Martín acusa a Jove de venderle suelo público como propio

La última pelea (por ahora) entre los multimillonarios Manuel Jove (Inveravante) y Fernando Martín (Martinsa) se dirime este mes en el juzgado Mercantil de A Coruña. El día 19 arranca un macrojuicio por una demanda de la inmobiliaria contra Jove, en su calidad de expresidente de Fadesa por diseñar, supuestamente, un plan para sobrevalorar la compañía que en 2006 vendió al empresario vallisoletano. El resto de la historia es conocido: la crisis estalló y la firma se vino abajo protagonizando la mayor suspensión de pagos de la historia de España, con un pasivo de 7.000 millones de euros.

La demanda, la única que sigue viva entre los dos empresarios que se han cruzado acusaciones en varios juzgados, exige la restauración del patrimonio en una cuantía que alcanza los 1.576 millones de euros. También apunta a Antonio de la Morena, el ex consejero delegado de Fadesa. "Lo que se denuncia no es el precio de adquisición, sino el daño que han producido los datos incorrectos o incluso falsos que los anteriores administradores dieron a Richard Ellis [consultora inmobiliaria que tasó los activos] para conseguir una sobrevaloración".

Fernando Martín denuncia que hasta 37 activos estaban sobrevalorados

Ambas partes cargan su artillería para un duelo que tendrá como árbitro al mismo juez que llevó el concurso de acreedores, Pablo Carreró-Fojón. La munición de Martinsa está en un informe realizado por American Appraisal, una compañía internacional de valoraciones, que contabilizó 37 activos cuya situación real dista mucho de la que figuraba en Fadesa. Es el caso de la Hacienda del Pino, un suelo en Cartagena calificado como "urbanizable" con estimaciones de edificabilidad y usos. Se valoró en su día en 245 millones de euros. "La situación real es que no es urbanizable y además está sujeto a protección", asegura el documento, que cifra su valor de mercado en apenas siete millones.

En Teruel, la tasación de Richard Ellis, que sustentó la operación de compraventa de la compañía, estimaba el precio de unas parcelas en 12,4 millones. En ellas se proyectaron 360 viviendas, 17.000 metros cuadrados para un hotel y un campo de golf. "A fecha de valoración el terreno es de titularidad municipal y no sería hasta el 25 de julio de 2007, un año después de la venta, cuando se publicarían las bases para la subasta de las parcelas que se adjudicarían finalmente a Fadesa".

Más ejemplos: en el paraíso de la especulación, Marbella, la consultora inmobiliaria aportó un listado de viviendas pendientes de venta cuyo precio alcanzaría 36 millones de euros. Pero estaban construidas en suelo con usos y edificabilidades distintas, en una situación, dice Martinsa, "irregular bajo la amenaza de derribo". El estudio continúa con un rosario de irregularidades, desde divergencias en la clasificación urbanística a obras que no se ajustan a los proyectos de urbanización aprobados; promociones en suelo rústico o directamente, fincas que no eran propiedad de la promotora en el momento del traspaso.

Dicho esto hay lagunas en la argumentación de la promotora que el juicio se encargará de aclarar. La primera, por qué la compañía esperó cuatro años para denunciar a Manuel Jove o cómo ha admitido que la tasación de Richard Ellis no llegó a sus manos hasta el año pasado -medió una petición judicial-. Tampoco se entiende que la tasadora haya seguido trabajando para Martín después de la operación.

De la otra parte, fuentes próximas al empresario gallego eluden dar pisas sobre cómo se plantea su defensa, pero insisten en que Martinsa siempre tuvo todos los datos en su poder. Jove, el primero en declarar, estará respaldado el día 19 por numerosos informes periciales de firmas de prestigio (Accuracy, Aguirre Newman, Tinsa) y de siete catedráticos de renombre. Su entorno siempre ha culpado a Martinsa de querer ocultar una mala gestión con las denuncias. "Qué más nos gustaría que a la compañía fuese bien", aseguran.