Un juez absuelve a Pablo Soto, creador de programas P2P
Las discográficas pedían 13 millones por facilitar el intercambio de archivos
Pablo Soto ha vencido a las discográficas. El joven informático español, creador de programas de intercambio de archivos P2P como Manolito, Blubster y Piolet, no deberá pagar los 13 millones de euros que la patronal y las cuatro principales discográficas le reclamaban por "infracción de la propiedad intelectual y competencia desleal". El juez desestimó ayer la "totalidad" de la demanda contra Soto, que fue absuelto con "expresa condena en costas" a los demandantes. El fallo es, sin embargo, recurrible.
La justicia ha tardado tres años en resolver este caso. En junio de 2008 Promusicae, Warner, Universal, EMI y Sony BMG demandaron a Soto ante el juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid. En un escrito de más de 100 folios, los demandantes argumentaban que el desarrollador creaba sus aplicaciones "con evidente ánimo de lucro" y con una "conducta parasitaria" para obtener provecho de la obra de otros. Soto, en cambio, aseguraba que simplemente había desarrollado una herramienta tecnológica y que "no se le podía acusar por el uso que le diesen después los demás".
Desde el año 2000, millones de internautas han descargado las aplicaciones que Soto, músico vinculado al movimiento copyleft, creó para intercambiar anónimamente archivos de audio. Su empresa, MP2P Technologies, ofrecía entonces estas aplicaciones gratuitamente, a cambio de publicidad, o en versión premium por 14,95 euros. Hoy, hay oferta de pago para SuperManolito, que cuesta 19,90 dólares (unos 15 euros).
El juicio, donde las discográficas acusaron a Soto de "lucrarse con el 90% de sus canciones", quedó visto para sentencia en mayo de 2009. Desde entonces las partes han esperado una sentencia, que fue notificada ayer.
El juez considera probado que Soto es el "autor de un producto tecnológico" que sirve para intercambiar de "datos de audio, instrumento no apto per se para desproteger obra protegidas". El perito de Promusicae reconoció que "la finalidad del programa es el intercambio de archivos de audio, y no el de canciones de los demandantes". Así, el juez rechaza que haya infracción de la propiedad intelectual porque queda acreditado que los demandados no "almacenan, copian o difunden obra intelectual alguna". Además, considera que "el hecho de facilitar
[el intercambio de archivos] no es una actividad prohibida en la legislación", basándose en varias sentencias donde los magistrados consideraron que las páginas de enlaces no vulneran la propiedad intelectual. En este caso, no se considera a Soto prestador de servicio en Internet sino autor de un programa informático.
Respecto a la competencia desleal, el juez tampoco la considera acreditada. "Los portales P2P comercializados por los demandados son herramientas informáticas, de carácter neutro". Y añade: "Los archivos que los usuarios intercambian (...), son en ocasiones fonogramas (...) no proporcionados por los demandados sino por los propios usuarios, no existiendo nexo de causalidad entre la conducta de los demandados y los usuarios que, sin respetar las normas de protección de propiedad intelectual, deciden compartirlos con terceras personas".
David Bravo y Javier de la Cueva, abogados de Soto, manifestaron ayer a a este diario su satisfacción: "Es importante que las empresas que hacen desarrollo tecnológico estén blindadas contra quienes lo quieren impedir. Hemos defendido el P2P, un sistema de transmisión de información muy eficaz en el uso de las redes, que usan Telefónica, RTVE y muchas universidades".
"Se cargaron mi empresa"
Pablo Soto se pasó toda la mañana de ayer llorando. Luego, más calmado, aseguraba que podía "respirar más tranquilo" tras quitarse una "espada de Damocles" de 13 millones de euros.
El madrileño no sabe todavía si reclamará a las discográficas. "Cuando me pusieron la demanda tenía una empresa con ocho ingenieros, que se cargaron. Ahora, espero volver a recuperar inversores, porque durante este tiempo ha sido imposible localizar a alguien que apostara por mi trabajo".
"La sentencia será debidamente apelada", aseguró mediante comunicado Antonio Guisasola. El presidente de la patronal de las discográficas Promusicae añadió: "Es un día triste para la industria cultural española pues supone que quienes se lucran, fomentando el pirateo de contenidos protegidos con los programas que crean, pueden sentirse hoy un poco más impunes. Sin perjuicio de que sabíamos que esta iba a ser una batalla judicial larga y de que la sentencia va a ser apelada, esta decisión judicial demuestra que nuestra legislación debe ser revisada en profundidad: no tiene sentido que cuando en Europa se persigue la piratería tanto a través de las webs de descarga o enlaces como, en muchos casos, a los usuarios de las redes P2P, aquí se den sentencias como esta y se quiera consagrar la idea de que en Internet todo vale"
"Estos días veremos la toma de posesión de un nuevo Gobierno que ha destacado la importancia de la industria creativa y su compromiso con su defensa, por lo que esperamos que se tomen medidas decididas para poner fin a una lacra que ha convertido a nuestro país en la cloaca de Europa en lo que a tolerancia con el robo y saqueo de la creación se refiere".
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