Tratamiento de choque

La encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre indica que la economía española puede entrar de nuevo en una fase recesiva, quizá en el cuarto trimestre de 2011. Los resultados de la encuesta resultan mucho más estremecedores si se tiene en cuenta que los analistas suponían que entre junio y septiembre, un trimestre que no suele ser malo en términos laborales, había esperanzas de una tímida creación de empleo. No ha sido así. El paro aumentó en 144.000 personas, que es prácticamente el número de empleos destruidos, puesto que la población activa no ha registrado movimientos de consideración. El número de parados es de 4.978.300 (5.095.200, según el dato que maneja Economía una vez eliminado el efecto estacional), y esta catástrofe laboral sitúa en estado de shock a la sociedad española. España está peor que en 2009. No es de extrañar que el Gobierno y todos los partidos políticos concluyan con rara unanimidad que la situación del mercado laboral es insostenible.

Pero es que la destrucción de empleo y el aumento del paro continuarán previsiblemente durante los próximos dos trimestres. La pérdida de ocupación en el tercer trimestre se explica por la recaída de la economía española en un contexto de deterioro internacional e inestabilidad financiera. El empleo en el sector público ha aumentado menos que en otros terceros trimestres por efectos de los recortes aplicados por las Administraciones. El único sector que podría contrarrestar el desbordamiento del paro con una mínima creación de empleo, que es la industria, quizá no pueda hacerlo durante los próximos meses por las mismas razones: el empeoramiento de las condiciones económicas internas y externas. Con el mercado de trabajo en una crisis tan profunda, la probabilidad de recesión se convierte prácticamente en certeza. No hay un solo factor económico que empuje a favor de una reactivación de la economía. Con tantas condiciones en contra, la cumbre de Bruselas se inventó una más. Porque la exigencia de recapitalización de la banca española difícilmente va a facilitar la normalización del flujo del crédito.

La crisis laboral está a un paso de convertirse en una crisis social. Con casi cinco millones de parados y 1,4 millones de hogares con todas las personas desempleadas se hacen imprescindibles reformas profundas. No bastará con simples recortes de impuestos. El estado de shock requiere un tratamiento de shock; y no puede ser otro que políticas masivas de estímulo del consumo y la inversión. Por otra parte, la solvencia de la deuda exige políticas de restricción fiscal. Pero, como mencionó ayer el candidato socialista Pérez Rubalcaba, esta situación no se supera solo con ajustes. El Estado debe obtener recursos para incentivar la economía incluso en una fase de recorte del gasto. Esta es la tarea, nada fácil, que aguarda al próximo Gobierno.