El PNV abre la vía a que Bizkaia colabore con la comisión del 'caso De Miguel'
Nacionalistas y socialistas aceptan debatir la propuesta tributaria del PP
El PNV votó ayer en el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia a favor de que se inicie la tramitación de una propuesta socialista para la modificación de la norma foral en la que la Diputación se amparó para no facilitar información tributaria empresarial a la comisión de investigación parlamentaria de la supuesta trama de corrupción que tiene como cerebro a Alfredo de Miguel, ex número dos del PNV alavés. Populares y Bildu también se sumaron a los proponentes para apoyar que la proposición de norma se tramite de forma urgente.
La Diputación, del PNV, se ha negado a entregar en varias ocasiones datos de empresas supuestamente relacionadas con el caso De Miguel, alegando que el ordenamiento en vigor lo prohibía. "No existe normativa foral tributaria que autorice la remisión de esa información", se justificó la institución foral, argumento repetido ayer por José María Iruarrizaga, diputado de Hacienda. "Hemos cumplido con las normas que aquí se establecen", dijo.
Los túneles de Artxanda cuestan 500.000 euros al mes, recalca el PP
La postura del PNV fue criticada por el resto de formaciones políticas, que consideraron que se debería haber apostado por "la transparencia". "Si entendían la gravedad de los hechos, deberían haber propuesto ustedes mismos la modificación de la norma", censuró la juntera socialista Alexia Castelo. "Hablamos de compartir información para esclarecer un hecho delictivo", recordó Asier Vega, de Bildu. Josu Arteta, del PNV, pidió la palabra al finalizar la votación para apuntar que la Diputación "siempre ha tenido una voluntad absoluta de colaboración". "No se facilitó esa información por no permitirlo la ley. Con estas reformas sí se podrá hacer", aseveró.
La propuesta del PSE plantea que la información solicitada por las comisiones sea trasladada en un máximo de cinco días hábiles "siempre que el objeto de la investigación tenga relación con el desempeño de cargo público por parte de los afectados".
Por otro lado, el pleno también aprobó tomar en consideración una proposición de norma foral presentada por el PP sobre el apoyo a los emprendedores y a la pequeña empresa. La iniciativa contó con los votos a favor de PNV y PSE, mientras que Bildu se posicionó en contra.
El apoyo del PNV es una muestra más del acercamiento en materia tributaria entre nacionalistas y populares. El PSE, por su parte, consideró "factible y entendible" crear un sistema "adecuado" de incentivación de las ideas, aunque su portavoz, Iñaki Egaña, ya advirtió de que su grupo presentará enmiendas.
La propuesta más destacada de la proposición es reducir cuatro puntos el actual Impuesto de Sociedades hasta dejarlo en el 24% con carácter general y el 20% para las pymes. "El paro es el principal problema de la sociedad. Hay 83.320 vizcaínos sin trabajo que viven un drama. Cuatro de cada cinco empleos son generados por los emprendedores. Por eso hay que ayudarles", expresó Esther Martínez, portavoz de los populares.
Joseba Andoni Gezuraga, de Bildu, criticó que el PP presentara la proposición de manera paralela al proyecto de ley de emprendizaje que ha depositado en el Parlamento vasco. "Lo lógico sería esperar a ver cuál es el marco normativo que emana del Ejecutivo. No hay que marear a los emprendedores. El problema no es la falta de instrumentos, sino la mala coordinación", opinó. El PP, en cambio, no pudo sacar adelante una proposición no de norma para rebajar en un 60% el coste de los peajes para los camiones en la Supersur y aplicar la reducción de las tarifas a partir del quinto viaje. El PNV votó en contra y el PSE y Bildu se abstuvieron.
Los peajes de los túneles de Artxanda fueron también objeto de un encendido debate entre los grupos. El PP presentó una proposición no de norma para la eliminación de las mencionadas tarifas que no se aprobó. Mientras, el PNV tampoco pudo sacar adelante una propuesta para rebajar los precios y hacerlos así "más atractivos" para los conductores. El PP denunció que la Diputación paga "500.000 euros al mes por mantener las barreras bajadas y dar servicio a los túneles". "La gestión de la Diputación en infraestructuras viarias es chapucera", consideró Martínez.
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