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Los fiscales discrepan en los robos de bebés

La evolución de los casos depende de la provincia en la que se denuncie - Granada acuerda 32 archivos por falta de pruebas y Málaga pide refuerzos para investigar

Los afectados por los casos de bebés robados en Andalucía hablan de suerte cuando se les pregunta por la evolución de sus denuncias. En Málaga y Cádiz alaban el apoyo y la constancia de sus fiscalías. En Granada recelan de la facilidad con la que los representantes del Ministerio Público dan carpetazo por falta de pruebas. El pasado marzo, la Fiscalía General del Estado pidió a los responsables provinciales que fueran hasta el final de los asuntos, pero no todos los fiscales tienen el mismo criterio.

En Málaga no hay archivos. Su fiscalía estudia minuciosamente 79 casos y los juzgados tramitan denuncias directas de otros siete. Cuentan con el trabajo de una inspectora del Cuerpo Nacional de Policía liberada para la que han pedido refuerzos materiales y humanos. El fiscal jefe malagueño, Antonio Morales, es un firme defensor del estudio detallado de cada expediente. "Siempre tuvimos clara la postura de investigar. Son casos muy difíciles, pero se está haciendo un trabajo muy bueno", explica. Morales se ha reunido esta semana con la investigadora y alaba, con mucha prudencia, los resultados de las pesquisas. "Se ven elementos sospechosos. Hay personas que coinciden", adelanta.

Sevilla informa a las familias de las razones por las que dejan de investigar

En Cádiz, el Ministerio Público se ha alineado con los afectados

Cádiz es la provincia andaluza con mayor número de afectados. Su fiscalía trabaja con 200 denuncias y hay una veintena de casos en los juzgados. "Cádiz fue un surtidor de bebés para toda España, hay elementos de la existencia de una trama", defiende Martín de la Herrán, abogado de la Asociación SOS bebés robados. Un solo cementerio llegó a registrar en dos meses, entre enero y febrero de 1981, 45 enterramientos, de los que 39 eran fetos.

SOS bebés robados ha contabilizado 300 familias afectadas en Cádiz. No todos han denunciado. Unos, por miedo a represalias, otros por no sufrir más. Entre las víctimas hay muchas mujeres mayores que sienten un temor reverencial por médicos y monjas. "Cuentan que antes, si se quejaban, las metían en el calabozo", afirma Rosario Herrera, portavoz de la asociación.

Ocho de los 20 procedimientos abiertos en los juzgados gaditanos se han archivado, todos por prescripción del delito. La fiscalía ha recurrió al menos cinco. En sus tres últimos recursos se ha alineado con los afectados para alegar que los delitos de detención ilegal y falsedad documental seguirán vigentes hasta que no se reparen, es decir, hasta que los niños afectados sepan que fueron sustraídos.

En Granada, la fiscalía ha archivado 32 de los 50 casos denunciados, principalmente por falta de documentación o pruebas. "En las denuncias no dimos todos los datos disponibles porque pensábamos que nos interrogarían o pedirían documentación", argumenta Ángela Sáez, coordinadora de Anadir Granada. Fuentes de la fiscalía aseguran que sí se ha pedido esa documentación, pero que no existe.

Sevilla ha archivado provisionalmente 25 casos del centenar que hay abiertos. "Las evidencias son débiles", asegura el fiscal coordinador de estos asuntos. Todos los casos se mantienen en una primera fase de investigación. Solo han prestado declaración las familias y aún no han llamado a ningún médico a declarar.

La fiscalía sevillana creó una pauta para que todos los casos se instruyeran de igual manera. Tras recopilar los datos de cementerios y registros civiles, han declarado las familias y han cruzado los datos para ver si el nombre de algún médico se repite. Cuando se decide archivar, envían un informe a las familias con los motivos y las diligencias efectuadas. "La policía investiga asunto por asunto. En algunos no se ha hallado ningún indicio y otros tienen más contundencia en las pruebas. De todos modos, nuestra intención es llegar al fondo", subraya el fiscal sevillano.

"No se puede olvidar que el objetivo número uno es encontrar a los niños", recuerda el abogado Martín de la Herrán. El papel de la fiscalía es clave para que los procedimientos sigan adelante, pero los afectados también reclaman la colaboración de juzgados, cementerios y hospitales implicados. "Puede haber casos que no sean bebés robados y que simplemente fallecieron, por eso pedimos que se investigue", añade De la Herrán.

Con información de Javier Martín-Arroyo, Marta Soler y Ginés Donaire.

El síndrome del adoptado: un paso adelante y 20 atrás

La mayoría de las personas que buscan a los bebés robados son mujeres. "Madres o hermanas, hay algún caso de padres pero muy pocos, ellos lo vivieron de otra manera", considera Rosario Herrera, voz de la asociación SOS bebés Robados de Cádiz. Rosario a la que todos llaman Chary busca a su hermana, nacida en 1975, un año antes que ella. Su caso se archivó este verano por prescripción del delito. Lo ha recurrido, pero no se encomienda sólo a los juzgados.

Se ha paseado por numerosos platós de televisión contando su historia. "A los 15 años mi madre me dijo: 'Si ves por la calle a una chica parecida a ti, y tiene un antojo marrón en el muslo, es tu hermana'. Entonces me enteré de sus sospechas". Alguien que la vio en televisión le ha hecho llegar información de una mujer que podría ser ella. "Me ha mandado una foto y se parece mucho. El problema es que parece tener el síndrome del adoptado, da un paso adelante y 20 para atrás", explica.

Denuncias fiscales y casos abiertos

- Cádiz es la provincia con más afectados. La fiscalía ha recibido información de 200 casos. Los jueces instruyen una veintena de procedimientos. Ha habido ocho archivos, seis se han recurrido.

- Del centenar de casos de bebés robados de Sevilla, 90 están en manos de la fiscalía y otros 10 en juzgados. El Ministerio Público ha cerrado unos 25.

- 32 de los 50 casos abordados por la fiscalía de Granada se han dejado de investigar por falta de pruebas.

- La fiscalía de Málaga trabaja con 79 denuncias. Los juzgados estudian otros siete casos. No hay archivos.

- El fiscal jefe de Huelva ha remitido al juzgado seis de las 39 denuncias recibidas, todavía quedan sin revisar 29 casos.

- Córdoba ha archivado tres de las 14 denuncias recibidas por el Ministerio Público.

- En Almería la fiscalía ha archivado las dos denuncias recibidas y en Jaén, tres de los cuatro casos conocidos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 30 de octubre de 2011

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