Terra Mítica, el mayor fiasco de la apuesta turística del Consell

El parque temático ha sido un negocio desastroso desde su apertura

Terra Mítica, el gran parque temático que los empresarios de Benidorm le reclamaron a Eduardo Zaplana cuando era alcalde de la ciudad, no ha podido salvarse de la crisis y la nefasta gestión de la Generalitat, propietaria del 22,3% de sus acciones. Asfixiado por las deudas desde que abrió, el Consell se ha rendido a la evidencia y ha entregado el complejo de ocio a una empresa privada. A cambio, los accionistas que fueron embarcados en el ruinoso negocio por el también expresidente de la Generalitat recibirán del comprador, la empresa Ocio y Parques Temáticos, 65 millones de euros con los que vendrán a cubrir la deuda acumulada por el parque desde que se levantó la suspensión de pagos. Lo que fue concebido como el mascarón de proa del turismo valenciano ha acabado sumergido en su proceloso viaje con un lastre de centenares de millones de euros.

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¿Y qué compran sus nuevos dueños? De entrada, una empresa que en el balance de 2009, último año cuyas cuentas están inscritas en el Registro Mercantil, tenía un capital escriturado de 197 millones de euros y terrenos, construcciones e instalaciones técnicas por un valor de 213 millones. ¿Una bicoca? Ni mucho menos. Entre 2006 y 2009 acumuló pérdidas por importe de 47 millones (15,76 y 16,49 los dos últimos años, respectivamente) y su facturación, en caída libre, pasó de 23,85 millones en 2008 a 18,11 en 2009 como consecuencia del descenso de visitantes. Solo el gasto de personal de ese último ejercicio superó los 10 millones de euros para una plantilla de 449 trabajadores -que llegó a ser de 652 en 2007-.

La gestión de sus directivos convirtió a Terra Mítica en un polo de atracción de escándalos y noticias negativas. Lo que Benidorm ganó en promoción con el parque fue abocado, en paralelo, a un sumidero de sospechas de oscuros manejos en la compraventa del suelo donde se asentó el complejo y de su entorno, de estrafalarias contrataciones y comisiones por doquier, de una trama de facturas falsas por trabajos nunca realizados o para defraudar a Hacienda, y acusaciones de haber convertido el parque en una agencia de colocación de enchufados del entorno de su impulsor, Eduardo Zaplana. El derroche de dinero alcanzó cotas difícilmente superables. Tanto, que de un presupuesto para su construcción de 240 millones, el parque acabó costando 376.

La sociedad se constituyó en 1998 con un capital social de seis millones de euros, pero los accionistas tuvieron que desembolsar otros 204 millones en siete ampliaciones de capital hasta 2002. Las sucesivas pérdidas llevaron al parque a acumular en 2003 un fondo de maniobra negativo de 91 millones y deudas por préstamos impagados a las cajas por importe de otros 53.

En mayo del año siguiente, el consejo de administración presentó suspensión de pagos, asfixiado por las reclamaciones, incluso judiciales, de centenares de proveedores. Previamente, en enero, había realizado una operación acordeón, que redujo el capital en 100 millones de euros para ampliarlo posteriormente en 50 más. En 2007 volvió a reducir capital en 56 millones, que luego amplió en otros 92. En total, los accionistas de Terra Mítica han aportado 345 millones de euros de capital social.

Para levantar la suspensión de pagos a finales de 2006, las cajas valencianas y otras empresas redujeron su deuda a la mitad y capitalizaron el resto en acciones, lo mimo que la Generalitat, que además le dio cinco años de plazo para devolver 22,7 millones sin intereses. Desde entonces, el Consell y las cajas acumulan más de dos tercios del capital social de la empresa. Además, la subasta de 216.000 metros de su suelo de reserva que se quedó Enrique Ortiz por 85 millones de euros posibilitó que los dos años siguientes el parque tuviera beneficios operativos. Una quimera. Cuando consumió la inyección de capital, volvió a las pérdidas.

Para justificar la inversión, Zaplana pidió cuantos informes fueron necesarios. La cifra mágica que se buscaba era la de los tres millones de visitantes anuales. La Economic Research Associates dio una previsión de entre 1,1 y 1,5 millones de visitas. Baker Leisure Group predijo dos millones. Tampoco llegaba. Finalmente, Price Waterhouse, la firma que asistió a Terra Mítica en su estudio de viabilidad, llegó a la cifra que justificaba la inversión de 270 millones de euros.

Pero los tres millones de visitantes previstos se quedaron al cierre del año pasado en 520.000, un 20% menos que en el ejercicio anterior. Ese año el Consell asumió definitivamente su fracaso y decidió traspasar la gestión de Terra Mítica a manos privadas. En julio de 2010, los dueños de Aqualandia-Mundomar asumieron el control por un canon anual que cubría los intereses de la deuda y la opción de compra ahora ejercida.

Gestión de los fondos europeos

Uno de los mayores despropósitos en la gestión del parque Terra Mítica fue tener que devolver 14,5 millones de ayudas europeas que recibió en 1999 a fondo perdido, más otros seis millones de intereses de demora y recargo de apremio. La mala gestión de aquellos fondos desembocó en una factura millonaria. Y, además, para garantizar la devolución aplazada de la suma, Terra Mítica tuvo que constituir un derecho real de prenda sobre algunas atracciones por importe de 22,45 millones.

En marzo de 2007, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos resolvió declarar el incumplimiento total de las condiciones establecidas para el disfrute de los incentivos regionales por parte del parque y acordó la devolución al Tesoro Público de los 14,5 millones recibidos, más 2,56 millones de intereses. El recurso de Terra Mítica acabó costándole un recargo de apremio de 3,43 millones.

A 31 de diciembre de 2009, en el informe de auditoría de Terra Mítica todavía figuraban atracciones por un valor contable de 29,5 millones de euros, aunque todas ellas estaban pignoradas en garantía de pagos aplazados ante organismos públicos. El parque no ha dejado de estar atrapado en sus defectos. Ocio y Parques Temáticos se encontró con contratos blindados y una plantilla sobredimensionada, aunque con un comité de empresa organizado. Un primer expediente de regulación de empleo liquidó los sueldos más altos y los contratos blindados, pero el segundo, que pretendía el despido de 142 empleados, no ha sido autorizado por Trabajo. El convenio colectivo está denunciado y unos 120 trabajadores han presentado demandas. Y el ex director general, Juan José de Torres, reclama en el juzgado casi 400.000 euros por su despido.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0011, 11 de diciembre de 2011.

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