La Europol investiga el fraude de los áridos tóxicos del 'caso Arena'
El juez reclama a la policía europea que rastree la procedencia del producto
La investigación del trasiego de áridos tóxicos de la Operación Arena, en la que están imputados un exdiputado popular, Javier Escribano, investigado por cohecho y tráfico de influencias, y el constructor de Pontedeume Fermín Duarte, ha llegado hasta las instituciones comunitarias.
La Europol, la policía europea, investigará el origen fraudulento de los áridos contaminantes que Manmer importaba desde Holanda y comercializaba en Galicia como residuos reciclados. Lejos de haberse revalorizado "a más de 850 grados" para eliminar los tóxicos, como presumía Duarte, el aglomerado que el constructor colocó a mitad de precio en las obras de, al menos, ocho municipios gallegos contenía restos de sustancias prohibidas como el alquitrán de hulla, tóxico para el medio y cancerígeno para el hombre.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol ha ordenado a la brigada de delitos económicos y fiscales (UDEF) de la policía nacional que investigue a través de la Europol la sospechosa procedencia del residuo asfáltico que desde julio de 2009 a 2011 se descargó masivamente en el puerto exterior de Ferrol, donde siguen apiladas 400.000 toneladas de zahorra de betún que nadie parece reclamar. Duarte negó ante el juez que ese acopio le perteneciese y apuntó a la firma alicantina Holding Transmediterránea de Construcción como la propietaria y encargada de los fletes.
La Europol canalizará esta parte de la investigación sobre el origen de los áridos, uno de los muchos flancos de la Operación Arena, para averiguar si la empresa de la que procedía el asfalto, Betum Recycling Centrale, se deshacía de un producto que tenía que reciclar sin haberlo depurado en el horno. "Es un proceso muy costoso pero obligatorio en Holanda", apuntan fuentes de AGA (Asociación Gallega de Áridos), que en octubre del 2010 trasladó sus sospechas a la Xunta en varias denuncias sin respuesta, que emplazaban al Gobierno gallego a informar del posible fraude a las autoridades europeas.
Los áridos, básicamente restos de viejas carreteras del norte de Europa, viajaban desde Rotterdam a Ferrol con un certificado europeo (marcado CE) expedido por la firma holandesa Eerland Certificación, que aparentemente acreditaba que se trataba de un producto reciclado, apto como base granular para obra civil y asfaltado.
La Autoridad Portuaria de Ferrol, que empleó el producto de Manmer en las obras de ampliación de la dársena de Caneliñas, argumentó que la empresa contaba con todos los permisos para desembarcar la mercancía a través de la consignataria COP Galicia.
El juez instructor, Alejandro Morán, ha reclamado al puerto ferrolano que remita toda la documentación relativa a Manmer (buques, fletes, tasas, aduanas y la titularidad de los acopios). La Xunta también ha sido requerida por el juzgado para que envíe todos los expedientes de la firma de Fermín Duarte, que durante año y medio apiló miles de toneladas de áridos tóxicos con total impunidad en una parcela forestal en Laraxe (Cabanas), junto al río Baa, incluso después de haber contaminado su cauce y de ser sancionada por ello. Una pieza separada de la Operación Arena, la que imputa al popular Javier Escribano por cohecho y tráfico de influencias, continúa en el TSXG, adonde fue remitida en agosto. Escribano perdió su condición de aforado al dimitir como diputado bajo presión de su propio partido. La causa volverá al juzgado ferrolano, que investigará el chivatazo que adulteró la operación.
