El gasto en ayudas de emergencia cae un 45%

La política de endurecimiento de la concesión de las ayudas sociales impuesta por el Gobierno empieza a hacer efecto. El primer paso que dio la consejera Gemma Zabaleta a finales de 2010, que fija límites más exigentes para solicitar las Ayudas de Emergencia Social (AES), ha hecho que este año el Ejecutivo haya destinado 13,4 millones de euros a estas ayudas puntuales para momentos de necesidad. Sobran, a falta de las peticiones de la segunda quincena de diciembre, 3,9 millones de euros de los 17,3 millones inicialmente presupuestados. La cantidad resulta un 45% inferior al dinero que se destinó a las AES en 2010, año en el que se emplearon para este concepto 24 millones de euros: 17,3 millones presupuestados y otros 6,7 que se aportaron después de que los Ayuntamientos alertasen de que no llegarían a fin de año.

La consejería facilitó ayer estos datos, tras la aprobación en el Consejo de Gobierno de la orden de AES para el próximo año, con los mismos criterios restrictivos que han regido en 2011: se rebaja el tope de patrimonio para pedir las ayudas a 8.000 euros frente a los 40.000 fijados hasta 2010 y se incluyen criterios de progresividad en las cuantías a recibir. El cambio fue el precedente para la modificación de la principal ayuda social, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), cuyos requisitos de acceso se han endurecido. Su cuantía mensual también se ha reducido en un 7%.

La nueva orden mantiene los 17,3 millones de euros de asignación para las AES en 2012, el primer año en que resultará más difícil acceder a la Renta de Garantía. Fuentes de la consejería explicaban ayer que las cuantías máximas de las AES se mantienen excepto en el caso del concepto de alquiler de vivienda, que cae en un 7%.

Mientras, el director de Formación de Lanbide, Pedro Sánchez, explicó ayer que un 15% las personas perceptoras de ayudas -8.400- no disponen de oficinas de la entidad en su municipio. Desde enero próximos, cuando la gestión de las ayudas pase de los Ayuntamientos al Servicio de Empleo, tendrán que desplazarse para tramitarlas. Sánchez anunció que funcionarios de Lanbide acudirán a las casas de personas mayores y discapacitadas con dificultades para esos traslados con el fin de que no se queden sin ayudas.

[El Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Gipuzkoa emitió ayer un comunicado en el que censura el "caos" organizativo ante el cambio en la gestión de las ayudas sociales y plantea crear un "gabinete de crisis" para coordinar a profesionales que han trabajado en este área y los orientadores de Lanbide].