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La crisis del euro | El encarecimiento de la financiación
Columna
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Standard & Poor's, esa agencia golpista

Xavier Vidal-Folch

La agencia descalificadora Standard & Poor's practica objetivamente el golpismo económico: lanza falsas notas desacreditadoras que atizan y ponen contra las cuerdas a Gobiernos democráticos. Eso sí, quizá "por error".

El primer gran caso ocurrió este verano. Tras una amenaza cautelar, el 5 de agosto S&P redujo el sobresaliente (AAA) de la deuda de EE UU a notable (AA+) alegando algo tan etéreo como su "débil e improvisada política fiscal". Solo habían pasado 72 horas del pacto republicano-demócrata en el Senado para reducir el déficit y la deuda, ratificado por Obama. Tan débil que supuso recortes de 917.000 millones de dólares del déficit en una década; y reducciones adicionales del gasto, militar y social, ¡superiores a 1,2 billones de dólares!

S&P lanzó bulos cósmicos contra EE UU y Francia, pero el comisario francés no se rinde

Lo peor no fue ese atrabiliario desprecio del sacrificio fiscal, no. Lo peor es que S&P había errado los cálculos que le inducían a rebajar la nota, en nada menos que dos billones (sí, trillion, en inglés), y que incluso tras reconocerlo (a las 17.30) no se bajó del burro y emitió la rebaja (a las 20.30), aun cuando el grave error la deslegitimaba.

Melló así la "credibilidad e integridad de su actividad", denunció John Bellows, alto cargo del Tesoro. La SEC y la justicia la siguen investigando por su catastrófica bendición a los productos y cuentas de Lehman y otros golfos apandadores, que arruinaron a tantos (Árbitros vendidos, en estas páginas, 17-XII-2009).

El segundo caso grave sucedió el jueves pasado. S&P difundió que rebajaba la sobresaliente calificación francesa (AAA). Lo hizo "por error" (sic), y en la misma tarde lo reconoció y corrigió. Pero para entonces, el bulo cósmico ya había disparado la prima de riesgo del bono francés, su diferencial con el alemán, a 170 puntos básicos, superiores al techo que la española había roto en mayo de 2010. Si arruinar Gobiernos es cosa fea, aún sería peor que con ello se beneficiase a los suscriptores de algún servicio de información privilegiada / anticipada que pudieran hacerse de oro a costa del citoyen francés. Que vengan los tribunales y lo vean.

Todo el mundo sabe que Nicolas Sarkozy hace de la defensa de la triple A catapulta de su campaña a la reelección... Bajarle la nota es romperle el espinazo. Y resulta que el autor de la reforma de las agencias de calificación es el comisario Michel Barnier... francés, y exministro de Exteriores del partido de Sarkozy.

Pero Barnier, un neogaullista moderno, no se ha rendido al chantaje trenzado entre el error de Standard y la atroz campaña de intoxicación de las agencias y sus clientes cautivos. Que le acusaron de "distorsionar los mercados", "destruir" el sector, "seminacionalizarlo", y "coartar la libertad de análisis". Ni por el apoyo de los Lores a la "libertad de expresión" (¡!) de las descalificadoras. Ni por el fuego graneado del premier británico, David Cameron, que le acusa de liderar una conspiración "francesa" para vaciar las finanzas de Londres, teniendo a la City "bajo ataque continuo".

No se achantó. Barnier logró que la Comisión aprobase el martes su reforma de la regulación de las agencias: deberán rotarse en el examen de las empresas; explicitar sus métodos; evitar los conflictos de interés de sus accionistas; aumentar la competencia en el sector... Aunque ha decaído la prohibición de calificar a países en rescate, ¿por qué? Los fans del detalle, vean las conspicuas 193 páginas de su estudio de impacto en SEC (2011) 1354.

¿Se les echa algo en falta? Sí. Sin llegar a la estupenda y radical propuesta de "eliminar la obligación regulatoria de uso de los ratings" (por ejemplo, ante el banco central), formulada por Myriam Fernández de Heredia, directora de Rátings Soberanos para Europa de S&P (Expansión, 2-IX-2011), al menos imponer a cada agencia un carnet como el de conducir. A cada error garrafal perdería todos los puntos. No podría calificar entidades, ni productos del sector público, lo harían sus competidoras. Toda licencia impone requisitos de calidad al ofertante.

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