Anticorrupción pide 2,8 millones de fianza para 14 intrusos

Primer paso al frente para recuperar el dinero defraudado en el caso de los ERE. La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer a la juez instructora, Mercedes Alaya, que imponga fianzas para 14 intrusos (falsos prejubilados en las empresas beneficiadas por ayudas públicas) por un total de 2,85 millones. Anticorrupción quiere confirmar que la Junta recuperará los 10 millones que estimó habían percibido los 72 intrusos identificados. La juez decidirá en los próximos días la fianza que impone a estos 14 intrusos imputados, los primeros que han declarado en esta compleja causa.

Entre las peticiones monetarias del ministerio público destacan los 570.000 euros exigidos al intruso Antonio Arquero, vecino de El Pedroso (Sevilla) y amigo durante 40 años del ex director general de Trabajo Javier Guerrero y exalcalde de dicha localidad. Arquero se benefició de dos pólizas y alegó creer que eran una compensación al haber sido afectado por "radiaciones de uranio". Asimismo, el fiscal pide para el exmilitante socialista Alejandro Millán Torres una fianza o aval suficiente de 450.000 euros "para responder de las cantidades ilícitamente percibidas", y 75.000 euros (la menor fianza) para el intruso Juan Manuel López.

La Junta, que está personada como acusación, se sumó a la petición del fiscal, pero pidió que se eleve las cuantías para tres de ellos: Juan Manuel López (150.000 euros), Rafael Rodríguez (350.000 euros) y Francisco de Paula (250.000 euros). "Dicha medida se hace atendiendo al conocimiento actual que se tiene de los hechos, sin descartar que las medidas cautelares puedan en momento posterior ser aumentadas", avanzó el fiscal en la audiencia sobre medidas cautelares celebrada en el juzgado con la presencia de las partes personadas.

"Último escalón"

Las defensas de los afectados se opusieron a las medidas que pidió Anticorrupción. En su penúltimo auto la juez situó a los intrusos en el "último escalón de la pirámide" por debajo de "altos cargos de la Junta, intermediarios, abogados, aseguradoras, sindicatos y empresarios".

Existe una vía de escape para que los intrusos eludan el juicio si devuelven el dinero al acogerse al artículo 308. Solo el exalcalde socialista Rafael Rosendo y el exresponsable de política local del PSOE de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo han consignado cantidades ante el juzgado.

Mientras, el vicepresidente segundo del Gobierno, Manuel Chaves, señaló ayer que todas las explicaciones sobre el ERE de la Faja Pirítica de Huelva las debe dar el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), porque "en su despacho" durante su época como delegado del Gobierno se elaboraron las listas de quienes podían verse afectados. Chaves respondió de esta manera después de que El Mundo publicase ayer que siete mineros le enviaron un fax en 2003 informándole de la supuesta existencia de intrusos en este ERE.