000 millones de euros y que se ha generado al ser los ingresos vía recibo de la luz insuficientes para cubrir los costes del sistema. "Hay que buscar fórmulas", dijo Soria, para que el déficit tarifario no recaiga en los consumidores.

Esa idea, que los consumidores no sean los que soporten todo el peso de un déficit generado desde hace 10 años, la esgrimió también en el debate de investidura el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Es una idea que toca el nervio del sector, que teme la posibilidad de que el nuevo Ejecutivo, obligado a remendar los desgarrones por los que se descuelga el déficit, decrete una quita de la deuda acumulada y reconocida al sector.

Los nervios y los temores se han traducido en cálculos e informes variados sobre la evolución de las cuentas del sector, la mala regulación o la supuesta carestía de las energías renovables frente a la generación tradicional.

La asociación patronal Unesa fue la encargada de marcar el terreno al nuevo Gobierno tras las elecciones del 20 de noviembre. A principios de este mes envió una carta al Ministerio de Industria en la que solicitaba una subida mínima de los peajes del 30% en el ejercicio 2012. Ese porcentaje se traduciría, de ser aceptado, en una subida mínima del 15% en el recibo, y eso sin tener en cuenta las posibles subidas trimestrales del término de energía en los próximos meses.

En 2011, el recibo de la luz subió en dos ocasiones. En enero lo hizo en un 9,8%, porcentaje que provocó una fuerte polémica, y en julio un 1,5%.