No usarás a la Corona en tu provecho

Era como una mina de efecto retardado que podía estallar de un momento a otro, pero la sacudida se produce en el momento en que la crisis desgasta la imagen de las instituciones del Estado y los españoles suspenden por vez primera a su Corona, bien es verdad que por tan solo dos décimas, un 4,8. ¿Habría que prohibir a la familia real hacer negocios, como plantea el senador Jordi Guillot de Iniciativa Per Catalunya-Verts)? ¿Exigir a la Casa del Rey que detalle sus cuentas, como reclama IU desde hace años y ahora también UPyD? El caso Urdangarín es un escalofrío de presión y bochorno que recorre la espina dorsal de la Monarquía y que ha obligado a La Zarzuela no solo a apartar al marido de la infanta Cristina de los actos oficiales, sino también a anunciar que hará públicas sus cuentas en la web antes de fin de año.

"El Rey gasta poco e invierte bien", dice una fuente de La Zarzuela

La Casa Real dispone este año de un presupuesto de 8,4 millones

Los españoles han suspendido por primera vez a la Corona en el CIS

'Forbes' atribuye al jefe del Estado español una fortuna de 1.790 millones

La instrucción para las infantas es que sean activas pero no hagan negocios

Urdangarin pareció encarnar el elemento integrador con la sociedad

La Casa Real se cree "una de las jefaturas de Estado más baratas y eficaces"

Prohibir la actividad privada alimentaría la idea de una realeza ociosa

¿Tendrán que recomponer de nuevo la fotografía de la familia real que se ofrece a los españoles en la web oficial de la Casa del Rey? De izquierda a derecha, el Rey, la Reina, la infanta Cristina, su marido, Iñaki Urdangarin, la infanta Elena, la princesa consorte Letizia Ortiz y su esposo Felipe, el príncipe heredero; todos posando relajados y sonrientes, a medio camino entre la solemnidad requerida y la naturalidad buscada, en esa franja del comportamiento gestual en la que la familia se maneja con soltura. De la fotografía regia ya se cayó el 21 de enero del pasado año Jaime de Marichalar, tras su divorcio con la infanta Elena. Luego, ha sido desposeído del título de duque de Lugo y apartado, en cascada, de los Consejos de Administración de una serie de sociedades que, ahora es ya evidente, no le cedieron una plaza por méritos propios, sino por haber emparentado con la Corona.

Roto el matrimonio, deshecho el vínculo que le ligaba a la Casa del Rey, Marichalar no solo ha perdido el favor real, sino también el prestigio y las expectativas de influencia, negocio y poder que aporta esa pátina como dorada y algo mágica que envuelve a la Corona. Hasta su figura en el Museo de Cera de Madrid ha sido retirada y arrinconada en el sótano del edificio. "El Rey te lo da y el Rey te lo quita; fuera de la familia real, solo eres tú" podría ser la máxima monárquica en estas situaciones.

Pero ¿quiénes forman la familia real? ¿Iñaki Urdangarin quedaría fuera de ella en el caso, hipotético, de que los jueces le declararan culpable? Aunque el yerno del Rey y duque de Palma no está todavía imputado, la investigación de la pretendida trama corrupta del Instituto Nóos lleva ya indefectiblemente la etiqueta de su nombre. Y eso que el marido de la infanta Cristina, saltó de la presidencia de esa ONG en 2006, se supone que a instancias de la propia Zarzuela. Es como si, desde la lejanía de un hipotético fallo judicial condenatorio, el trueno del escándalo llevara tiempo anunciándose en las estancias de palacio. La Corona sabe que semejante mancha puede dejarle una salpicadura indeleble, extender el rechazo a la Monarquía y multiplicar las diatribas de quienes, desde el extremismo, abonan el pintoresco lema de Los Borbones a los tiburones.

La Zarzuela difunde su "respeto al trabajo de los jueces" y a la "presunción de inocencia", junto al anuncio de que "el señor Urdangarín tendrá que defenderse por sus propios medios". Son tres mensajes en uno con los que hace malabares. ¿Y qué pasará también con la infanta Cristina si, como antigua tesorera del Instituto Nóos, acaba siendo engullida en la vorágine de descrédito que puede desatar el caso de su marido? ¿Será también apartada de la fotografía, retirada de la línea sucesoria, eliminada de las recepciones, condenada al ostracismo oficial?

