Bizkaia lanza otro pulso al Gobierno al recurrir también la Ley de Juventud
Álava y Gipuzkoa se suman y alegarán por invasión de competencias forales
Primero fue la Ley Municipal; después, la Ley de Cajas; y ahora, la Ley de Juventud. La Diputación de Bizkaia, el principal resorte de poder que le queda al PNV, anunció ayer que también recurrirá ante la Comisión Arbitral -el órgano que dirime las diferencias entre el Ejecutivo y las instituciones forales- este proyecto de ley al entender que, al igual que los otros dos, invade competencias de la Ley de Territorios Históricos (LTH). El portavoz vizcaíno, Juan María Aburto, señaló, en una rueda de prensa en Bilbao, que tanto Álava como Gipuzkoa van a presentar también alegaciones.
El recurso supone en Bizkaia un capítulo más del enfrentamiento que mantiene la Diputación -y tras ella el partido que la controla, el PNV- con el Gobierno vasco desde la llegada de los socialistas a Ajuria Enea en 2009. Los peneuvistas entienden que el proyecto de ley "ignora", en su artículo 7, el apartado c.2 del artículo 7 de la LTH, donde se dispone que "corresponde a los territorios la ejecución de la legislación en materia de política juvenil".
Bizkaia cree que la cantidad que deberá pagar se congelará por haber cumplido
La Diputación descarta la retirada del recurso contra la Ley de Cajas
Censura al Gobierno vasco por su mutismo ante la Comisión Arbitral
A juicio del Ejecutivo foral, la aplicación de la nueva norma supondría "la desaparición" de programas y servicios que actualmente ofrece Bizkaia. Aburto concretó que se teme por las 45 oficinas de información juvenil, las 1.600 plazas anuales de Udaleku -programa de colonias de verano para niños de 7 a 13 años-, el plan Uda Gaztea -550 plazas en actividades de verano para jóvenes de 14 a 17 años-, los intercambios juveniles, el programa Aterpetxeak -220 plazas de una red de albergues- y el proyecto Gaztedi, ideado para coordinar políticas de juventud.
"No se entiende ni se justifica que se intente trasladar estas competencias que las Diputaciones están desarrollando activamente al Instituto Vasco de Juventud, un organismo autónomo de nueva creación", aseveró Aburto. El Ejecutivo vizcaíno considera asimismo que existen otros tres artículos del proyecto de ley que contradicen "la potestad de autoorganización de las instituciones forales" reconocida en el Estatuto.
Con respecto al recurso contra la Ley de Cajas, Aburto descartó su retirada. El pasado mes de octubre, la Diputación dio marcha atrás y comunicó que estaba dispuesta a que no se suspendiera la tramitación de toda la ley, sino únicamente su artículo 41, el que considera que invade competencias forales.
Tras este cambio de rumbo, la Mesa de las Juntas Generales envió una solicitud a la Comisión Arbitral solicitando la puesta en marcha de la tramitación. Sin embargo, el requerimiento fue denegado, recordó Aburto, porque la Mesa, compuesta por la presidenta Arantza Quiroga, del PP, junto a dos representantes del PSE y otros dos del PNV, "no justificaba su posicionamiento". El portavoz foral censuró también al Gobierno vasco por no haberse pronunciado "para posibilitar la tramitación parcial". Pese a todo, la Diputación confía "todavía" en que se arbitren "los mecanismos necesarios" para que la ley siga adelante y sólo se suspenda el mencionado artículo 41.
El próximo lunes se reunirá el Órgano de Coordinación Tributaria, donde el Gobierno vasco y las tres Diputaciones intentarán llegar a un acuerdo sobre reforma fiscal. Salvo sorpresa, se da por segura una subida de impuestos en los tres territorios, pese a la oposición inicial de PP y PNV. Aburto señaló que el consenso "es posible". "Creo que vamos por el buen camino", concluyó el portavoz.
77% de las 'vacaciones fiscales' recuperadas
Bizkaia ha recuperado 68,2 de los 88,2 millones -59,4 como importe principal y 28,8 en intereses de demora- de las denominadas vacaciones fiscales, las ayudas concedidas a empresas en la década de los 90 que los tribunales europeos declararon ilegales en 2001 y ratificaron como tales en 2006.
Tal y como adelantó ayer EL PAÍS, 24 de las 26 firmas reintegraron el dinero dentro del plazo fijado, que finalizó el pasado lunes. Únicamente dos compañías no han devuelto los incentivos de manera voluntaria. Para estas empresas, "se han iniciado los trámites procedimentales previstos en la normativa recaudatoria", expresó el portavoz foral, Juan María Aburto. Entre ambas deben 20 millones.
El 14 de diciembre de 2006, los incentivos fueron ratificados como ilegales por los tribunales europeos, lo que motivó que las Diputaciones procedieran a su recuperación. El problema es que lo hicieron siguiendo unos criterios que no convencieron a la Comisión Europea (CE), que el pasado mes de abril presentó una demanda sobre la que el Tribunal de Justicia de la UE deberá fallar en uno o dos años. Hasta que lo haga, la multa impuesta a las instituciones forales aumenta en 25.817, 40 euros diarios y ya supera los 46 millones.
Existe una fórmula para que esa sanción se congele: que las tres Diputaciones logren la recuperación de todas las ayudas. Gipuzkoa, como ha hecho Bizkaia, estaría presionando a sus empresas para lograrlo, pero no así Álava, tal y como confirmó el martes su diputado de Economía y Hacienda, José Zurita, durante la presentación del proyecto presupuestario para 2012.
La multa, por tanto, va a seguir incrementándose hasta nuevo y definitivo dictamen europeo. Bizkaia, no obstante, confía en que la cantidad que le toque pagar de ese total sea menor por haber hecho los deberes. "El Tribunal tiene que tener en cuenta los progresos realizados", señalaron fuentes de la Diputación. "El cumplimiento hace que deje de correr la sanción en lo que se refiere al territorio, aunque la multa global no se pare. Existe jurisprudencia en este sentido y la propia Comisión lo reconoce así y nos ha comunicado que informará al Tribunal del momento exacto en que cada Diputación cumpla las decisiones", agregaron. Lo que sí va evitar seguro Bizkaia con la recuperación de todas las vacaciones fiscales es que deje de aumentar el cómputo de los intereses de demora en el pago de las empresas.
La Diputación está informando "puntualmente" de todos sus pasos a la abogacía del Estado y al Gobierno vasco. "Son ellos los que están en contacto permanente con la Comisión Europea, los únicos que pueden mandar la información. Y si no lo hacen es un problema entre ellos", apuntaron las mismas fuentes.
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