Obras empantanadas en Vila-real

Cada semana los miembros del club de natación de Vila-real se trasladan hasta Castellón para poder nadar en una piscina. No es que en su localidad no haya una instalación acorde a sus necesidades. Al contrario. El pasado 6 de junio, una semana antes de finalizar la anterior legislatura, el entonces presidente del Consell, Francisco Camps, inauguró el Centro de Tecnificación Deportiva: un complejo de 18.000 metros cuadrados con pabellón cubierto para 4.000 espectadores, residencia de estudiantes para medio centenar de deportistas de alto rendimiento y una piscina cubierta de ocho calles y 25 metros. El centro, en el que la Generalitat ha invertido 26 millones de euros, lleva cuatro meses inutilizado, pero al Ayuntamiento llegan las facturas del gas y de la luz porque aunque nadie la utilice, la piscina lleva meses con agua climatizada.

Esta instalación se ha convertido en uno de los principales caballos de batalla del nuevo equipo de gobierno municipal de Vila-real, encabezado por el socialista José Benlloch, que ya lo ha definido como un "muerto heredado" de la anterior etapa. A pesar de la inauguración, la Generalitat aún no ha recepcionado las obras y el Ayuntamiento ya ha amenazado con paralizar la cesión gratuita del suelo a la Consejería de Cultura y Deportes si antes no firma una declaración en la que se asegure su uso público.

"No vamos a tolerar que el Centro de Tecnificación Deportiva se privatice y que no puedan disfrutar de él los vecinos de Vila-real", advierte Benlloch. El alcalde ha manifestado su intención de paralizar el proceso si no se atiende esta demanda. De lo contrario, dice, "la Generalitat tendrá que comprar los terrenos si quiere ponerlo en marcha".

El equipo de gobierno teme que las manifestaciones de Camps y del entonces consejero en funciones Alejandro Font de Mora sobre la utilización del complejo por deportistas de élite (pero también, por los vecinos) caigan en saco roto porque la nueva consejera de deportes, Lola Johnson, no ha contestado a las reiteradas peticiones de una reunión urgente para aclarar cómo se va a gestionar. "No queremos que pase algo parecido a lo que ha sucedido con el Palau de Justícia, que por no pagar y acabarlo cuando tocaba vamos a tener problemas de mantenimiento y para retomar el proyecto", dice el alcalde.Y es que el Palau de Justícia es otro de esos "muertos heredados" a la espera de solución. Las obras se iniciaron en 2008 y tras varias paralizaciones por los problemas económicos de la adjudicataria el proyecto está en abandono y la empresa se vio obligada en verano a acondicionar el recinto. En diciembre cumplirá un año desde la última paralización.

Después de que el Ayuntamiento de Vila-real exigiera una solución, el Consell está ahora "a la espera" de que Becsa, la adjudicataria, presente el escrito de alegaciones necesario para que la Consejería de Justicia apruebe el expediente de resolución del contrato. El Palau de Justícia se adjudicó por el conocido método alemán, que comprometía a la empresa a adelantar la inversión de 10 millones y, una vez entregada la obra, la Generalitat lo devolvería con un plan de pagos.

"Con la resolución queremos que cedan la titularidad de la obra que han dejado en un 30% para volver a licitar el 70% que queda", indican desde la consejería, que prevé que el escrito de alegaciones llegue la próxima semana y licitar la obra antes de fin de año.

Otra obra que el Consell tiene que volver a contratar es la reivindicada ronda suroeste de Vila-real después de que hace más de un año la adjudicataria quebrara. La obra requiere casi siete millones de inversión. Pero el caso más llamativo es el de la conocida como biblioteca sin libros, inaugurada el pasado mes de abril sin la debida dotación. El Ayuntamiento reclama al Consell el pago de los 2,3 millones que adelantó y que corresponden pagar al Gobierno valenciano y estudia posibles salidas a la instalación, ya que no se presupuestó el coste del traslado de 60.000 volúmenes ni se tuvo en cuenta la necesaria contratación de personal.