El Valedor do Pobo estudiará la legalidad del bloqueo de la tarjeta sanitaria

La Orden de la Xunta que ha provocado la polémica con la tarjeta sanitaria que, según diversas denuncias, merma la cobertura asistencial a los parados de larga duración, puede ser inconstitucional. La Asociación Galega para la Defensa da Sanidade Pública ha recurrido al Valedor do Pobo para denunciar la modificación de ese procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria por parte de las personas sin recursos económicos suficientes y de los parados de larga duración.

El portavoz de la asociación, Manuel Martín, sostiene que con el recurso ante el Valedor el colectivo demanda el estudio de la posible incompatibilidad de la Orden modificada el pasado 5 de septiembre por la Xunta con la Ley General de la Sanidad, de 1986, y con el Real Decreto Legislativo de 1994 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, informa Europa Press.

Martín comunicó ayer que el colectivo ciudadano ha solicita do al alto comisionado que, en el caso de que se confirme la incompatibilidad mencionada, "promueva un recurso de inconstitucionalidad" de la nueva norma de la Xunta ante el Tribunal Constitucional y que inste a la Consellería de Sanidade a la "paralización de la aplicación del artículo 3.A.4" de la orden que ha provocado las denuncias de diversos usuarios.

La Asociación para a Defensa da Sanidade Pública ha exigido además al Gobierno gallego la retirada del punto relativo a la necesidad de que "los emigrantes deban esperar seis meses tras empadronarse para poder recibir asistencia" sanitaria, toda vez que estos también "pagan los impuestos indirectos que financian la sanidad".

La denuncia del colectivo ciudadano ante el Valedor do Pobo se produce tras dos semanas de denuncias de los usuarios y del cambio de versión sobre las consecuencias de la norma por parte de la Consellería de Sanidade zanjado el viernes con el reconocimiento del presidente de la Xunta de la"descoordinación entre el Sergas y la Administración central".