Barreiros prima su caótico urbanismo frente a una autovía

Para el Ayuntamiento de Barreiros, en suelo rústico se pueden construir viviendas privadas sin servicios urbanos que luego pagará la Administración, pero no una obra de interés público. Eso es lo que se desprende de sus alegaciones ambientales a la Autovía Barreiros-San Cibrao. El gobierno local del PP, que consintió que se continuaran construyendo edificios en terrenos que la Xunta advirtió que podrían ser rústicos, y por tanto ilegales, puso pegas a que el Ministerio de Fomento ocupe espacios similares para construir su infraestructura, que por su interés general estaría permitida.

El Ministerio de Medio Ambiente hizo pública esta semana la Declaración de Impacto Ambiental de la vía que Fomento construirá para conectar la Autovía del Cantábrico con el puerto de San Cibrao, donde enlazará con el corredor que la Xunta está ejecutando entre ese punto y Ferrol. La nueva autovía, de 30 kilómetros de los que un par discurren por Barreiros, recibió numerosas alegaciones, pero el Gobierno entiende que es ambientalmente viable si se toman precauciones al paso por los ríos Masma y Ouro, la ría de Foz y los montes de Buio y Cabaleiro, espacios con diversas figuras de protección ambiental.

En sus alegaciones, Barreiros reclamaba modificar el cruce de la ría de Foz que ahora valida Medio Ambiente argumentando que implicaría rellenos en suelo rústico, en este caso de especial protección de costas. Fomento responde que la obra se hará con pilares y argumenta que variar el trazado afectaría a dos núcleos de población.

Esquivar la depuradora

Frente a esta preocupación, el Ayuntamiento dejó en su momento construir viviendas en terrenos que la Xunta también consideraba rústicos. La legalidad de muchos de esos casos quedará sin aclararse al decidir el actual Gobierno gallego renunciar a la vía judicial iniciada por el bipartito y regularizar esas construcciones con un convenio por el que Xunta, Diputación y Ayuntamiento pagan 14 millones de euros para dotar de servicios a esos terrenos que carecían de ellos.

Ayuntamiento y Xunta coincidieron en otra alegación que sí fue aceptada. Reclamaron un trazado concreto para no ocupar terrenos de una de las depuradoras que contribuirá a subsanar con fondos públicos las carencias que presentaban las viviendas levantadas en zonas que no contaban con saneamiento.