Algunos entendidos monárquicos juzgan imprescindible una ley que desarrolle el título II de la Constitución, relativo a la Corona, para aclarar sin género de dudas la composición de la familia real -otra cosa son los familiares del Rey-, y establecer el estatuto del príncipe heredero y el orden sucesorio. "El Príncipe se entrevista con jefes de Estado, pero ni él ni la Reina tienen un estatuto jurídico que les cobije. Aunque la Constitución da libertad al Rey sobre la distribución del presupuesto de la Casa del Rey, lo deseable es que sea público, al igual que su patrimonio personal", sugiere el catedrático de Derecho Constitucional, Antonio Torres del Moral. No es esa la opinión de Gregorio Peces-Barba, uno de los padres de la Carta Magna. "En su momento, nos planteamos una ley orgánica sobre la figura del príncipe de Asturias, pero al final decidimos que era mejor dejarlo a los usos constitucionales y no legalizar ni encorsetarlo todo. El hecho de que el Rey haya optado por dar a conocer la distribución de su dotación presupuestaria nos da la razón", señala Peces-Barba. También el ministro en funciones de la Presidencia, Ramón Jáuregui, se felicita por el anuncio. "Fortalece la credibilidad de la institución, aunque no hay que olvidar que si la Casa del Rey dispone libremente de ese presupuesto es porque como el Congreso, el Senado y otras instituciones, tiene naturaleza constitucional".

"Lo que se produjo en España en 1978 no fue una restauración real, sino la instauración de una monarquía democrática parlamentaria de nuevo cuño", destaca la catedrática de Derecho Constitucional Yolanda Gómez Sánchez. Sin embargo, la opacidad ha seguido envolviendo lo referente a las finanzas de un Rey que siendo Príncipe no dispuso de fortuna que heredar. Su abuelo, Alfonso XIII, murió exiliado en Roma, en la cama de un hotel, y su padre, Juan de Borbón, sobrevivió en Estoril (Portugal) gracias a las donaciones de lo que podría llamarse la internacional monárquica.

Como la Scarlett O'Hara de Lo que el viento se llevó, ¿también don Juan Carlos de Borbón se prometió a sí mismo no padecer nunca más las servidumbres de la falta de dinero? Algo de eso podría aventurarse si se diera crédito a la noticia de la revista Forbes que adjudica al jefe del Estado español una fortuna de 1.790 millones de euros. Solo que los cálculos de Forbes están hechos con la suma del valor estimado de los palacios y jardines reales: el palacio Real, Aranjuez, La Zarzuela, Oriente..., abiertos al eventual uso y disfrute del Monarca, sí, pero Patrimonio Nacional de los españoles. "No creo que su fortuna llegue al 10% del patrimonio de las reinas de Inglaterra o la de Holanda", apunta Yolanda Gómez. De todas formas, ¿no convendría darle transparencia a esas finanzas, aunque solo sea para ahorrarse los rumores, especulaciones y maledicencias? Forman legión las gentes que buscan ser asociados a la Corona para servirse de su influencia y prestigio.

Basta echar un vistazo a la agenda de La Zarzuela para comprender hasta qué punto el mundo de la empresa y los negocios trata de arrimarse a la familia real. Y es que la presencia del Príncipe en la inauguración de una urbanización puede asegurar el éxito de la operación, de la misma manera que una foto buscada con Su Majestad puede abrir puertas insospechadas y también servir de coartada a proyectos fantásticos y a turbios propósitos. La fotografía en la que el presidente del Fórum Filatélico, Francisco Briones, recibió del Rey el Máster de Oro por sus dotes para la alta dirección ha sido exhibida con reproche en las manifestaciones de afectados por esa supuesta estafa.

El prestigio de la Corona es un capital y un patrimonio tan delicado como inmenso que conviene administrar con prudencia porque, como se ha visto en el pasado, en los casos de José María Ruiz-Mateos y de Mario Conde, por ejemplo, las cañas pueden volverse lanzas si quienes en su día se regocijaban de su amistad con el Monarca se revuelven contra él, frustrados porque no encontraron los favores o la protección real que buscaban. De acuerdo con el artículo 65 de la Carta Magna, el Monarca recibe anualmente de los Presupuestos del Estado, previa aprobación de las Cortes, una cantidad que él distribuye a su arbitrio en el sostenimiento de la familia y de la Casa.

