"En el hospital me dijeron que el tratamiento era gratuito"

"Fui a hacer un acto de humanidad y acabé metido en un lío que me está volviendo loco". Así resume José Díaz, de 51 años, la odisea que empezó a vivir en 2007, cuando, tras acudir a donar sangre, le diagnosticaron que era seropositivo. La noticia se la dio el director del centro de transfusión de Jaén y fue él mismo quien, asegura José, le remitió al hospital público de la ciudad para que le trataran.

Ahí empezó el problema: José es guardia civil y, como la de muchos funcionarios, su cobertura sanitaria corría a cargo de Asisa. Le trataron en un hospital del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el funcionario tiene ahora embargada su casa, una plaza de garaje y la devolución del IRPF de 2008 porque el SAS le reclama 5.060 euros por la medicación que le administraron.

El paciente tenía seguro privado, pero se trató en un centro público

La Consejería de Salud sostiene que José nunca contó que estaba asegurado por una compañía privada, pero el enfermo insiste en que lo dejó claro nada más llegar al hospital. "Les dije desde el primer momento que era de Asisa. Apuntaron mi número de tarjeta y todo", asegura. "El 27 de junio de 2007 el médico me dijo que el tratamiento era gratuito y que la medicina tenía que recogerla en la farmacia del hospital", detalla.

Empezó a medicarse y no fue hasta noviembre de 2008 cuando, según José, se enteró del embargo al acudir extrañado a la delegación de Hacienda porque no le habían ingresado la devolución del IRPF. El SAS reclamó el dinero a Asisa y se ampara en la Ley General de Sanidad, de 1986, que establece el derecho de todos los ciudadanos a recibir atención en la sanidad pública y en dos sentencias de los tribunales superiores de Galicia y Canarias, que fijan la "obligación legal" del servicio público de prestar esta atención. "Si no le hubiéramos atendido estaríamos prevaricando", asegura un portavoz del SAS, que entiende que la factura debe pagarla el Isfas (el Instituto Social de las Fuerzas Armadas) o Asisa.

La compañía alega que ni José ni la Consejería de Salud le habían comunicado que su asegurado era seropositivo y que había acudido a tratarse a un hospital público. "Yo no fui a ningún médico", se defiende el enfermo, que está de baja definitiva por un trastorno ansioso depresivo. "Fui a donar sangre y de allí me mandaron al hospital. Yo no sabía si la Administración había hablado o no con la compañía". José asegura, además, que cuando se enteró de que el SAS le reclamaba el dinero, llamó insistentemente a Asisa. "Solo me decían que ellos eso no lo cubrían. Y no me daban más solución".

El asunto ha llegado a los tribunales porque José ha recurrido el embargo. Mientras, espera que se asigne una nueva fecha para el juicio, que se suspendió el pasado martes para pedir la comparecencia de Asisa y del Isfas. "Salí del Juzgado desmoralizado, yo pensé que ya todo iba a acabar y otra vez empezamos", lamenta. José se marchó en 2009 de Jaén y ahora vive en Almería, donde sigue con su tratamiento. Allí sí que ha conseguido que le atiendan en la compañía privada, aunque acude a revisiones periódicas al hospital Torrecárdenas.