El tratado del euro entrará en vigor con la firma de nueve Estados

El futuro Acuerdo Internacional para Reforzar la Unión Económica dio ayer el primer paso. El primer borrador de tratado que persigue reforzar la disciplina presupuestaria y la coordinación económica establece que el texto entrará en vigor en cuanto nueve Estados de la zona euro (la mitad más uno de los 17) lo hayan ratificado. Las negociaciones empezarán a toda máquina la semana próxima con el objetivo de que terminen el 1 de marzo. El texto, que consta de 14 artículos, es una traslación al lenguaje jurídico propio de un Tratado de la Declaración de los líderes del euro del pasado 9 de diciembre.

En las negociaciones participarán tres representantes de cada uno de los 26 Estados miembros que hayan mostrado su disposición a ratificar el nuevo Acuerdo, es decir, todos los de la UE excepto Reino Unido, que asistirá a las reuniones en calidad de observador. Participarán también en los debates representantes de la Comisión Europea, Banco Central Europeo, Consejo Europeo, del gabinete de su presidente, Herman van Rompuy, y del servicio jurídico del Consejo. Los miembros del euro y los no pertenecientes a la moneda única participarán en igualdad de condiciones.

El objetivo es que el documento esté listo el próximo 1 de marzo

La idea de que el nuevo tratado se aplique a los miembros del euro que lo hayan ratificado una vez haya entrado en vigor implica la posibilidad de que algunos países no lleguen a ratificarlo nunca y, por tanto, constituyan un grupo que avanzaría a una segunda velocidad dentro de la moneda única. El Acuerdo también podrá aplicarse a los demás países de la UE que no son miembros del euro, pero que también lo hayan ratificado en determinadas condiciones.

El reforzamiento de la disciplina presupuestaria y la coordinación económica se logrará por varias vías. En primer lugar todos los Estados se comprometen a tener un presupuesto equilibrado, es decir, que los gastos no pueden superar los ingresos, o con superávit. Se admitirán salvedades tales como las excepcionales circunstancias económicas en que se encuentre un país o los periodos de profunda recesión económica. Estas reglas deberán inscribirse en las Constituciones nacionales de cada país, la llamada regla de oro, como ya hizo España el pasado verano. El control de estas obligaciones se efectuará a través de un mecanismo que se activará automáticamente y se regulará a nivel nacional. Los países deberán presentar un plan de medidas para corregir las posibles desviaciones.

Los Estados que hayan ratificado el tratado podrán llevar ante el Tribunal de Justicia de la UE a cualquiera de los otros miembros vinculados por el mismo, si no ha aplicado debidamente la regla de oro y las medidas para corregir los incumplimientos.

Otro de los compromisos asumidos es que los países cuya deuda supere el 60% del PIB se comprometen a reducir el exceso a un ritmo de una veinteava parte cada año.

Los países que hayan ratificado el tratado y se encuentren sometidos a procedimientos de déficit excesivo, serán sometidos a un severo control de sus presupuestos con la obligación de presentar "programas detallados de las reformas estructurales necesarias para asegurar una efectiva corrección de sus déficits". El control corresponderá a la Comisión Europea.

Igualmente deberán presentar a la Comisión Europea un informe previo a cada una de sus emisiones de deuda. Actualmente todos los Estados miembros de la UE están sometidos a procedimientos por déficit excesivo, excepto Finlandia, Suecia, Estonia y Luxemburgo.

El objetivo de la unión fiscal ha quedado establecido de una manera más genérica a través del mecanismo de cooperaciones reforzadas previsto en el tratado, que permite a los países avanzar en los asuntos en que se pongan de acuerdo siempre que sean nueve como mínimo.

El borrador del Acuerdo establece también el compromiso de las partes contratantes a "estimular el crecimiento, aumentar la convergencia y la competitividad y mejorar el funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria". Para ello se consideran claves las acciones previstas en el pacto del euro-plus aprobado el pasado marzo, cuyos objetivos son el aumento de la competitividad, el impulso del empleo, la sostenibilidad de las finanzas públicas y reforzar la estabilidad financiera.