El fiscal saca del banquillo del 'caso Troya' a 18 de los 20 acusados

El caso Troya contra la corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga) se ha desmoronado dos meses después de iniciarse el juicio al retirar el fiscal la acusación contra 18 de las 20 enjuiciados. El presidente del Tribunal les comunicó ayer que habían quedado "libres y absueltos". Sólo continúan sentados en el banquillo el alcalde Juan Martín Serón y su edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP, para los que se han rebajado considerablemente las peticiones de pena. Han pasado de enfrentarse a condenas de cuatro y siete años de prisión respectivamente, a tener que pagar una multa de dos millones de euros, en el peor de los casos.

El fiscal Juan Calvo Rubio ha dado este paso después de estudiar todas las pruebas presentadas en el juicio, que arrancó el 22 de septiembre. En su escrito de conclusiones definitivas no habla de los motivos por los que ha dejado de acusar a los dos asesores jurídicos y 16 empresarios para los que antes reclamaba penas de prisión. Se centra en los dos únicos acusados a los que coloca al frente de una trama que funcionó en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande entre 2002 y 2006 y con la que el fiscal considera que pretendían enriquecerse de forma ilícita. Según su relato, exigían a los empresarios la entrega de dinero a cambio de un "pretendido exceso de edificabilidad" que no ha podido acreditarse durante el juicio, por lo que, a su juicio, no se puede decir que esos permisos fueran injustos o ilegales.

El Ministerio Público no cree demostrado que los permisos fueran ilegales

El alcalde y su concejal de Urbanismo ya no están acusados de prevaricación, pero sí de 13 sobornos. La documentación incautada en el despacho de Gregorio Guerra ha permitido acreditar el pago de 211.900 euros por cuatro permisos urbanísticos y de la solicitud de 571.105 euros por otros nueve trámites urbanísticos.

El fiscal ha pedido que se les aplique un delito de cohecho continuado con las penas vigentes en el momento en el que fueron investigados, ya que resultan "más beneficiosas". Ambos se enfrentan a una multa de dos millones de euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un año de prisión, y suspensión de empleo o cargo público por tres años y nueve meses.

La fiscalía sostiene que el edil de Urbanismo se encargaba directamente, "pero siempre bajo supervisión y dirección del alcalde", de negociar las nuevas condiciones urbanísticas a aplicar en los proyectos de obra y las contrapartidas que tenían que abonar los empresarios. Guerra llevaba personalmente la contabilidad. Esas anotaciones manuscritas y los archivos informáticos en los que aparecían reflejados los pagos fueron intervenidos en el despacho del concejal.

De ellas, los investigadores han podido determinar que habían tasado el precio por el incremento de edificabilidad que consideraban que se producía. Así, los empresarios trataban de evitar "problemas de retrasos" en sus concesiones.

El fiscal considera que en el Ayuntamiento existía una confusión en cuanto a la normativa aplicable y que ese clima era propicio para reclamar las cantidades de dinero para la concesión de licencias.

El próximo 16 de diciembre continuará el juicio con los informes finales del fiscal y de las dos defensas, que solicitan la absolución de los enjuiciados.