'Alea jacta est'
El veredicto general es inequívoco: la percepción por la opinión pública de los errores (y de los encubrimientos) cometidos por Zapatero convierte en inviable una recuperación del PSOE para el 20-N. Y como suele suceder en estos casos, al propietario del circo le crecen los enanos. No se le ocurrió al padre de la Constitución socialista otra cosa mejor que sacar a la luz su visceral castellanismo con la digresión sobre si fue mejor quedarnos con Cataluña o con Portugal. De inmediato la salida de tono se convirtió en motivo de condena general y en base para todo tipo de extrapolaciones, hasta el punto de simbolizar, a juicio de alguno, la prueba de que el "pacto constitucional" entre Cataluña y España estaba agotado, pasando a recibir el PSOE su parte de responsabilidad en esa mentalidad imperialista.
La defensa del interés de la mayoría no pasa nunca por el camino garantizado hacia la miseria
Hay expresiones tomadas del vocabulario taurino muy expresivas, y útiles por tanto para designar otro género de actitudes. Una de ellas es la de torear a toro pasado. Hubiera venido bien que desde hace por lo menos cuatro años, tal vez desde el embrollo suscitado por ZP y Maragall en torno al Estatuto, y luego al quedar clara la entidad de la crisis del ladrillo, voces socialistas y allegadas tomasen la palabra para poner en cuestión el estilo de Gobierno de Zapatero. Recuerdo la llamada de felicitación que recibí de un alto personaje socialista por uno de mis artículos críticos sobre el tema. Le agradecí su atención y al mismo tiempo le hice notar que él estaba en una posición mucho mejor que la mía para poner de manifiesto lo que ya entonces califiqué de "la insoportable levedad de un presidente". Ahora es tarde y la izquierda en su conjunto va a pagar la factura.
Porque no va a ser lo mismo una gestión de la crisis por el PSOE que por el PP. Al abordar este punto, conviene distinguir entre lo que es una política económica de urgencia, emprendida forzosamente desde mayo de 2010 y que nos mantiene en un estado de excepción permanente, y lo que pueden ser las reformas estructurales dirigidas a estabilizar y consolidar la situación (si es que el tiempo no lo impide). En lo primero, el margen de maniobra es mínimo, ya que el rechazo a los ucases de la UE implica una deriva a corto plazo hacia el desastre. La defensa de los intereses de la mayoría no pasa nunca por el camino garantizado hacia la miseria. Otra cosa es la selección entre las medidas posibles para garantizar la contención del déficit e impulsar una eventual recuperación. Las propuestas de Rubalcaba pueden tener aspectos muy cuestionables, tales como la ya materializada reforma del impuesto sobre el patrimonio, que golpea las propiedades medias al mismo tiempo que declara un propósito incumplido de ir contra las grandes fortunas. Rajoy es más coherente.
Entre eufemismos, como la protección del "ahorro" o la "reforma de la ley del aborto", el programa presentado por el PP deja bien claro cuál es su receta: maximizar el potencial de inversión, a costa de una reducción de los salarios y de los instrumentos defensivos con que hasta ahora cuentan los trabajadores. Todo ello, según el programa, sin reducir los recursos de las políticas de sanidad, educación y asistencia social. Solo que este aspecto dulce de las promesas electorales ha de ser leído a la luz de las experiencias en sentido contrario de las políticas implementadas en las comunidades populares desde el 22-M. Lo recordaba un artículo del viejo profesor Fabián Estapé en El Economista: la siega en sanidad, educación, cultura, asistencia social, no afecta solo a los presidentes duros, tipo Aguirre o Cospedal, sino también a Fabra o Núñez Feijóo. Sin grandes palabras, desde los convenios de empresa a las exenciones fiscales para el capital, el modelo es un círculo cerrado, que ignora el precio a pagar en crecimiento cero por una reducción de los ingresos disponibles en poder de los grupos sociales más desfavorecidos. Como si estos hubieran sido los responsables de la crisis en España y las ventajas no reguladas del capital redundasen en otra cosa que en incremento de una insoportable desigualdad.
Las restricciones no solo serán económicas. El retroceso en el aborto, en la enseñanza, con la "ciudadanía" como emblema, tendrá su correlato en la libertad de expresión. La voluntad de aniquilamiento del otro y el discurso único hoy observable en medios y televisiones del área popular pueden muy bien convertirse en instrumentos de una política de Estado.
