Asalto en Teherán

El Gobierno británico decidió ayer retirar el personal de su Embajada en Teherán, asaltada la víspera por varias decenas de manifestantes. El régimen iraní reaccionó aparentemente con rapidez, condenando el ataque y asegurando que había detenido a un número indeterminado de implicados en él. No hay pruebas de que sea cierto. En cambio, sí las hay de que la policía dejó hacer a los asaltantes y solo intervino cuando estos comenzaron a retirarse.

En el origen de estas tensiones se encuentra la decisión británica de imponer sanciones a Irán tras la publicación de un nuevo informe del Organismo Internacional de Energía Atómica. En él se asegura que el Gobierno iraní podría estar desarrollando su programa nuclear más allá de los usos civiles amparados por el Tratado de No Proliferación, el argumento en el que se amparaba hasta ahora. Aunque no es fácil probar que el asalto a la Embajada británica estuviera directamente organizado desde instancias oficiales, lo cierto es que la virulenta retórica de los portavoces del régimen lo ha alentado. Y la pasividad de la policía vendría a corroborar que los incidentes han sido todo menos espontáneos.

Solo cuando los responsables del ataque sean llevados ante los tribunales y juzgados con garantías podrá creerse que el Gobierno iraní no ha tenido nada que ver. Entretanto, pesará sobre él la responsabilidad de haberlo consentido y la sospecha de haberlo organizado. Si con este incidente el Gobierno iraní pretendía echar una cortina de humo sobre las informaciones cada vez más inquietantes sobre su programa nuclear, el resultado ha sido el contrario. Su programa preocupa ahora más que antes, no solo por los avances que haya podido experimentar, sino porque con el asalto a la Embajada británica se comprueba que el Gobierno iraní está dispuesto a cualquier cosa con tal de mantenerlo.