Barcelona, ciudad amable para el coche

En 2012 el barcelonés se enfrentará a una subida media de un 7,8% del transporte público: metro, ferrocarriles y bus, y al encarecimiento del 25% del Bicing, y en cambio tendrá unas rebajas de hasta el 5% de tasas e impuestos ligados al uso del vehículo privado. Ambas políticas las han decidido los gobiernos nacionalistas de los dos lados de la plaza de Sant Jaume. Si en las subidas del transporte público la voz cantante la lleva la Generalitat, que tiene la mayoría en el seno de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), en el caso de las revisiones a la baja de las tasas y los impuestos municipales la decisión es del alcalde, Xavier Trias, y de Alberto Fernández Díaz, del PP.

El gobierno municipal de CiU se quedó solo intentando justificar el incremento del transporte público por el encarecimiento del servicio de la red y la disminución de la aportación de la Administración central. Eso argumentó el primer teniente de alcalde, Joaquim Forn. Frente a él, una lluvia de críticas de todo el arco político, desde Unitat per Barcelona hasta el Partido Popular. Quien más quien menos recordaba que el alcalde contestó a una pregunta en el último pleno sobre la subida del transporte público y la situó en poco más que el IPC. La realidad ha sido muy diferente y el PSC e ICV se preguntaban dónde estaba el "liderazgo" de Trias frente a Artur Mas. El PP calificaba la subida de "tarjetazo" y Jordi Portabella (UxB) alertaba de los efectos sobre la salud, ya que, opina, se utilizará más el vehículo pirvado. Tanto la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona como la Plataforma por el Transporte Público (PTP) y la Síndica de Greuges consideran que el incremento de las tarifas es excesivo, desproporcionado, espectacular y abusivo, según los calificativos utilizados.

La síndica, Maria Assumpció Vilà, se preguntaba qué pasará con las personas que no tienen ingresos o cobran la renta mínima: "Habrá personas que no podrán pagarlo".