El Consell apunta al 'modelo Rajoy' en Canal 9

La consejera de Presidencia y vicepresidenta del Consell, Paula Sánchez de León, anunció ayer ante los diputados de la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat en las Cortes Valencianas la próxima presentación de un anteproyecto de ley que sustituya a la que en 1984 sirvió para crear Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), una futura norma que se marca como objetivo "un modelo netamente público". Sin embargo, dada la ambigüedad empleada ayer, la futura RTVV apunta claramente al modelo que propugna el presidente del PP, Mariano Rajoy, que anunció cambios legislativos que permitan "adoptar nuevos modelos de gestión de las televisiones públicas que permitan la entrada a la participación privada".

Moreno: "Quieren hacer desconexiones para hacer solo los informativos"

Para Sanz el modelo "encubre" una externalización de servicios

Además, aunque Sánchez de León explicó que el futuro modelo necesitará "mecanismos que aseguren su eficiencia y sostenibilidad económica", ni respondió a qué va hacer el Consell con los más de 1.200 millones de euros de deuda que acumula la televisión autonómica, ni si se va a proponer un expediente de regulación de empleo (ERE) para reducir una plantilla de 1.800 trabajadores.

"Nuestra televisión autonómica es un servicio público y queremos que siga siendo un servicio público", insistió Sánchez de León en su discurso, aunque sus palabras no tranquilizarán a los que temen una privatización parcial de la televisión autonómica, ya que en varios apartados de su intervención matizó que la futura RTVV, que contará con un contrato programa con el Consell en el que se pacte la financiación anual, deberá segregar "las actividades de servicio público respecto de aquellas que no tengan estas características". Es decir, se va a "implantar una gestión basada en criterios de transparencia empresarial" con el objetivo de "que la financiación pública se aplique, exclusivamente, a los contenidos y actividades de servicio público".

La vicepresidenta del Consell insistió en este punto: "Se trata de garantizar que la financiación pública se destina al fomento de la producción valenciana y la emisión de contenidos de calidad, innovadores, interactivos y que incorporen los avances tecnológicos". Un modelo, aún por concretar y por pactar (la consejera hizo una oferta de consenso), que parece así dejar la puerta abierta a la privatización de la gestión de contenidos que el Consell no considere de servicio público.

La comparecencia de Sánchez de León no convenció a la oposición. "Propone un nuevo canal en el que toda la emisión esté controlada por Génova [en referencia a la calle de la sede del PP en Madrid]", espetó el portavoz del PSPV en la comisión, Josep Moreno, "quieren hacer desconexiones territoriales para hacer solo los informativos". El socialista dudó también de que una nueva ley suponga una mejor gestión, tras recordar el periodo de oscurantismo y falta de transparencia por el que ha transitado la televisión autonómica durante las últimas legislaturas: "No hay ninguna ley que sea buena si no hay voluntad de aplicarla", se quejó.

Desde EU, Marga Sanz acusó al Consell de que la reforma "encubre" una externalización de servicios y preguntó directamente a Sánchez de León tanto por el futuro de la deuda de 1.200 millones del ente -"¿van a poner el contador a cero, van a asumir esa deuda?"- como por la posibilidad de un ERE -"¿qué pasará con los trabajadores?"-.

Y Enric Morera, de Compromís, comentó que aunque le gusta la música de la reforma, en referencia al contrato programa, esperará a conocer la letra para manifestarse.

A falta de mayor concreción, el anuncio del Consell queda un poco diluido después de que la semana pasada, en la comparecencia del actual director general de RTVV, en la comisión de control del ente público, José López Jaraba ya anunció que habría una nueva ley y que el cargo que ocupa será elegido en el futuro por las Cortes (ahora lo hace el consejo de administración a propuesta del presidente de la Generalitat).

Lo poco que adelantó Sánchez de León lo resumió en ocho puntos. Entre ellos, destaca que el contrato programa que firme RTVV con el Consell tendrá una vigencia de tres años y que tendrá que estipular, además de los objetivos a conseguir y las aportaciones de la Generalitat, un "sistema de indicadores que permita evaluar la eficiencia en la gestión, el estado de ejecución presupuestaria y el cumplimiento de los compromisos adquiridos".

El consejo de administración pasa de 12 componentes a nueve, incluido el director general, y todos ellos tendrán un mandato de seis años y serán elegidos por una mayoría de tres quintos de las Cortes. La futura ley también exigirá a todos ellos que acrediten su competencia profesional o empresarial, con más de cinco años en el desempeño de funciones de administración, alta dirección, control, asesoramiento o que tengan méritos relevantes en el ámbito de la comunicación, la cultura, la función docente o investigadora. El mandato del director general y de los miembros del consejo solo podrá ser prorrogado una vez y por un máximo de tres años.