La Xunta absorberá al personal de los 'chiringuitos' sin tocar sus privilegios

La reestructuración, eliminación y fusión de los entes instrumentales de la Administración -los denominados chiringuitos- que está impulsando el Gobierno gallego hará que trabajadores que hasta ahora prestaban sus servicios en ellos pasen a ser considerados personal laboral de la propia Xunta. Así lo estableció la Lei da Administración Xeral e o Sector Público Autonómico de Galicia (Lofaxga) aprobada el pasado año. Lo que no se fijó entonces y está estudiando ahora la Xunta, a través de un decreto que desarrollará esa ley, es que esos trabajadores mantengan los privilegios de que disfrutaban en los chiringuitos cuando se integren en la Administración ordinaria. Tendrían así sueldos más elevados o beneficios sociales de los que no disfrutan el resto de trabajadores autonómicos de su misma categoría.

La Xunta lleva varios meses negociando con los sindicatos un borrador de decreto que, en su última versión, establece que el personal de los entes paralelos que cobre menos de lo fijado para su puesto equivalente en la Administración ordinaria deberá ver equiparado su salario "en un plazo máximo de cinco años" cuando se convierta en personal laboral de la propia Xunta. Pero ese mismo texto nada dice de los que cobran más, un vacío legal que admite el Gobierno gallego y que permitiría, de mantenerse en el decreto que finalmente se apruebe, que esos trabajadores de la Administración paralela conserven sus salarios más altos así como otros privilegios.

La Consellería de Facenda, que es la impulsora de la norma, no niega esa posibilidad pero asegura que de momento no se ha tomado una decisión definitiva ya que se están estudiando las alegaciones que han presentado los sindicatos a dicho borrador. "En unos días se sabrá cómo queda el texto definitivo", indican desde el departamento que dirige Marta Fernández Currás, para añadir a continuación que ese vacío legal admitido en el borrador actual "se va a regular". Las mismas fuentes de la consellería no indican, sin embargo, en qué sentido se realizará esa regulación.

Según varias fuentes sindicales, el decreto que establecerá cómo se integrarán los trabajadores de los chiringuitos en la Xunta como personal laboral afectaría en una primera fase a más de quinientas personas que prestaban sus servicios en entes tan diversos como la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), la Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos (Eposh), el Centro Informático para a Xestión Tributaria (Cixtec) o las Fundacións Comarcais, entre otros muchos que cambian de rango, se fusionan o desaparecen. Sus trabajadores pasarían a otros puestos de la Xunta o permanecerían en los nuevos entes, pero ya con la consideración de personal laboral de la propia Administración autónoma.

En esos u otros entes afectados por la reestructuración hay trabajadores, en una cifra que los sindicatos no se atreven a cuantificar, que cobran sueldos superiores a los equivalentes para sus mismos puestos dentro de la Administración ordinaria. Igualmente, esos empleados disfrutan de beneficios sociales o trienios superiores a los de sus colegas. De mantenerse como está ahora el borrador de decreto que regula su conversión en personal laboral de la Xunta, esos trabajadores heredarían esos privilegios y los consolidarían en sus nuevas categorías laborales.

Esta posibilidad está siendo mal vista por algunos sindicatos, que dudan de la forma en que fueron contratados en su momento para los chiringuitos algunos de esos trabajadores, en muchos casos sin pasar por procesos selectivos públicos y abiertos. Pese a esas irregularidades en su acceso a un puesto público, ese personal se convertiría ahora en fijo de la Administración cobrando más tras su traslado que funcionarios o personal laboral que ya venía trabajando en la Xunta tras haber aprobado oposiciones o pruebas públicas regladas de acceso.

Estos cambios afectarían a los trabajadores de los entes paralelos que se reestructuran y no a sus nuevos directivos. Para estos últimos no sería de aplicación el decreto que negocian la Consellería de Facenda y los sindicatos sino lo que establecen tanto la ley marco como los estatutos de cada ente. Y lo que establecen, a grandes rasgos, es que el Gobierno gallego se reserva la posibilidad de contratar directivos libremente y decidir el sueldo de cada uno sin que se tengan que atener a lo fijado para los puestos equivalentes de la Administración ordinaria. Así sucederá, por ejemplo, en la nueva Axencia de Infraestruturas.