Con ese dinero, que en el presente año ha quedado rebajado en un 5,2% hasta los 8,4 millones de euros, paga al personal de la alta dirección y a los funcionarios asignados a su cargo con sueldos equivalentes a los ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales. Abona, también, los gastos de la administración de la Casa del Rey: protocolo, recepciones, dietas, transportes, material de oficina, etcétera, además de retribuir a su familia. El resto lo ahorra, lo invierte o se lo gasta, conocida su afición por los coches y su interés por el mercado del arte. Tanto la Reina como el Príncipe heredero cuentan con una dotación estable, pero no así las infantas, ya emancipadas laboralmente, a las que se retribuye en función de sus servicios de representación a la Casa del Rey.

En conjunto, el jefe de Estado corre con las remuneraciones de una docena y media de personas, puesto que el resto de los empleados en La Zarzuela, hasta un total de 130, dependen a efectos salariales del Ministerio de la Presidencia. A esa plantilla hay que añadirle los militares, los guardias civiles encargados de la seguridad y los conductores de los vehículos oficiales. Por supuesto, todos los gastos derivados de sus viajes y visitas oficiales al extranjero los abona el Ministerio de Exteriores. Desde la intentona golpista del 23-F, impulsada por el general Alfonso Armada, antiguo preceptor del Rey, los nombramientos de los altos cargos de La Zarzuela deben ser refrendados por el presidente del Gobierno.

Aunque el artículo 56 de la Constitución establece que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, la gestión presupuestaria de la Casa de Su Majestad responde formalmente a los procedimientos de la Administración pública y a la legislación laboral. Un interventor del Estado asesora en cuestiones técnicas al monarca que, al igual que el resto de la familia real, hace su declaración de renta y paga sus impuestos. Otra cosa son las donaciones y los innumerables regalos, a veces costosísimos, que recibe. ¿Habría que establecer un criterio, un límite de valor, un código de conducta, para decidir qué regalos podría reservárselos el Monarca y cuáles deberían pasar al Patrimonio Nacional?

"El secreto de la fortuna personal del Rey reside, sobre todo, en gastar poco, ya que la familia tiene casi todo pagado, y hacer buenas inversiones", indica una persona vinculada a La Zarzuela. Desde los escándalos protagonizados por Manuel Prado y Colón de Carvajal, antiguo administrador del patrimonio del Monarca, la Corona se cuida mucho de que sus inversiones en acciones o sus adquisiciones se hagan en nombre de Su Majestad. Puertas adentro, la instrucción general para las infantas, consortes y demás es que hay que ser profesionalmente activos, pero no dedicarse a los negocios. Y se supone que, pese a todo, el precepto supremo de "No usarás el nombre y la imagen de la Corona en vano ni en provecho propio" debería seguir vigente. "La de España es una de las jefaturas de Estado más baratas y con más actividad y eficacia del mundo", sostienen todas y cada una de las personas aquí entrevistadas.

Prohibir al conjunto de la familia real participar en negocios acarrearía tener que pagarles un salario público. ¿No alimentaría también la perniciosa idea de una realeza improductiva, parasitaria? El sentido común parece dictar que tanto los Monarcas como el Príncipe heredero deben quedar al margen de los negocios y que, como la mujer del César, no solo están obligados a ser honestos, sino también a parecerlo. Y es que en el caso de España, la Monarquía parlamentaria solo tiene sentido en la medida en que representa y simboliza eficazmente la naturaleza democrática y la unidad y pluralidad del Estado.

Aunque conserva viejos elementos estructurales, como el carácter hereditario y el peculiar estatuto jurídico del Rey y su familia, está llamada a desempeñar un papel ejemplificador de los valores de la cohesión y la convivencia. Precisamente, Iñaki Urdangarin, hijo de un exdirigente del PNV, pareció encarnar ese esfuerzo integrador de la Corona, radicalmente incompatible con el tráfico de influencias y la corrupción.

"Pediría que mi cuerpo fuera envuelto en la bandera tricolor de la República. No sería una toma de posición política. Estoy convencido de que la Monarquía parlamentaria es hoy por hoy, habida cuenta de las circunstancias políticas españolas, el mejor sistema posible para garantizar la democracia, para mantener la imprescindible cohesión de los diferentes componentes nacionales de España: la mejor forma de desarrollo de la res pública, en definitiva", dejó escrito el intelectual y político, superviviente del campo de concentración de Buchenwald, rojo declarado, Jorge Semprún. A esa sensibilidad política, republicana de corazón pero juancarlista por realismo democrático, debe servir también la Monarquía española desde la prudencia, la honestidad y la transparencia.