Los fiscales discrepan en los robos de bebés

Los afectados por los casos de bebés robados en Andalucía hablan de suerte cuando se les pregunta por la evolución de sus denuncias. En Málaga y Cádiz alaban el apoyo y la constancia de sus fiscalías. En Granada recelan de la facilidad con la que los representantes del Ministerio Público dan carpetazo por falta de pruebas. El pasado marzo, la Fiscalía General del Estado pidió a los responsables provinciales que fueran hasta el final de los asuntos, pero no todos los fiscales tienen el mismo criterio.

En Málaga no hay archivos. Su fiscalía estudia minuciosamente 79 casos y los juzgados tramitan denuncias directas de otros siete. Cuentan con el trabajo de una inspectora del Cuerpo Nacional de Policía liberada para la que han pedido refuerzos materiales y humanos. El fiscal jefe malagueño, Antonio Morales, es un firme defensor del estudio detallado de cada expediente. "Siempre tuvimos clara la postura de investigar. Son casos muy difíciles, pero se está haciendo un trabajo muy bueno", explica. Morales se ha reunido esta semana con la investigadora y alaba, con mucha prudencia, los resultados de las pesquisas. "Se ven elementos sospechosos. Hay personas que coinciden", adelanta.

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En Cádiz, el Ministerio Público se ha alineado con los afectados

Cádiz es la provincia andaluza con mayor número de afectados. Su fiscalía trabaja con 200 denuncias y hay una veintena de casos en los juzgados. "Cádiz fue un surtidor de bebés para toda España, hay elementos de la existencia de una trama", defiende Martín de la Herrán, abogado de la Asociación SOS bebés robados. Un solo cementerio llegó a registrar en dos meses, entre enero y febrero de 1981, 45 enterramientos, de los que 39 eran fetos.

SOS bebés robados ha contabilizado 300 familias afectadas en Cádiz. No todos han denunciado. Unos, por miedo a represalias, otros por no sufrir más. Entre las víctimas hay muchas mujeres mayores que sienten un temor reverencial por médicos y monjas. "Cuentan que antes, si se quejaban, las metían en el calabozo", afirma Rosario Herrera, portavoz de la asociación.

Ocho de los 20 procedimientos abiertos en los juzgados gaditanos se han archivado, todos por prescripción del delito. La fiscalía ha recurrió al menos cinco. En sus tres últimos recursos se ha alineado con los afectados para alegar que los delitos de detención ilegal y falsedad documental seguirán vigentes hasta que no se reparen, es decir, hasta que los niños afectados sepan que fueron sustraídos.

En Granada, la fiscalía ha archivado 32 de los 50 casos denunciados, principalmente por falta de documentación o pruebas. "En las denuncias no dimos todos los datos disponibles porque pensábamos que nos interrogarían o pedirían documentación", argumenta Ángela Sáez, coordinadora de Anadir Granada. Fuentes de la fiscalía aseguran que sí se ha pedido esa documentación, pero que no existe.

Sevilla ha archivado provisionalmente 25 casos del centenar que hay abiertos. "Las evidencias son débiles", asegura el fiscal coordinador de estos asuntos. Todos los casos se mantienen en una primera fase de investigación. Solo han prestado declaración las familias y aún no han llamado a ningún médico a declarar.

La fiscalía sevillana creó una pauta para que todos los casos se instruyeran de igual manera. Tras recopilar los datos de cementerios y registros civiles, han declarado las familias y han cruzado los datos para ver si el nombre de algún médico se repite. Cuando se decide archivar, envían un informe a las familias con los motivos y las diligencias efectuadas. "La policía investiga asunto por asunto. En algunos no se ha hallado ningún indicio y otros tienen más contundencia en las pruebas. De todos modos, nuestra intención es llegar al fondo", subraya el fiscal sevillano.

"No se puede olvidar que el objetivo número uno es encontrar a los niños", recuerda el abogado Martín de la Herrán. El papel de la fiscalía es clave para que los procedimientos sigan adelante, pero los afectados también reclaman la colaboración de juzgados, cementerios y hospitales implicados. "Puede haber casos que no sean bebés robados y que simplemente fallecieron, por eso pedimos que se investigue", añade De la Herrán.

Con información de Javier Martín-Arroyo, Marta Soler y Ginés Donaire.