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Alperi interfirió en la redacción del Plan General de Alicante

Cantallops asegura ante el juez que recibió "presiones indirectas"

El primer redactor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, Lluís Cantallops, admitió ayer haber recibido presiones para influir en su trabajo entre 1999 y 2005, cuando desarrolló su tarea. Presiones "indirectas", puntualizó, a través de los técnicos y que dijo "no poder asegurar" de donde procedían.

El arquitecto catalán vinculó su despido en 2005 a su mala relación con Luis Díaz Alperi. "No nos entendíamos", enfatizó en referencia al exalcalde. Preguntado por los periodistas, consideró que "seguramente" lo destituyeron porque Alperi quería interferir en el PGOU.

Según Cantallops, Alperi era "más guerrero", mientras que de Sonia Castedo, exedil de Urbanismo y actual alcaldesa, dijo que era "más discreta". Cantallops recordó que estuvo en desacuerdo con la decisión de excluir del PGOU la tramitación del Plan Rabassa, el polémico macroproyecto urbanístico de Enrique Ortiz. El arquitecto, por otro lado, negó haber recibido indicaciones para reunirse con promotores y aseguró no conocer a Ortiz.

Cantallops fue el primero de los tres testigos citados ayer a declarar en el juzgado de Instrucción 5 de Alicante, que instruye la rama del caso Brugal que investiga el supuesto amaño del planeamiento a favor de Enrique Ortiz.Pese a la referencia directa de Cantallops a Castedo, fuentes jurídicas presentes en la sala explicaron que durante su declaración el arquitecto aseguró que la interlocución política empezó a decaer coincidiendo con la llegada de la actual alcaldesa de Alicante al área de Urbanismo, en el año 2003.

Durante su declaración, Cantallops añadió que la indicación que recibió de Castedo fue excluir el Plan Rabassa del PGOU y también otra zona cuyo desarrollo estaba previsto en el límite con el término municipal de Xixona, según detallaron fuentes jurídicas. Según estas mismas fuentes, Cantallops presentó un planeamiento completo que "murió por inanición" al no haber voluntad política de completar su tramitación. En 2007, el Ayuntamiento de Alicante tuvo que abonar 32.770 euros por rescindir oficialmente el contrato con la empresa Segesta, SA, de Cantallops. Y en febrero de 2008 se adjudicó la redacción del plan a Laboratorios de Proyectos, de Jesús Quesada, imputado en la causa.

Tras Cantallops entró a declarar Miguel Ángel Cano, jefe de planeamiento de Urbanismo y uno de los técnicos que fue relegado durante la remodelación del departamento en 2007. Cano respondió a las preguntas durante más de tres horas y a la salida del juzgado, visiblemente irritado, no quiso hacer declaraciones. Fuentes jurídicas presentes en la sala, sin embargo, detallaron que Cano dejó claro que Cantallops entregó en diciembre de 2004 el nuevo Plan General completo (y no a medidas como algunas fuentes apuntan) y que entre ese momento y 2007 no hubo voluntad política de tramitarlo aunque reunía las condiciones para haber salido a exposición pública. Las mismas fuentes agregan que Jesús Quesada fue contratado para redactar un plan distinto, "desarrollista", frente al más "contenido" que planteaba Cantallops.

Cano aseguró también no conocer al hermano de Sonia Castedo, José Luis Castedo, socio junto con Javier Gutiérrez del despacho de abogados Salvetti, bufete que la investigación cree que sirvió a Alperi de puente para facilitar los datos secretos del Plan General a Ortiz. A partir de ahí, las distintas fuentes difieren en sus declaraciones. Unas aseguraron que Cano declaró que ni Gutiérrez ni Castedo resolvían alegaciones, labor que atribuyen a una comisión con técnicos municipales y el equipo redactor. Otras fuentes, sin embargo, matizan que Cano aseguró conocer a Gutiérrez de alguna reunión sobre las alegaciones al PGOU. El técnico negó haber recibido presiones políticas para beneficiar en el planeamiento a ningún empresario y según algunas fuentes aseguró que Cantallops fue despedido después de reclamar un aumento de sus honorarios.

Tras Cano entró a declarar ya por la tarde el exconcejal de Seguridad Pablo Suárez, hombre de confianza de Alperi durante 14 años en el Ayuntamiento de Alicante y al que Castedo destituyó menos de un año después de asumir la alcaldía. El sumario del caso Brugal recoge que Suárez fue destituido tras negarse a una adjudicación a la empresa del hijo de Alperi.

Tras una breve declaración, Suárez aseguró a la salida del juzgado que su destitución obedeció simplemente a que dejó de ser persona de confianza de Sonia Castedo. "Yo no entraba en sus planes", esgrimió Suárez, quien aseguró a renglón seguido que la nueva alcaldesa remodeló toda el área y no solo su puesto.

Suárez también aseguró que el hijo de Alperi les hizo una consulta pero que en ningún caso se le denegó adjudicación alguna. El exconcejal del Ayuntamiento de Alicante también negó haber sido presionado por Alperi en ningún sentido relacionado con su hijo.

Hoy están llamados a declarar en calidad de testigos ante el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante tres trabajadores del promotor Enrique Ortiz.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 22 de diciembre de 2011