La derrota de las cajas

La tormenta financiera puso patas arriba el mapa de cajas de ahorro español. A las entidades se les requirió -y se les sigue reclamando- tamaño y más capital de primera calidad. Y tras sucesivas fusiones, alianzas, subastas, intervenciones y nacionalizaciones (no exentos de escándalos), en poco más de un año ese mapa ha dado un vuelco, al pasar de 45 a 17 cajas de ahorros. Como en el resto de España, el músculo financiero catalán también se ha deshinchado, y en apenas 12 meses dejó de tener 10 cajas con sede social en la comunidad para tener solo tres. Y de estas, dos (CatalunyaCaixa y Unnim) han sido nacionalizadas.

A ese panorama de concentraciones y fugas de entidades catalanas a proyectos estatales se ha llegado tras una serie de planteamientos que el expresidentes de Caixa Catalunya, Antoni Serra Ramoneda, pretende contestar en su libro Los errores de las cajas (Viena Edicions, en catalán, y Ediciones Invisibles, en castellano). ¿Había demasiadas cajas? ¿Sobraban oficinas? ¿Era un problema la supuesta injerencia política? Serra Ramoneda, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), considera que las cajas sí estaban sobredimensionadas en cantidad de oficinas, pero admite que no había un exceso de entidades. "¿Por qué? En Alemania hay 431 cajas. En España había 45. Si el gobernador del Banco de España considera que hay demasiadas cajas, el de Alemania debe estar al borde del suicidio", ironiza.

Sin embargo, de todas las afirmaciones que se han ido vertiendo sobre las cajas, la que más parece molestar a Serra Ramoneda es la de la presencia de políticos, que en Cataluña siempre estuvo limitada y que siempre dependió de la naturaleza -pública o privada- de las entidades fundadoras. A su juicio, la clave no es que haya políticos o representantes de estos en los órganos de gobierno, sino que haya "políticos buenos o malos". El expresidente de Caixa Catalunya pone como ejemplo las cajas vascas. "Dependen de las diputaciones forales y son las que tienen más solvencia, rentabilidad y seguridad", recuerda.

Su tono crítico se torna lacónico cuando se le inquiere por el futuro de estas entidades. Sobre todo por el de la obra social, en especial si se tiene en cuenta que el presupuesto que tenían las 10 cajas catalanas era superior, por ejemplo, al del Departamento de Cultura de la Generalitat. ¿Sobrevivirá la labor social de las cajas? Lo tiene claro: "Ni hablar". Lo razona en que estas apenas participan ya de los beneficios que arroja su negocio financiero, por lo que no podrán nutrir su obra social. Unas se han ido a grandes grupos estatales, mientras que otras han sido nacionalizadas. Un caso aparte es La Caixa, que mantiene su naturaleza jurídica de caja que es propietaria de su banco. Lo único bueno del proceso de reordenación bancaria en Cataluña, razona Serra Ramoneda, es que la comunidad tiene por fin un gran banco, el de La Caixa.

En ese punto se detiene el catedrático, que mira el reloj continuamente para poder salir a tiempo para llegar a su clase en Bellaterra. Y es que La Caixa inmediatamente se erigió como un grupo potente y competitivo, con participaciones en otras entidades y participaciones industriales. "Las otras cajas quisieron hacer lo mismo y no tenían las condiciones para ser tan competitivas". Y hubo más errores: desde la exposición al sector inmobiliario hasta otros legislativos, que atribuye a las comunidades autónomas, a las que recuerda que tenían competencias sobre los órganos de gobierno de estas entidades. "La ley catalana de 1985 fijaba que el cargo de presidente y consejero de una caja era honorífico y gratuito", recuerda. Y la presidencia, además, no podía tener funciones ejecutivas.

Sin embargo, y a pesar de estos errores, Serra Ramoneda lamenta la desaparición de las cajas y la situación en la que, salvo La Caixa, se hallan hoy estas entidades. "Se ha querido aplicar la misma terapia a todas las entidades", lamenta. Y ahora, muchas entidades siguen con el agua al cuello y, de hecho, duda de que devuelvan las inyecciones de capital público que ha realizado el Estado mediante el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). "No lo veo", dice con rotundidad. Tal vez, concluye, si la situación económica mejora.