Roca insiste en que su asesoría no aseguraba la aprobación de convenios

El máximo imputado en el caso Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, continúa haciendo equilibrios para justificar que el dinero que recibió de empresarios con intereses urbanísticos en el municipio eran servicios de asesoría y no sobornos.

El exasesor de urbanismo insistió ayer durante el juicio en que, como asesor, se comprometía a hacer convenios urbanísticos que fueran "asumidos" por el Ayuntamiento marbellí, pero que esto no implicaba la aprobación del órgano municipal correspondiente.

El supuesto cerebro de la trama corrupta detalló cómo era su relación con los empresarios que contrataban sus servicios. En el caso de la empresa Aifos, aseguró que cobraba sus honorarios "en efectivo en el 99% de las ocasiones", siempre en el despacho de Maras Asesores, y que los contratos se hacían de forma verbal. No emitía facturas, tan solo recibos.

"Soy ingeniero, para mí la construcción no tiene secretos", dijo el exasesor

El fiscal, Juan Carlos López Caballero, puso en duda que una empresa como Aifos no tuviera en 2004 equipos propios de arquitectos que pudieran hacer el trabajo supuestamente encomendado a Roca. "Cuando me lo proponen es porque ellos no tienen esos conocimientos (...) Soy ingeniero, la construcción para mí no tiene muchos secretos", le contestó.

Al igual que ocurrió en sesiones anteriores, el exasesor marbellí elevó el tono de sus respuestas y tuvo varios encontronazos con el fiscal. El primero porque López Caballero aseguró que un convenio firmado entre el Ayuntamiento marbellí y la empresa Aifos legalizaba el exceso de edificabilidad del hotel Guadalpín Banús.

"No legaliza nada, lo que propone es que ese exceso sea incorporado en un documento y si recibe la aprobación definitiva de la Junta de Andalucía se legalice, cosa que finalmente pasó", insistió Roca. "Ahora resulta que cuando lo hace Juan Antonio Roca o la corporación de Marisol Yagüe es un convenio de legalización y cuando con posterioridad la Junta de Andalucía habla con los promotores para legalizar y llega a un acuerdo, no es legalización, eso es ordenación urbanística", se quejó.

El segundo roce llegó cuando Juan Antonio Roca supo que tendrá que defender la legalidad de algunos de los convenios en otros juicios, ya que el caso Malaya sólo enjuicia si se cobraron sobornos para sacarlos adelante. Su abogada, Rocío Amigo, se quejó y el presidente del tribunal, José Godino, le garantizó que estudiarían este aspecto.

Roca reconoció que recibió más de cinco millones del empresario José Ávila Rojas y que esas cantidades aparecían reflejadas en la contabilidad de Maras Asesores, pero incidió en que eran por negocios privados. El exasesor explicó que participaba en la construcción de inmuebles con el promotor granadino aportando los terrenos y que ese dinero eran sus beneficios.

Al final de la sesión, reconoció que había negociado personalmente con José Ávila Rojas otros convenios en los que se acordaban mejoras en las condiciones urbanísticas de las parcelas y un aumento de la edificabilidad, pero negó, caso por caso, que los pagos contabilizados en fechas cercanas y bajo las siglas AR estuvieran relacionados.