El Gobierno defiende que el ajuste afectará a "muy pocos funcionarios"

La consejera de Administración Pública, Idoia Mendia, trató de justificar ayer las nuevas medidas de ajuste que afectarán a la Administración Pública al considerar que "afectarán colateralmente a muy pocos funcionarios" y no supondrán recortes salariales, sino "restar expectativas de derecho y solamente para 2012". Las seis propuestas presentadas el miércoles a los sindicatos en la Mesa General de la Función Pública son "susceptibles de negociación", según aclaró, e irán "evolucionando" con el tiempo.

Durante una rueda de prensa en Bilbao, la consejera reconoció que los funcionarios vascos hicieron "un gran esfuerzo" en 2010 y lo han vuelto a hacer en 2011, pero recalcó que Euskadi "no es una isla" y la recaudación se ha reducido. "Estamos afrontando unos servicios de 2012 con recursos económicos de 2005", ejemplificó, con intención de justificar los recortes planteados a los sindicatos. El Ejecutivo se ha comprometido a garantizar la estabilidad de los trabajadores públicos, pero a cambio de ajustes en primas, complementos y expectativas de progresión en la escala salarial que permitirán un ahorro de 100 millones de euros.

Erne exige que se respete su acuerdo con Interior sobre la Ertzaintza

"Algunos sindicatos, aunque evidentemente no es plato de gusto para ellos, estaban abiertos a alcanzar posibles acuerdos y yo soy optimista, porque han demostrado una gran responsabilidad en el pasado", destacó Mendia, en referencia al "magnífico" acuerdo que en 2009 alcanzó el Gobierno con la mayoría sindical. "¿Por qué no va a ser posible ahora?", cuestionó, antes de apelar al "ejemplo" que debe suponer la Administración pública para todas aquellas empresas que están haciendo "un esfuerzo enorme por resistir a la crisis".

La visión de las centrales no fue tan optimista como la de la consejera. El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, afirmó que "no hay alternativa a la movilización sindical y social" para hacer frente a políticas "neoliberales" como las que, a su juicio, pretende imponer el Gobierno, entre otras administraciones. "Mientras den a la patronal todo lo que pide, el diálogo social permanecerá muerto", advirtió. Sus palabras se sumaron a las críticas a los recortes del Ejecutivo que los cuatro grandes sindicatos habían manifestado ya un día antes.

Ayer se sumaron al rechazo las principales centrales sectoriales. La mayoritaria en la Ertzaintza, Erne, fue la más contundente al pedir la exclusión de los agentes de las medidas propuestas en la Mesa General, ya que en agosto se pactaron con el Departamento de Interior el desarrollo profesional, la segunda actividad y las indemnizaciones por razón del servicio. Acuerdos que en septiembre ratificó el Consejo de Gobierno, poniendo fin a la conflictividad que durante cuatro años se había vivido en el seno de la Policía vasca. "No se entendería la adopción de medidas que supondrían un incumplimiento de la palabra", avisó la organización, a través de un comunicado.

El sindicato de enfermería Satse, por su parte, exigió al Ejecutivo "diálogo" para no iniciar un tiempo "de conflicto nunca conocido en el empleo público vasco", ya que, en su opinión, "solo se proponen recortes en los salarios y en los derechos de los empleados públicos", lo que supone "un claro castigo". La central de enseñanza Stee-Eilas añadió que la pretensión del Gobierno supone "un ataque" a los funcionarios.