El PP gasta 64.000 euros de fondos públicos en su guerra en Emarsa

La justicia determinará en su momento la monumental factura de dinero público que significó la rapiña de Emarsa, la sociedad dedicada a la depuración del agua de Valencia que fue saqueada hasta llevarla a la quiebra con un agujero de 17 millones de euros. Un caso que ha salpicado a varios cargos del PP y en el que dos de ellos están imputados por supuesta malversación de fondos públicos, estafa continuada y delitos societarios: Enrique Crespo, alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia; y Esteban Cuesta, dirigente del PP de la ciudad de Valencia.

Lo que sí se puede cuantificar a estas alturas es lo que les ha costado a las arcas públicas la guerra interna que dicho partido está librando con la depuradora como campo de batalla. A un lado, el alcalde de Manises apoyado por el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus. Al otro, el PP de Valencia, controlado por Rita Barberá. El continuo cambio de abogados (tres bufetes en menos de un año), en función de qué facción del PP estuviera al frente del ente público del que dependía Emarsa, han supuesto el pago de 64.597 euros.

Uno de los letrados ha actuado en el mismo caso como acusación y defensa

La dirección que ahora domina Barberá solicitó imputar a Crespo

La historia empieza el 3 de noviembre de 2010. Ese día, Emshi, la entidad pública de saneamiento del agua controlada por el PP y propietaria de Emarsa, presentó una querella por el saqueo de la sociedad de depuración. Emshi estaba presidida entonces por el alcalde de Manises, que había sido también presidente y consejero delegado de Emarsa hasta su liquidación y que ahora está imputado por el desfalco en la sociedad. Emshi presentó la querella después de que los socialistas hubiesen denunciado el caso a la fiscalía.

El bufete que representaba a Emshi era Aznar y Mondéjar. El despacho redactó una dura ampliación de la querella en la que solicitaba, entre otras cosas, prisión provisional sin fianza para el exgerente y el ex director financiero de Emarsa, Esteban Cuesta y Enrique Arnal, respectivamente.

El entonces presidente de Emshi y hoy todavía alcalde de Manises, Enrique Crespo, no pareció satisfecho con la ampliación de la querella. Dejó pasar el tiempo sin firmarla y finalmente, el 18 de enero de 2011, despidió al bufete Aznar y Mondéjar (al que pagó 33.697 euros) y encargó llevar el caso al abogado José Antonio Prieto Palazón.

Crespo justificó el cambio en el hecho de que Prieto Palazón (que había representado previamente al portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco) estaba "especializado en materia penal".

Prieto Palazón (que pidió 30.900 euros de adelanto) presentó la ampliación de la querella. Eliminó la petición de prisión para el exgerente y el ex director financiero; y pidió imputar al secretario de Emarsa y a los auditores. Las fuentes jurídicas consultadas consideran que el alcalde de Manises pretendió así cargar a los técnicos toda la responsabilidad por el saqueo de Emarsa para alejar la suya. El juez que instruye el caso rechazó, sin embargo, imputar a los auditores y al secretario, que declarará como testigo.

Pasaron las elecciones municipales. El sector del PP más cercano a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que tradicionalmente ha dominado tanto Emarsa como Emshi, se deshizo de Crespo como presidente de la entidad de saneamiento. Puso al frente a personas de su confianza. Despidió a Prieto Palazón y contrató al bufete Garrigues.

Una de las primeras decisiones de los nuevos abogados fue precisamente solicitar la imputación de Crespo. A continuación, el alcalde de Manises eligió como abogado defensor... a Prieto Palazón. El letrado ha actuado de ese modo en el mismo procedimiento como acusación y, sin el permiso de esta (es decir, de la Emshi), como defensa. Ello, según las fuentes, podría acarrearle consecuencias penales. El artículo 467 del Código Penal castiga conductas similares con la inhabilitación.